El independentismo, dividido en la interpretación de la confirmación de las inhabilitaciones de Junqueras y Turull

Indignación compartida e interpretación divergente. Así podría resumirse la reacción del independentismo a la revisión que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho de la sentencia del juicio del Procés y que se ha traducido en el mantenimiento de las inhabilitaciones hasta los años 2030 o 2031 para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

A grandes rasgos, ERC y Òmnium Cultural han puesto el foco en el alto tribunal y el partido ha denunciado que ha hecho "caso omiso" de la reciente reforma del Código Penal, que aparte de la supresión del delito de sedición reformó la malversación. Junts per Catalunya, en cambio, ha hecho como la ANC y ha arremetido justamente contra esta reforma legislativa, en una clara crítica a ERC y sus pactos con el Gobierno central.

El Supremo ha pasado a condenar a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa por un delito de desobediencia en concurso con la malversación, por lo que se les mantiene la inhabilitación para cargo público impuesta en la sentencia de octubre de 2019 -hasta el 2031 para Junqueras y Bassa y hasta 2030 para Turull y Romeva-, mientras que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han pasado a ser condenados por desórdenes públicos y Carme Forcadell, Josep Rull y Quim Forn por desobediencia. Los cinco últimos han visto cómo su pena de inhabilitación ha quedado extinguida.

Por parte de ERC, la respuesta la ha verbalizado la portavoz y secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta, para quien el Supremo ha cometido un "golpe a la democracia". A su juicio, la condena supone dejar "en papel mojado" el trabajo del legislador y hacer "caso omiso" a la reforma del Código Penal.

Para la dirigente de Esquerra, el sistema judicial español es "retrógrado" y está "supeditado a la derecha más extrema", además de "atentar contra el sistema democrático". Pese a celebrar que desaparezcan las inhabilitaciones de Forcadell, Rull, Forn, Sànchez y Cuixart, Vilalta ha añadido que la arbitrariedad del Supremo "facilitará" la defensa de los líderes independentistas desde los tribunales internacionales.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en cambio ha optado por criticar directamente la reforma del Código Penal, ya que a su juicio "el resultado es inverso a lo que se pretendía". Para el exconseller, uno de los afectados directamente por la sentencia, la reforma "sigue criminalizando al 1-O" y ha instado a ERC a "explicar" el acuerdo con el PSOE para realizar estos cambios legislativos. "Al PSOE ya le va bien, quien ha hecho los acuerdos con ellos son los que tendrán que explicarse", ha recalcado. A la espera de reunirse con su equipo de defensa, Turull ya ha avanzo que piensa recurrir la sentencia.

Fuera del independentismo, el líder de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha celebrado que "el Supremo confirma que la sedición no se ha sustituido por el nuevo delito de desórdenes públicos. Se ha derogado del Código Penal", al tiempo que ha lamentado que el tribunal "sigue frenando los avances políticos en el camino de la desjudicialización. No aplica la reforma de la malversación".

Òmnium apela a Europa, la ANC carga contra ERC

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha realizado una interpretación más cercana a la de ERC y ha comentado que "el Estado español sigue tildando de violencia el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, mientras renuncia a la democracia. Del Tribunal Supremo nunca hemos esperado nada y la lucha continúa en el TEDH [el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el órgano que resolverá en último término los recursos de los dirigentes independentistas condenados por el Supremo en el juicio del Procés]".

Muy distinta ha sido la reacción del ANC, para quien "la reforma del Código Penal solo ha servido para incrementar la represión contra el independentismo. De nada sirve pactar con quien vulnera persistentemente todos nuestros derechos y libertades. ¡Ningún pacto más con España por encarcelarnos!". 

Implícitamente el mensaje es una clara crítica hacia ERC, que negoció su reforma con el ejecutivo estatal.