Este domingo saltaba la noticia. Daniel Esteve, propietario de Desokupa, informaba a través de la red social X —antes Twitter— de que a partir de septiembre comenzará a impartir una formación a "miles" de agentes de la Policía Nacional. Serían unos 30.000. Lo hará en virtud de un acuerdo alcanzado con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el segundo más votado en las elecciones de 2023. Se trata de un movimiento que ha puesto en alerta tanto a otros sindicatos, como a la práctica totalidad de las fuerzas políticas de izquierda en el Congreso de los Diputados, que condenan enérgicamente un acuerdo que consideran que va en la dirección opuesta de erradicar el problema de la violencia y el racismo policial en España.

Las empresas de desokoupación han proliferado mucho en los últimos años y han sido protagonistas de extremas campañas de acoso contra inquilinos, desencadenando, en no pocos momentos, tensos episodios con personas pertenecientes a los movimientos sociales. En junio, la empresa de Esteve tuvo un altercado con miembros del movimiento okupa que protestaban, en el centro de València, contra la turistificación de Ciutat Vella y la conversión de la escuela de San Nicolás en un hotel. La propia empresa Desokupa recibió una condena, también en junio aunque en el marco de otro caso, por publicar imágenes de un activista contra los desahucios sin su consentimiento.

En Sumar ven inadmisible el hecho de que Esteve, fundador y cara visible de la que es la principal empresa de desalojos extrajudiciales, vaya a formar a agentes de la Policía Nacional. "Una banda escuadrista de extrema derecha dando cursos de formación que puntuarán para miles de policías nacionales", criticó en Twitter Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de los de Yolanda Díaz. Además, informó de que el Grupo Plurinacional había registrado una serie de preguntas por escrito al Ministerio del Interior para que actúe contra "la infiltración ultraderechista en las fuerzas y cuerpos de seguridad".

De hecho, Interior ya ha avisado de que los cursos que impartirá Desokupa no son homologables y "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía". 

Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), también en conversación con Público, tachan de "escandaloso" que "un cuerpo público de seguridad, con presunta vocación de servicio público para toda la ciudadanía, se alinee con una organización abiertamente racista y xenófoba". Los republicanos han solicitado la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska para dar explicaciones sobre el asunto, tal y como ha adelantado este medio. Podemos, por su parte, registró una ley para perseguir a las empresas de desokupación. Su líder, Ione Belarra, ha insistido en X en que se trata de "una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España, tal y como hemos propuesto en reiteradas ocasiones en el Congreso".

Los morados ya habían registrado leyes parecidas en la Cámara Baja otras veces, pero esta última la presentaron justo después de que la sede del Sindicato de Inquilinas de Tenerife fuera atacada y terminara ardiendo y totalmente destruida a principios de verano. La autoría de los daños no está clara todavía, pero desde la plataforma señalan que "solo tienen unos enemigos confesos", en referencia a una empresa de desokupación, Ez Property Solutions, que antes de los ataques habría proferido insultos y amenazas contra el colectivo.

Con todo, hay unidad entre las izquierdas del Congreso de los Diputados con la necesidad de poner pie en pared para frenar la acción de este tipo de empresas y también su discurso, que el diputado de EH Bildu Oskar Matute calificó de "filofascista".

Preocupante historial de la Policía

El acuerdo entre el SUP y la empresa de Esteve llega en un momento en el que varios casos de violencia policial han puesto en primer plano tanto ese problema —el de las actuaciones policiales desproporcionadas—, como el comportamiento de la Justicia en los casos en los que están involucrados agentes, las infiltraciones de policías en movimientos sociales o el racismo dentro del Cuerpo. Según un estudio de la Universitat de València, las personas migrantes tienen tres veces más posibilidades de ser paradas en la vía pública que el resto de la población.

Es muy destacado el caso de los 'seis de Zaragoza', que siguen en prisión condenados a cuatro años y nueve meses por desórdenes públicos, lesiones a varios policías y atentado contra la autoridad en una manifestación en la capital aragonesa contra la extrema derecha. No sirvieron de nada los recursos que presentó su defensa. En la otra cara de la moneda, la denuncia de la joven que perdió un ojo a causa del disparo de un proyectil de foam por parte de los Mossos d'Esquadra cayó en saco roto. El juzgado de Barcelona que instruyó la causa terminó archivándola y justificando la actuación de los antidisturbios. Argumentó, además, que la mujer "merecía cargar con las consecuencias", tal y como ya contó Público.

En el plano político, destacan los procesos judiciales abiertos contra el exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez e Isa Serra, actualmente eurodiputada por la formación morada. A ambos se les condenó por distintos altercados que tuvieron lugar durante sendas manifestaciones. Después de muchos meses, el Tribunal Constitucional terminó por dar la razón a Rodríguez, aunque ya había tenido que abandonar su escaño en el Congreso. Isa Serra tuvo que terminar pagando una multa para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiera su condena. El Tribunal también se demoró en aclarar el final de su inhabilitación para presentarse a unas elecciones, pero finalmente reconoció su error y en abril de 2023 declaró que ya se encontraba libre también de esa pena.

Otro capítulo muy delicado que también afecta a la Policía tiene que ver con las infiltraciones en los movimientos sociales. Más allá de las disquisiciones morales y legales que puede despertar el mero hecho de infiltrar a un agente en una asociación o entidad social, en España se han dado casos de agentes que, bajo una identidad ficticia, han mantenido relaciones sexuales con activistas. Es el caso, por ejemplo, del agente Daniel Hernández, que, tal y como desvelaron varios medios de comunicación, se infiltró en La Cinètika, una entidad social de Barcelona, y mantuvo relaciones sexuales con varias mujeres vinculadas a la asociación. Recibió una denuncia.

Así, la polémica del acuerdo entre el Sindicato Unificado de la Policía y Desokupa se suma a las ya existentes dentro de los distintos cuerpos de policía. Varios grupos parlamentarios han movido ficha y no se descartan nuevas iniciativas. Incluso el exdiputado y exministro socialista —ahora en el Grupo Mixto— José Luis Ábalos ha registrado varias preguntas por escrito para instar al Gobierno a "tomar cartas en el asunto" y analizar "el alcance de la infiltración de la extrema derecha dentro de los servicios de seguridad del país".