Interior se niega a aportar las actas policiales de la manifestación nazi en Chueca y reitera que fue un acto legal

La movilización ultraderechista que el pasado 18 de septiembre recorrió el barrio de Chueca no despertó ningún tipo de sospecha previa en las oficinas del Gobierno. En una respuesta parlamentaria enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Ejecutivo vuelve a aferrarse al "derecho de reunión pacífica" para alegar que no había ningún elemento sobre la mesa que llevase a prohibir ese acto, en el que se lanzaron consignas homófobas.

"La citada manifestación, en la que participaron en torno a 200 personas, se inició a las 17:00 en la Plaza de Chueca, de Madrid, y discurrió por la Calle Barbieri, la Calle de Augusto Figueroa, la Calle de San Bartolomé, la Plaza de Pedro Zerolo, la Calle del Clavel, la Calle Gran Vía, la Plaza de Callao, la Calle del Carmen y concluyó en la Puerta del Sol a las 19:00", describe el Gobierno en su respuesta. 

Señala además que "los convocantes eran A.A.C., en representación de la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y A.R.P., en representación de la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamarín y Hortaleza". En cuanto al objeto  de la convocatoria, señala que "de acuerdo con la comunicación remitida por los convocantes el lema era 'Di no a las agendas 2030-2050'".

"No concurría, por lo tanto, motivo ni informe alguno en el  expediente que facultara a la adopción de decisión alguna relativa a la prohibición del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 21 de la Constitución",  sostiene el Gobierno.

Sin embargo, la respuesta no aclara todos los puntos solicitados por Iñarritu. Entre otras cosas, el diputado de EH Bildu había solicitado conocer "qué recogió el acta policial sobre la manifestación" o si la Policía Nacional "intentó en algún momento" de la movilización "impedir la difusión de mensajes de odio". Esos asuntos quedaron sin respuesta.

"No hubo contacto alguno"

Pocos días después de la manifestación homófoba –que despertó un amplio rechazo político y social–, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, sostuvo que los antidisturbios de la Policía Nacional habían optado por no disolver la movilización para evitar una "batalla campal". Admitió además que conocía la ideología neonazi de los promotores, ligados desde hace ya varios años al ambiente ultraderechista. 

En la respuesta remitida ahora a Iñarritu, Interior asegura que en los días previos a la manifestación "no se produjo contacto alguno de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid con los convocantes".

De acuerdo a las informaciones conocidas entonces, la Policía Nacional incautó palos, bengalas y hasta un puño americano entre los manifestantes, por lo que decretó multas de 800 euros cada una para seis de ellos. Además, se decretaron  sanciones administrativas de 600 euros para los dos neonazis que figuraban como convocantes del acto. En ese contexto, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias en torno a este caso por la posible comisión de un delito de odio.