Se acaba la legislatura y con ella la actual composición del Congreso de los Diputados, sus trabajos y sus dinámicas. Aunque las Cortes no se disolverán hasta el próximo 5 de marzo, cuando Pedro Sánchez haga público el decreto de convocatoria electoral, este jueves el Congreso celebró su última sesión plenaria.

Un Pleno que los parlamentarios han aprovechado para despedirse de compañeros y oponentes en la tribuna. Los diputados son conscientes de que, tras la celebración de las elecciones generales en abril, muchas cosas pueden cambiar. Algunos representantes actuales no repetirán en las listas por voluntad propia, otros puede que no logren sacar los votos suficientes y, además, tendrán nuevos compañeros de escaño.

Una de las incógnitas de los comicios es la posible entrada de la ultraderecha en la Cámara de la mano de Vox, un partido que ha lanzado a la escena mediática auténticas ofensivas contra aquellas políticas a favor de cuestiones como el feminismo o la igualdad LGTBI. El Congreso ha despedido el curso político con una serie de actos que han puesto precisamente a la igualdad en el centro de la clausura de la actividad parlamentaria.

La legislatura ha estado marcada por el intento de conseguir auténticos hitos legislativos en esta materia: la ley de igualdad LGTBI, la puesta en marcha de la ley contra la violencia de género, la ley de bebés robados, la ley contra la no discriminación... Sin embargo, el bloqueo prolongado de muchas de estas normas primero, y el adelanto electoral forzado tras la caída de los Presupuestos después, han dado al traste con todos estos trámites.

Más allá del fracaso de las principales leyes en materia de igualdad, no se sabe con exactitud si la Cámara podrá repetir las mayorías suficientes para recuperar algunos de estos trámites. Los grupos, incluso, habían tratado de acelerar en los últimos meses el trámite de aquellas leyes que se encontraban en fase de ponencia ante la posibilidad de la convocatoria electoral, pero ni los trabajos fueron lo suficientemente ágiles ni las elecciones llegaron cuando se las esperaba.

El primer gesto en el cierre de las Cortes llegó de la presidenta. Ana Pastor se despidió de los diputados, a los que dio las gracias, y dejó un mensaje en clave de tributo a las mujeres parlamentarias : "En el despacho de la Presidencia cuelga un cuadro del pintor Asterio Mañanós, de 1908, en el se refleja una sesión del Congreso, y las únicas mujeres eran las de las tribunas de invitados. Hoy son muchas mujeres las que se sientan, afortunadamente, en estos escaños, y personalmente me enorgullece ser una de ellas", afirmó Pastor, cuyas palabras fueron respondidas con un sonoro aplauso.

La Cámara protagonizó otro acto que contiene algunas lecturas acerca del presente y del futuro próximo de las Cortes. El Congreso llevó a cabo la declaración institucional contra la discriminación LGTBI en el deporte que no se pudo leer en el Senado por el veto de Vox. Para que las Cámaras puedan hacer suya una declaración, debe haber unanimidad de todos los parlamentarios.

Una situación que no se dio la pasada semana, cuando el senador de la formación ultraderechista, Francisco José Alcaraz, se negó a firmar la resolución porque, según explicaron desde el partido, no le había dado tiempo a estudiarla en profundidad.

Reconocimiento público a los bebés robados

El PSOE decidió impulsar la lectura de la misma declaración en la Cámara Baja, institución donde sí se logró la unanimidad. El texto recogía la necesidad de entender el deporte “como un espacio amable que ofrezca a las personas LGTBI recursos para una práctica inclusiva, segura y libre de discriminación”.

El hemiciclo también aprobó una declaración institucional para mostrar el "reconocimiento público" a las víctimas del "drama" de los bebés robados, según consta en el documento. El texto recoge el "lamento" de los grupos "por no haber podido conseguir la aprobación de la ley en esta legislatura", en referencia a la proposición de ley presentada por Unidos Podemos, ERC, Bildu y Compromís, que no progresó, aunque se insiste en que "se ha avanzado en consensos importantes" que los políticos se comprometen a mantener en la próxima legislatura.

La declaración relata que los robos de bebés se dieron tanto en la época de la dictadura franquista como en democracia, especialmente en los años 80, y señala que "las víctimas tienen el derecho a la reparación integral por los derechos vulnerados".