La izquierda consuma en cinco años una subida histórica del SMI de casi el 50%

Entre Magdalena Valerio y Yolanda Díaz hay siete subidas del salario mínimo interprofesional por un valor de 344 euros (un 47%), desde los 735 euros que se pagaban en 2018 hasta los 1.080 euros que se van a pagar en 2023 cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a la última subida, acordada este martes entre el Gobierno y los principales sindicatos. 

Las dos ministras de Trabajo han protagonizado importantes acuerdos para lograr una subida histórica de los salarios más bajos hasta situarlos en el 60% del salario medio, como fija la Carta Social Europea. Valerio, durante la corta legislatura del PSOE en solitario, cuando Pedro Sánchez le ganó la moción de censura a Mariano Rajoy, subió el SMI de 735 a 900 euros después de firmar un acuerdo parlamentario con Unidos Podemos.

Díaz, alcanzando seis acuerdos en el diálogo social en menos de cuatro años (muchos de ellos con la firma de la CEOE) para que el salario mínimo pasara de los 900 hasta los 1.080 euros. Este mismo martes tuvo lugar el último pacto de un diálogo social del que la vicepresidenta segunda ha hecho su fortín durante la legislatura.

Con más de una quincena de acuerdos en diferentes ámbitos, las subidas del SMI son algunos de los más relevantes tanto para la ministra como para las organizaciones sindicales, por el poder del salario mínimo como instrumento útil para reactivar el consumo y la economía, y para ayudar a cerrar brechas salariales entre géneros y generaciones. 

El primer acuerdo de Díaz como ministra de Trabajo fue, precisamente, la subida del SMI de 900 a 950 euros a principios de 2020, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Su equipo y los de los sindicatos y patronales lo celebraron con una comida en la que se sirvió pulpo empanado, un sacrilegio para buena parte de un departamento ministerial que habla gallego, pero que entendió que la ocasión lo merecía.

El acuerdo cerrado este martes entre Trabajo, CCOO y UGT no es muy distinto de otros que se han dado en el diálogo social; de hecho, tenía buena parte de los elementos de los guiones que ya se habían representado antes, en mayor o menor medida, en negociaciones como las de las prórrogas de los ERTE, la reforma laboral o el resto de subidas del SMI.

Se cumplió con la ya tradicional tensión entre Trabajo y Economía, entre Calviño y Díaz, aunque esta vez de manera mucho más soterrada y discreta, como le gusta llevar las cosas a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Economía trasladó en el seno del Ejecutivo que para subir el SMI era necesario alcanzar un acuerdo con todas las partes, incluso con una patronal cuya propuesta se revelaba como inamovible y muy alejada de los postulados de los sindicatos y de la propia Díaz.

Para la vicepresidenta segunda, ligar un acuerdo de manera obligada a la concurrencia de todas las partes siempre ha supuesto, de facto, conceder capacidad de veto a la parte que no busca acordar, sino imponer. Su postura triunfó también en esta ocasión tras acordarlo Díaz directamente con el presidente del Gobierno (que fue finalmente el que se encargó de anunciarlo), aunque no se ha producido, ni de lejos, una batalla con Economía como la que tuvo lugar en anteriores negociaciones del SMI o en la reforma laboral.

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También el suspense se mantuvo en el guion. Trabajo convocó a patronales y sindicatos a una reunión el martes por la mañana para cerrar un acuerdo que se antojaba, más o menos, fácil tras de conocer que la patronal se había borrado de las conversaciones. Sin embargo, pocas horas después de que comenzara la mesa de diálogo, se paralizaron las negociaciones (dirigidas por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y los principales negociadores de UGT y de CCOO) y Díaz llamó a los secretarios generales de los sindicatos para resolverlo directamente con ellos.

La espantada de la patronal

Fue en esa reunión al máximo nivel en la que se decidió subir 80 euros el salario mínimo, un encuentro del que no trascendió nada hasta pasadas las 16.00 horas, cuando varios kilómetros lejos del Ministerio de Trabajo, en el Senado, el presidente del Gobierno anunciaba el acuerdo del diálogo social durante un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

Sí que faltó un elemento que había sido clave en otros guiones del diálogo social: la patronal. Los de Antonio Garamendi se ausentaron de las dos reuniones del martes y simplemente remitieron su propuesta por escrito, sin dar pie a un debate que sí se había producido en otras ocasiones. La actitud del empresariado ha ido variando en los últimos meses desde una colaboración estrecha con el resto de interlocutores hasta la desaparición casi total del diálogo social.

"No se trata solo de que apoyen este acuerdo, u otros, algo que no tienen por qué hacer si no lo creen conveniente; pero no venir a las reuniones es una falta de respeto al diálogo social", comenta una persona conocedora de estas conversaciones. Los sindicatos advirtieron este mismo martes a la CEOE de que "si esto solo va de acudir a la reuniones cuando se suelta dinero público a espuertas a las empresas pero no para subir salarios, no vale".

La patronal ya se había descolgado del anterior acuerdo, en febrero de 2022, que situó el SMI en 1.000 euros, pero al menos participó del debate y en las conversaciones hasta el final. Las principales organizaciones sindicales calculan que esta subida afectará a alrededor de 2,5 millones de personas e irá "directamente a la vena de las trabajadoras y trabajadores que menos tienen".