Libertad de expresiónUn grupo de manifestantes presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por mala praxis policial

La oficina del Defensor del Pueblo ha recibido este miércoles la visita de un grupo de personas que participaron el pasado 9 de febrero en una concentración por la libertad de expresión, frente a la Audiencia Nacional, en apoyo a los doce jóvenes activistas de Iruña investigados por presuntas injurias a la corona, para denunciar mala praxis policial durante aquella concentración. 

Alrededor de una veintena de personas acudió a la concentración frente a la Audiencia Nacional para apoyar a los jóvenes que en esos momentos declaraban por videoconferencia desde el Palacio de Justicia de Pamplona, investigados por la performance que el 12 de octubre de 2020 habían realizado en la capital navarra para denunciar el imperialismo, derribando una estatua de cartón piedra de Felipe VI. La concentración se produjo entre las 10 y las 11 de la mañana, en tono pacífico, respetando las medidas de seguridad.

En su queja, a la que ha tenido acceso Público, señalan que en un momento dado unos 15 policías de la Audiencia Nacional se posicionaron  junto a ellos y que justo después de concluir la concentración, en la que portaban pancartas a favor de la libertad de expresión, fueron seguidos por dichos agentes. "Una vez dispersados, nos retuvieron a todos, solicitándonos a cada uno el DNI y preguntándonos si habíamos estado alguna vez detenidos", consta en la queja presentada al Defensor de Pueblo.

Según su denuncia, las retenciones de los manifestantes duraron entre 15 y 20 minutos, "ya que todos los agentes estaban esperando instrucciones por los pinganillos". Creen los manifestantes que "no hubo motivo suficiente que justificara el requerimiento de identificación por parte de agentes de policía, en una concentración autorizada previamente por la delegación del Gobierno. Fue una identificación gratuita, inmotivada arbitraria e ilícita".

Tildan el comportamiento de la Policía de "atropello", con "una nefasta praxis", "abuso de autoridad, ataque inadmisible a las libertades de reunión y de expresión". Solicitan al Defensor del Pueblo que investigue este caso y les comunique el resultado; también que emita las correspondientes recomendaciones al Ministerio del Interior, a la delegación del Gobierno en Madrid y a la Dirección General de la Policía.