Mónica Oltra, la que fue hasta su dimisión el pasado 21 de junio vicepresidenta del País Valencià, portavoz del Consell y consejera de Igualdad y Políticas, tendrá que declarar el próximo 19 de septiembre como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. 

¿Por qué se imputa a Oltra?

El exmarido de la expresidenta valenciana, Luis Eduardo Ramírez, fue condenado por abusar sexualmente de Teresa, una menor tutelada del centro de acogida de la Generalitat en el que trabajaba, entre 2016 y 2017. Se le condenó en 2021 a cinco años de prisión.

Oltra fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que el juez instructor, Vicente Ríos, le tomase declaración y poder así terminar con la instrucción. La querella que dio lugar a la causa por los presuntos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber fue establecida por la fundadora de Vox en el País Valencià, Cristina Seguí.

Seguí es también presidenta de Gobiérnate, la asociación que ha demandado a una docena de funcionarios y técnicos de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por haber, presuntamente, intentado proteger al educador. Otro de los implicados en esta denuncia es José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000.

Hace apenas una semana la menor denunciante, Teresa, aseguraba que sus mentores y abogados de extrema derecha le prometieron casa y trabajo y que, tras conseguir la dimisión de la exvicepresidenta valenciana, "la han dejado tirada".

Pero fue el informe de la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, del 3 de junio, el detonante de la dimisión forzada de Oltra apenas tres semanas después. Un informe demoledor por cuanto la descripción que hace del proceder de los servicios públicos dirigidos por Oltra.

La fiscal consideró que Oltra dictó una "orden verbal" para "desvirtuar la credibilidad de la menor", ingresada en un centro de acogida privado pero con concierto con la Generalitat. La joven, nacida en 2002, tenía 14 años cuando comunicó, en febrero de 2017, a una trabajadora social que un educador del turno de noche, Luis Eduardo Ramírez, abusaba de ella. Ese trabajador era el marido de Mónica Oltra en aquel momento, posteriormente se separaron.

La fiscal Gisbert describía en su escrito de más de 60 folios cómo ni desde el centro de acogida y desde la consellería que dirigía Oltra, con competencias en las tutelas de menores "se puso en conocimiento ni de la Policía, ni de la
Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia" los presuntos abusos, luego confirmados por la Justicia.

Luis Eduardo Ramírez fue apartado unos días pero posteriormente fue reincorporado a su trabajo, mientras la niña era evaluada por una psicóloga de la Sección del Menor de la Consellería de Igualdad, que determinó que no era verosímil su denuncia.

Apuntaba la fiscal al respecto que en el expediente interno del centro de acogida no constara el nombre completo del marido de Oltra, sólo Luis R. y añadía que "resulta difícilmente creíble que no lo pusieran en su conocimiento [de Mónica Oltra] desde el momento inicial, y tanto más, cuando además su marido fue suspendido temporalmente".

Cuatro meses de silencio

Cuatro meses después, la joven, aprovechando la presencia de dos agentes de Policía en el centro, les desveló que un trabajador había abusado de ella. "Un tal Luis, del cual no quiere decir más y del que le cuesta hablar por el temor
que éste le suscita, ya que tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una Consellería y que la misma sale por la tele". Los agentes comunicaron los hechos a su superior y la Fiscalía denunció a Luis Eduardo Ramírez.

Destacaba la fiscal que "es a partir de esta fecha cuando la cuestión sale del ámbito interno de la Consellería de Igualdad de la Generalitat Valenciana. Más de cuatro meses después de la comunicación de los hechos por la menor.
Hasta entonces nada supieron ni la Policía, ni la Fiscalía de Menores, ni la Administración de Justicia".

Una vez que desde el juzgado se dictaron medidas cautelares contra Luis Eduardo Ramírez, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordenó, el 8 de agosto de 2017, la apertura de un expediente informativo "para constatar, en su caso, la veracidad de los hechos y que se informe a esta Dirección General de las actuaciones realizadas". Mónica Oltra asegura que se enteró de los hechos el 4 de agosto de 2017.

Un expediente polémico

"Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más
bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades
a la Generalitat Valenciana y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor. Curiosamente, el expediente se concluyó considerando la Instructora que el testimonio de la adolescente no era creíble", constaba en el informe de la fiscal.

El escrito mencionaba una "idea directriz" que sería la "orden verbal" dada por Oltra a partir del momento en el que el caso se judicializa. "Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos (Autoridades, funcionarios y personas intervinientes) de disminuir la importancia y ocultar los abusos", explica la fiscal.

Para Teresa Gisbert existe un "fuerte indicio" de que dicha orden verbal fue efectuada por la consellera Oltra en el hecho de que todos los que intervinieron y que también están imputados –trece funcionarios y altos cargos– "mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería de Igualdad".

"Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría,
desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal que evidencia su carácter de arbitraria e injusta, carente de toda justificación y apoyo en
Derecho".

En su escrito, la fiscal Teresa Gisbert, pide que se realicen "cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y la determinación del grado de participación de la persona aforada".