Los hilos visibles del magistrado Román con Botella y Gallardón

Las puertas giratorias están presentes en el auto que confirma la absolución de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella por la venta de 1.860 pisos sociales a fondos buitre en 2013. El ponente de la resolución es el magistrado Fernando Román, quien fue secretario de Estado de Justicia en la época de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Este caso riza varios rizos. El primero, el mero hecho de que Fernando Román sea una persona con una dilatada vinculación con el PP -del que llegó a ser su secretario de Estado- y es el partido de Botella, quien, a su vez, es sucesora de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid.

El magistrado es también primo hermano de Antonio Román, líder del PP durante décadas como diputado, senador y alcalde de Guadalajara (2007-2019).

Apariencia de imparcialidad

A pesar de estos vínculos, el juez Román no se abstuvo de ser el ponente de un litigio contencioso-administrativo con alto impacto social y político.

Las causas de abstención están muy limitadas -tener una relación familiar o una animadversión personal-, con el fin de que no sirva para eludir el principio de que juzga el juez predeterminado por la ley. Ninguno de estas causas concurren en Román.

Pero existe una interpretación extensiva: la 'apariencia de imparcialidad', porque está en juego la confianza de la sociedad en sus tribunales. Esto es, ser imparcial y también parecerlo.

Fernando Román podría haberlo planteado al resto de los magistrados, con el fin de que la Sala decidiera si sus vínculos con el PP y Gallardón afectaban a la apariencia de imparcialidad del tribunal. Pero no lo hizo. Y la concejal socialista Mercedes González tampoco lo recusó.

Vericuetos para absolver a la exalcaldesa

Un segundo rizo es el extremo rigor formal con el que el auto tumba la pretensión de esta vecina y concejal de que el Supremo aporte la última palabra sobre la venta de las viviendas de protección pública al fondo buitre.

En lugar de realizar una interpretación flexible, el auto opta por rechazarla de plano por medio de vericuetos: La recurrente no cumplió con un requisito de la Ley de Bases de Régimen Local. Esto es, González no se dirigió previamente al ayuntamiento para requerir que presente un recurso de casación ante el Supremo. Lo hizo como concejal, pero para la Sala no sirve porque ella pretende comparecer como vecina ante el Supremo.

"Los mismos argumentos con los que el auto rechaza a la concejal-vecina, podrían haber servido para admitir su recurso, máxime cuando hay dos sentencias discrepantes", sostienen fuentes jurídicas.

Sea concejal o vecina, el caso es que el Supremo no podrá entrar en este litigio donde colisionan dos interpretaciones ya que Botella y su equipo fueron condenados en primera instancia y absueltos en segunda instancia.

Vínculos de Aznar Jr. con el fondo buitre

El tercer rizo es la venta de las 1.860 viviendas a Fidere, la socimi filial de Blackstone. Este fondo buitre mantenía "importantes vínculos" con Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, de la que en esa época era consejero José María Aznar Botella, hijo de Ana Botella y del expresidente Aznar.

Hay un cuarto rizo: la composición del tribunal que ha dictado el auto.

Tres amigos

Tres de los cinco firmantes del auto forman parte de los "GAL", como se tilda en el Tribunal Supremo al "Grupo de Amigos de Lesmes" y que han sido aupados hasta el alto tribunal por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Estos tres 'GAL' son Fernando Román, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala Tercera que está pendiente de su renovación en el cargo y Dimitry Berberoff, a su vez amigo personal de Román.

El cuarto integrante es José Luis Requero, quien fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Y el quinto es César Tolosa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Juzgan los actos del Gobierno

Todos ellos integran la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Y son los encargados de juzgar los actos del Gobierno. 

Quinto rizo. La elección como magistrados del Supremo de la mayoría de ellos fue muy cuestionada, al descartase a candidatos con mayores méritos y antigüedad de la carrera judicial. Todos han sido elevados al cargo por el CGPJ de Carlos Lesmes.

El nombramiento de Díez-Picazo para esta Sección Primera fue polémico. El magistrado José Manuel Sieira denunció en 2015 una "desviación de poder " que logró apartarle para colocarlo en su  lugar. A Sieira, expresidente de la Sala Tercera, no se le dejó llegar a la jubilación en el puesto laboral que le correspondía por su trayectoria y antigüedad en el Tribunal Supremo.

La decisión de nombrar en 2018 a Román como magistrado del Supremo también fue muy polémica. Fue elegido frente a otra candidata con más mérito: María Asunción Salvo Tambo que era la número dos de la especialidad en toda España, cuando él ocupaba el puesto 33. Sólo había ejercido poco más de 10 años como juez, frente a los más de 30 de la jueza descartada.

Otro tanto ocurre con Berberoff. Fue aupado en 2019 frente a otros candidatos con más mérito y antigüedad, como Jesús María Calderón que era el número 6 de la especialidad en España frente al número 57 de Berberoff, quien hasta entonces era el jefe del gabinete técnico de Lesmes. El Supremo avaló el pasado jueves su nombramiento no sin antes causar un cisma dentro de la propia Sala Tercera.

La elección de Requero en 2014 fue forzada y polémica. Lesmes y los vocales aupados por el PP lo impusieron en el CGPJ, decisión que provocó la división en el sector progresista que se arrastra desde entonces ya que Álvaro Cuesta -ex líder socialista-  y Mar Cabrejas no estuvieron con su grupo y no les avisaron. El resto no entendía cómo un ultraconservador que había llegado a comparado el matrimonio homosexual con un casamiento entre "un animal y un hombre" era elegido para el Supremo.

El único nombramiento que no ha sido abiertamente cuestionado es el de Tolosa, elevado a la culminación de su carrera en 2014 después de ejercer ininterrumpidamente como juez desde 1982 y llevar casos como la instrucción que condenó por corrupción a Juan Hormaechea, expresidente de Cantabria.

Rizo y coda final. El CGPJ designó como sustituto de Tolosa en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al juez José Luis López del Moral,  director general de Justicia cuando Gallardón presidía la Comunidad de Madrid.