El Gobierno cede a las presiones de la sanidad privada e inyectará a Muface un 33,5% más de presupuesto en tres años
El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un nuevo concierto con una dotación económica estimada de 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente
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Las presiones ejercidas por parte de las aseguradoras privadas para forzar un aumento del presupuesto superior al 17,2% histórico propuesto por el Gobierno para renovar el concierto con Muface han dado sus frutos. Pese a que desde Sumar llevan semanas apostando por la incorporación progresiva de los trabajadores públicos al Sistema Nacional de Salud (SNS) de la mano del Ministerio de Sanidad, el ala socialista se ha impuesto y este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva licitación que contempla una subida del 33,5% en tres años.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a cargo de Óscar López, ha autorizado un nuevo concierto para el período 2025-2027, después de que el primer concurso quedara desierto, con una dotación económica estimada de 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. El coste por año será de 1.303 millones de euros, en 2025; 1.490 millones euros, en 2026; y 1.685 millones de euros, en 2027. Mientras la propuesta inicial para renovar el sistema de Muface se limitaba a una asignación de 1.337 millones de euros en 2025 y 1.344 millones en 2026.
Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. La media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027. Además, se ha incorporado un cambio en el cálculo de la prima. Ahora se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes.
Todo ello a pesar de que una consulta preliminar de mercado, organizada por Muface, concluyó que las aseguradoras no habían presentado pruebas que justificaran el incremento que reclamaban de entre el 25% y el 40%. En otras palabras: la subida exigida y concedida a estas empresas no tiene una base económica demostrada.
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