Rabat está pendiente de Luxemburgo. En cuestión de semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre el recurso formulado por el Frente Polisario contra el acuerdo pesquero con Marruecos, que permite la explotación de las aguas del Sáhara Occidental en beneficio del reino alauí. No será el primer dictamen de este tipo, pero sí uno de los más trascendentales: la reciente crisis migratoria generada por Marruecos fue solamente un aviso de lo que puede ocurrir si los tribunales vuelven a dar la razón al pueblo saharaui. 

"Se trata de uno de los elementos de trasfondo de la crisis actual entre Marruecos y España", afirma desde Bruselas Oubi Bucharaya, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea. El diplomático saharaui se muestra optimista, al tiempo que advierte sobre la posible respuesta de Mohamed VI: los últimos episodios vividos en Ceuta, destaca Bucharaya, "muestran el tipo de reacción que Marruecos puede poner en marcha" si el TJUE vuelve a pronunciarse en contra de la explotación económica de los territorios ocupados –incluyendo sus aguas– por parte de Rabat.

Según cifras de la Unión Europea citadas por el portal EC Saharaui, Marruecos exportó en 2019 "pescado, tomates y melones del Sáhara Occidental a Europa por valor de 434 millones de euros". De esta manera, el reino obtiene beneficios económicos de los territorios ocupados, una cuestión que choca frontalmente con el derecho internacional. 

Un año antes, el TJUE había emitido una resolución que amparaba el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, aunque advertía que quedaban excluidas las aguas adyacentes al Sáhara Occidental. "El Abogado General de ese tribunal remarcó en sus conclusiones de 2018 que el acuerdo de pesca violaba el derecho internacional y atentaba contra el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, al tiempo que la UE estaba reconociendo, aunque lo negase, la ocupación del territorio", destaca Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco y presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos(AIODH).

Estas conclusiones no fueron mencionadas por el TJUE, que se limitó a establecer que a partir de esa sentencia, los acuerdos con Marruecos solo serían acordes con el derecho internacional si contaban con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. "La Comisión Europea envió entonces un equipo de personalidades a los territorios ocupados para entrevistarse con asociaciones de colonos en el territorio, tras lo cual hicieron un informe en el que aseguraban que tenían el 'consentimiento' del pueblo del Sáhara porque todas las asociaciones excepto una, el Frente Polisario, estaban de acuerdo con su aplicación", relata Soroeta, quien incide en un aspecto clave: "Son precisamente los colonos los que trabajan en la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental".

Tras dar por superado ese requisito, el Consejo de Europa llevó el acuerdo comercial al Parlamento Europeo, que votó a favor y permitió así que se estableciese su entrada en vigor. El Frente Polisario formuló un recurso contra esa decisión, y ahora la pelota está en el tejado del TJUE. "Para dar por bueno los acuerdos, el Tribunal tendrá que establecer que la opinión de los colonos equivale a la de la población saharaui, algo que es una auténtica barbaridad", resume Soroeta.

En esa línea, el profesor de la UPV subraya que "la presencia de los colonos en los territorios ocupados es ilegal, pues viola los convenios de Ginebra que prohíben expresamente el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado". 

"Pulpo y gamba"

En un informe redactado en febrero pasado, la Oficina Económica y Comercial de España en Rabat alude precisamente a esos acuerdos, obviando que su futuro está en realidad en manos del TJUE. "El sector pesquero se caracteriza por una apertura cada vez mayor, que se hace patente a través de la creación de sociedades mixtas tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva como a la industria conservera, de congelación, etcétera", destaca el documento. 

En tal sentido, señala que "los productos pesqueros marroquíes entran sin pagar aranceles a la UE tras la entrada en vigor del Acuerdo UE-Marruecos de productos agrícolas y de la pesca de octubre de 2012". "A finales de julio 2018 se ha firmado un nuevo Acuerdo pesquero por un período de cuatro años, cuyos beneficios se extienden ya a las poblaciones del Sáhara Occidental. El acuerdo incluye cuotas pesqueras sobre determinadas especies, entre las que se encuentran el pulpo y la gamba", señala en alusión al tratado comercial que ahora analiza el Tribunal de Justicia europeo. 

"El Gobierno español se instala en su afán de defender el acuerdo pesquero como una buena opción tanto para España como para la población saharaui", lamenta el representante del Frente Polisario en Bruselas, quien augura precisamente que la sentencia "dejará claro que no hay ningún marco jurídico para que sigan operando en el Sáhara Occidental".

Socio principal

El estudio de la Oficina Económica y Comercial del Gobierno español en Rabat remarca que la UE "es el principal socio comercial de Marruecos". España ocupa el primer lugar del ranking: las exportaciones realizadas por este país "suponen el 37% del total UE". Le sigue Francia, con un 20,8% del total exportado desde Europa. 

"Una vez anulados los acuerdos ya no habrá ningún marco jurídico que justifique o proteja a las empresas europeas y sus actividades en el Sáhara, porque es un territorio ocupado", afirma Bucharaya. En tal sentido, el diplomático saharaui sostiene que la sentencia marcará un hito en este largo conflicto. 

"Solemne obligación"

Sobre la mesa también está una reciente resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a los "intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos", situación en la que encaja el Sáhara Occidental. En un texto aprobado en diciembre pasado, la ONU reafirmó que "toda actividad económica o de otro tipo" que afecte negativamente "a los intereses de los pueblos de los Territorios No Autónomos y al ejercicio de su derecho a la libre determinación" resulta "contraria a los propósitos y principios enunciados en la Carta" de Naciones Unidas.

Del mismo modo, recordó la "solemne obligación que tienen las Potencias administradoras en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los Territorios bajo su administración y de proteger los recursos humanos y naturales de esos Territorios contra todo abuso". Ese párrafo apunta directamente a España, reconocida a día de hoy por la ONU como potencia administradora del Sáhara Occidental.