Inmatriculaciones de la IglesiaEl Gobierno abre la puerta a reclamar casi 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia, pero recuerda que son legales

El Consejo de Ministros ha visto este martes el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica entre 1996 y 2015 que la Vicepresidencia primera del Gobierno ha recopilado a través de los registros de la propiedad de todo el país. El resultado es de 34.961 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en ese periodo de casi 20 años, de las cuales 20.014  se corresponden con templos y dependencias complementarias afectas a objetivos armoniosos por la presencia de una confesión religiosa (destinada a fines de culto y educación católicos); y 14.947 inmatriculaciones que no tienen que ver con estos usos (viviendas, terrenos, parcelas...).

En este sentido, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha abierto la puerta a que el listado permita tanto a las administraciones públicas como a los particulares (personas físicas o jurídicas) reclamar inmatriculaciones si consideran que han sido parte afectada de las mismas, pero ha recordado que, en principio, serían legales. "Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa es que haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el presidente Aznar", ha explicado.

En 1996 el Ejecutivo del PP llevó a cabo una reforma en la ley hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar en propiedad bienes a través de una simple certificación eclesiástica (esta reforma posibilitó, por ejemplo, la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba y otros monumentos emblemáticos con un bajo coste para la Iglesia). 

En 2017 el PSOE impulsó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer un listado de estas inmatriculaciones para incluirlas en un registro que posteriormente debería ser remitido a la Cámara Baja. El Ejecutivo conservador puso en marcha los trámites, pero no fue hasta 2018 cuando finalizaron y el Gobierno pudo conocer este listado.

Finalmente se ha hecho público este martes, después de que el Consejo de Ministros lo haya aprobado y lo haya remitido al Congreso para cumplir con la iniciativa aprobada en el Congreso en 2017. "El mandato de 2017 mandataba al Gobierno a que se produjera este listado. No es fácil de conformar, pero finalmente ha sido hoy trasladado al Congreso", ha explicado Calvo, que ha destacado el "arduo" trabajo de los registros de la propiedad de todo el país para disponer de esta información.

La vicepresidenta ha avanzado que, una vez conocido el listado y cumplida la tarea que la Cámara Baja le asignó al Ejecutivo, "se podrá consultar a partir de ahora el origen de estas inmatriculaciones, lo que podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflicto sobre su titularidad".

La reforma de Aznar "se produce a la luz de una legalidad"

En este sentido ha añadido que estas eventuales reclamaciones podrán ser realizadas tanto por la Administración General del Estado (incluyendo el conjunto de administraciones autonómicas y locales) como por particulares (personas físicas o personas jurídicas). Respecto a la otra parte, también ha asegurado que "si la Iglesia considera que hay inmatriculaciones que puede resolver de oficio o va a defender su derecho a los tribunales frente a otra parte, es una decisión suya, una vez que es la institución religiosa que ha tenido la posibilidad legal de hacer esas inmatriculaciones".

Calvo ha recordado que estos registros se hicieron al amparo de una reforma que, pese a ser polémica, era legal. "Discrepando o no de lo que propició la reforma de Aznar, lo que es verdad es que se produce a la luz de una legalidad. Al Gobierno le compete dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le encomendó a Rajoy y que no cumplió".

La vicepresidenta también ha insistido en los diferentes tipos de bienes que se incluyen en el listado y cuáles pueden ser los más proclives de ser reclamados: "Hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación, y bienes que no tienen nada que ver con eso. Bienes protegidos bajo el paraguas de Patrimonio español y las leyes autonómicas de patrimonio histórico, que están afectos a un fin público y de utilidad social. En esas tipologías el espacio que ahora se abre cuando se tienen conocimiento de esos bienes será el que condicione la decisión de cada posibilidad y los que puedan estar sometidos a litigio".

Las inmatriculaciones, comunidad a comunidad