¿Cuántas personas pagan una cuota de afiliación al Partido Popular? ¿Cuántas al PSOE? ¿Y a Podemos, Ciudadanos o Vox? No lo sabemos. En España no hay datos oficiales de militantes por partido político. De hecho, ha sucedido en varias ocasiones que una formación presume de un número de militantes que después se comprueba inflado.

Pasó, por ejemplo, en las primarias de 2018 del PP. El partido presumía por aquel entonces de tener más de 800.000 afiliados. Pero para votar en aquellas primarias sólo se podían inscribir los que estuvieran al corriente de pago. Lo hicieron 66.384 personas, que pudieron elegir a Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal, entre otros candidatos.

Para conocer las cifras reales de los españoles que pagan cuotas de militancia o efectúan donaciones a cada partido político, Público realizó una solicitud de información a la Agencia Tributaria, que depende del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. El ministerio denegó la solicitud, que se había hecho al amparo de la ley de transparencia. Pero, tras una reclamación de este medio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió que la información debía ser pública y que el Gobierno debía entregarla a este medio.

Ahora, la Agencia Tributaria ha decidido no cumplir con la resolución y recurrir ante la Justicia. Los tribunales tendrán que decidir si la resolución del Consejo de Transparencia sigue vigente y el Ministerio de Hacienda debe entregar la información o si, en cambio, dan la razón a la Abogacía del Estado y Hacienda puede seguir ocultándola. Público se ha personado en el caso para defender ante la Justicia que la información debe ser pública.

La trampa de los datos de afiliados

Los datos de los afiliados a cada partido en España se han conocido tradicionalmente por la información que han ofrecido las propias formaciones políticas. Esto, sumado a que en algunas ocasiones se ha evidenciado que las cifras no se ajustaban a la realidad, ha generado desconfianza sobre los datos. ¿Realmente los partidos tienen tantos militantes como dicen? Si los tienen, ¿todos ellos pagan las cuotas de afiliación?

El periodista Hugo Garrido revelaba en 2019 en El Mundo que las cifras que daban los partidos estaban infladas. Los partidos aseguraban, sumando las cifras de todos ellos, tener alrededor de 1,3 millones de afiliados. Pero ante Hacienda sólo habían declarado pagos de cuotas de militancia o donaciones económicas de 287.975 personas. Una cifra muy inferior.

Hacienda conoce esta información porque los propios partidos tienen que informar anualmente rellenando un modelo para ello. El 182: "Declaración Informativa. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas". En él, cada partido, federación, coalición o agrupación de electores tiene que informar a la Agencia Tributaria de todas las personas que les han pagado una cuota de militancia u otro tipo de donación a lo largo de ese año.

El Ministerio de Hacienda, por tanto, conoce cuánto dinero ha recibido en donaciones cada partido y cuántas personas han desembolsado una cuota de militancia. En aquella ocasión Hacienda entregó a El Mundo el dato del número de personas que habían realizado alguno de esos pagos al total de partidos y formaciones españolas. Pero no hizo público —y sigue sin hacerlo a día de hoy— cuántos militantes o donantes tenía cada partido en concreto. 

¿Qué partidos inflan sus cifras de afiliados? ¿Cuáles tienen más militantes al corriente de pago? ¿Hay unos actuando mejor que otros? Son preguntas que a día de hoy no se pueden responder. Por ello, Público realizó una solicitud de información pidiendo "el desglose anual para cada partido, formación política o agrupación de electores de cuántas personas ha declarado que le han aportado una donación monetaria o una cuota de afiliación". El ministerio decidió no entregar la información que solicitaba este medio utilizando la ley de transparencia y alegó que la petición era "abusiva".

Según Hacienda, en España hay muchos partidos políticos y pedirles sus alegaciones como terceros afectados —la ley de transparencia recoge que cuando hay personas afectadas por una solicitud se les debe dar opción a posicionarse a través de un proceso de alegaciones— supondría una carga de trabajo de tal envergadura que afectaría al normal desarrollo de las labores de la Agencia Tributaria.

Esta fue la explicación del ministerio para defender que la petición es abusiva, pero junto a este argumento también alegó que lo solicitado eran datos tributarios y, por ello, se tiene que considerar información confidencial.

El Consejo de Transparencia dio la razón a 'Público'

Público no estaba de acuerdo con esa resolución porque, por ejemplo, Hacienda ya había revelado esos datos totales pero sin desglosar por partido y, por lo tanto, no se podía considerar que la información fuera confidencial. Por ello, este medio reclamó ante el Consejo de Transparencia, que es el organismo encargado de resolver este tipo de conflictos entre ciudadanos y administraciones.

El CTBG en su resolución dio la razón a la argumentación de Público e instó a Hacienda a entregar la información solicitada. El Consejo argumentaba que el ministerio no había "justificado ni acreditado el carácter abusivo de la solicitud". Además, razonaba que "difícilmente puede apreciarse el carácter abusivo de la solicitud pues no se dan las circunstancias que prevé el artículo 7 del Código Civil para calificar una conducta como abuso de derecho".

El Consejo de Transparencia aseguraba que la solicitud de información de Público "guarda relación con la finalidad de transparencia, entendida esta como eje fundamental de toda acción política en la medida en que constituye una de las formas de financiación de los partidos políticos" y que "una solicitud no puede considerarse abusiva por el mero hecho de afectar a una pluralidad muy importante de asuntos o expedientes ni tampoco puede considerarse abusiva por afectar a derechos o intereses de terceros".

De hecho, el organismo aseguraba incluso que el ministerio no había justificado de manera adecuada que los partidos realmente pudieran verse afectados porque se hiciera pública esa información y que, por tanto, no sería necesario ese trámite de alegaciones ni considerarlos como posibles terceros afectados.

Del mismo modo, el Consejo consideraba que Público no estaba solicitando información concreta sobre los contribuyentes ni ningún dato referido a ellos y que, por lo tanto, no hay posibilidad de identificarlos ni de desvelar su ideología o afiliación. Así, el CTBG entiende que no aplicaría en ningún caso la consideración de información tributaria confidencial: "no se ha acreditado —o se acierta a comprender— qué intereses o derechos se salvaguardarían con la no divulgación de un mero dato numérico".

El Consejo, además, recuerda que no hay problema con que los partidos ya estén obligados a cumplir con parte de la ley de transparencia. Las formaciones políticas tienen que cumplir con los capítulos de la ley que obligan a publicar determinada información, pero no se les pueden realizar solicitudes. Hacienda recordaba eso en su resolución para denegar la información, pero el Consejo entiende que no hay problema porque los datos obran en poder de la Agencia Tributaria y es a quien los solicitó Público. Además, el CTBG recuerda la rendición de cuentas que debe operar también en el caso de los partidos políticos. Estos se financian con estas cuotas de afiliados y donaciones, pero también con subvenciones. De hecho, el dinero público es una de las principales vías de financiación de los partidos.

'Público' se persona en los juzgados

A pesar de ello, el Gobierno parece no estar de acuerdo con la resolución del Consejo de Transparencia. La Abogacía del Estado, a petición de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, ha recurrido la resolución para poder seguir ocultando el número de militantes que pagan cuotas en cada partido. Ahora la Justicia deberá decidir entre dos opciones: confirmar la resolución y que Hacienda deba entregar lo solicitado por Público, o rechazarla y que el ministerio pueda seguir ocultándolo.

En ese juicio se escuchará al Consejo de Transparencia y al Ministerio de Hacienda, pero también a Público, que fue quien solicitó la información y reclamó ante el Consejo de Transparencia. Este medio ha decidido personarse en la causa para poder defender en los juzgados la importancia de que esta información sea pública y que la ciudadanía pueda fiscalizar realmente cómo actúan nuestros partidos políticos.