La Comisión de Economía ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. El texto ha obtenido el respaldo de todos los grupos, a excepción de Unidos Podemos, que ha insistido en que la nueva norma no está destinada a proteger a los consumidores frente a la banca.

Los grupos finalmente han llegado a un acuerdo sobre la retroactividad de la ley para que su aplicación no provoque el desbloqueo de los desahucios que se encuentran paralizados a la espera de una decisión de la Justicia europea, uno de los puntos que más ha prolongado el trámite de ponencia.

De hecho, la expectativa inicial era la de terminar con la ponencia la última semana de noviembre, pero la falta de consenso sobre el alcance de la retroactividad impidió el acuerdo en ese momento.

Cuando se inició el trámite, desde Unidos Podemos se advirtió de que la nueva ley hipotecaria incluía una disposición (que recoge las nuevas condiciones en el vencimiento anticipado) que podía abrir la puerta a los desahucios paralizados a la espera de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PSOE redactó un texto para que en la norma se incluyera una limitación concreta a la retroactividad en su aplicación, pero los grupos no han llegado a un acuerdo sobre esta cuestión hasta este martes.

Aunque el texto ha conseguido el consenso de la gran mayoría de los grupos, Unidos Podemos ha mostrado un desacuerdo bastante crítico con la noma. Su portavoz en la comisión, Rafael Mayoral, ha asegurado que la nueva ley hipotecaria continúa con la dinámica del "embudo": "ancho para los bancos y estrecho para la población". El diputado ha reiterado que "se sigue protegiendo a los bancos" en detrimento de los consumidores y ha incidido en que "no se prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional".

"Nadie duda de que la responsabilidad de la crisis financiera es de la actividad de las entidades", ha asegurado, y se ha referido al consenso sobre la nueva ley hipotecaria como una "amplia coincidencia" en el seno del "partido de los bancos: PSOE, PP y PDECat". 

Polémica con el impuesto AJD

El portavoz del PSOE en la comisión, Gonzalo Palacín, ha querido destacar que, a pesar de que a la entrada del texto al Congreso había "posiciones muy diferentes", finalmente se ha llegado a "amplios consensos". "Uno a veces puede defender el todo y quedarse en la nada, nosotros consideramos más fructífero dialogar", ha insistido el diputado socialista, aunque ha asegurado que desde su grupo son conscientes de que "todavía queda mucho que hacer en materia de vivienda y en materia de justicia". "El dictamen que votamos hoy supone una mejoría para la ciudadanía y protege mejor a los consumidores que el texto original que entró en la comisión", ha zanjado.

En el PP también han querido destacar los acuerdos sobre las diferencias, pero han advertido de que el decreto aprobado por el Gobierno para que los bancos asumieran el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) acabará perjudicando a los consumidores, por lo que su portavoz en la comisión, Carlos Floriano, ha abogado por suprimir el impuesto. "Advertimos de que era mejor resolverlo aquí (en la comisión). Los hipotecados son los que pagarán el impuesto, ya lo están empezando a hacer, y lo van a seguir haciendo. Lo que hay que hacer es poner un tipo cero".

Tras la aprobación del dictamen en comisión, el texto será remitido, previsiblemente, la próxima semana al Pleno del Congreso. Los grupos esperan que la nueva ley hipotecaria pueda entrar en vigor en marzo del próximo año, tras pasar por el Senado y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).