Operación LezoGonzález, su familia y sus colaboradores se lucraron con las reconstrucciones en Haití

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción también incluyen pesquisas para descubrir si su familia y sus colaboradores en el Canal de Isabel II crearon una fortuna millonaria a través del desvío de dinero tras la compra de varias empresas sudamericanas y a través de mordidas de contratos públicos en la Comunidad de Madrid

Según publica El Confidencial se investigan las operaciones llevadas a cabo por el Canal en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá y Haití. En concreto, en este último país, en relación con los trabajos de reconstrucción llevados a cabo tras el terremoto que azotó al país en 2010.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga el patrimonio personal de los principales investigados. Entre las operaciones investigadas figura la compra de Inassa en Brasil, cuando el grupo pagó más de 20 millones de euros por una empresa que al año siguiente contaba con un valor contable de tan solo cinco millones. Gran parte del dinero se transfirió a una cuenta suiza. 

El diario señala que tanto la UCO como la Fiscalía creen que el precio de la compra estaba inflado, permitiendo que una gran parte del dinero se desviase al patrimonio personal de los investigados. 

En Haití, Inassa obtuvo dos contratos de más de 20 millones para realizar trabajos de reconstrucción tras el terremoto. El grupo es sospechoso de haber pagado comisiones a funcionarios haitianos y que parte de las comisiones terminaron en el patrimonio personal de los directivos de Inassa. 

Las investigaciones indican que González podría haber desviado fondos públicos del Canal de forma sistemática adquiriendo sociedades a precios inflados para que la diferencia llegase a sociedades instrumentales y cuentas 'offshore'. 

Las filiales sudamericanas operaban sin ningún tipo de supervisión ni auditoría de forma que los cabecillas de la trama pudieron ocultar el dinero saqueado.

A los detenidos se les imputan delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. En la trama no solo se incluían a colaboradores en el Canal, sino también a iembros de la familia de González, cabecilla de las actividades fraudulentas. El juez investiga si González pudo haber amañado obras para cobrar comisiones y financiar el PP madrileño.