El curso político previo a las vacaciones de verano ha finalizado con un intenso, extenso y caótico Pleno en el Congreso que se ha saldado con dos derrotas y una victoria para un Gobierno de coalición que acudía a la Cámara en busca de un balón de oxígeno para llevarse al parón estival.

No ha habido un varapalo como tal, pero la sensación de los grupos parlamentarios al final de la sesión plenaria es que el Ejecutivo sigue en la misma situación desde que empezó la legislatura, una situación en la que el trámite de cada norma es una negociación a cara de perro que puede descarrilar (y que en muchas ocasiones descarrila) en cualquier momento.

En el Pleno de este martes se han debatido un total de nueve puntos, aunque la atención de los de Pedro Sánchez era especial en tres: la reforma de la ley de extranjería (que incluía el reparto de niños migrantes entre las comunidades autónomas), los objetivos de estabilidad presupuestaria y el denominado decreto anticrisis.

Finalmente, el Gobierno ha visto decaer las dos primeras medidas y ha logrado salvar la tercera. Sánchez acudía a la Cámara Baja con estos tres elementos en el aire, pero la incógnita del decreto anticrisis se resolvió rápido. A primera hora de la mañana, antes del inicio del Pleno, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunciaba que su partido había cerrado un acuerdo con el PSOE para aprobarlo.

La formación morada había anunciado hace unas semanas su rechazo a esta ley por el "recorte" que recogía en el bono social eléctrico, en un contexto en el que sus votos eran cruciales para aprobarla. La medida del Gobierno establecía la rebaja de este descuento desde el 80% actual para familias vulnerables severas y el 65% para vulnerables (aprobado en el escudo social de 2020 como medida extraordinaria) hasta el 50% para vulnerables severas y el 35% para vulnerables a partir de 2025.

Ley de extranjería y objetivos de estabilidad

Por este motivo, Podemos le exigió a los socialistas retirar esta medida para apoyar el decreto en su conjunto, una petición que el Ejecutivo finalmente aceptó. Tras el acuerdo, el descuento se mantendrá en el 80% para vulnerables severas y en el 50% para vulnerables hasta diciembre de 2024, cuando se negociará, previsiblemente, un nuevo decreto anticrisis para prorrogar sus medidas.

La reforma de la ley de extranjería y los objetivos de estabilidad presupuestaria fueron una incógnita hasta prácticamente los últimos momentos de un Pleno que ha durado alrededor de 12 horas. Aunque el Gobierno daba prácticamente por perdido el primer punto (debido al rechazo anunciado de PP y de Junts, que junto a los votos de Vox hacían imposible su admisión a trámite), el Ejecutivo negoció con ambos grupos durante todo el día, hasta que se agotaron las opciones y se consumó el fracaso.

La negativa a los objetivos de estabilidad presupuestaria sí que supuso una sorpresa mayor. Por la mañana, desde el Ejecutivo se trasladaba el "optimismo" con que este punto lograra salir adelante, incluso con el voto favorable de Junts. La senda propuesta no difería mucho de la que el grupo nacionalista había apoyado meses antes, cuando el Congreso aprobó los objetivos de estabilidad para los Presupuestos de 2024 (que decayeron tras el adelanto electoral de Catalunya).

Sin embargo, a mediodía desde los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno se deslizó que Junts se podría estar desmarcando de lo que parecía una votación segura. A última hora de la tarde, tras defender María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, la senda de estabilidad propuesta, Josep María Cruset, diputado de la formación nacionalista, anunció su voto en contra.

Cruset defendió que la decisión de su grupo se basaba en la "baja ejecución presupuestaria" del Estado en Catalunya y en la "inacción" del Gobierno para corregirla. Sin embargo, el diputado no se quedó sólo en los objetivos de estabilidad (el primer paso para aprobar los Presupuestos del próximo año), sino que advirtió que, a día de hoy, su partido ni apoyaría las cuentas.

Junts avisa: "No formamos parte de ningún bloque"

"No formamos parte de ningún bloque de legislatura. El Gobierno no entiende que no tiene mayoría absoluta en el hemiciclo y mientras no cambie esta realidad, el Gobierno no puede contar con Junts para tramitar los Presupuestos y votaremos en contra de este primer trámite para aprobar los objetivos de déficit", aseguró, anticipando una negociación más que compleja para después del verano.

Desde los grupos parlamentarios del Gobierno se trasladó un "mensaje de tranquilidad" y se explicó que no tener senda de déficit no implica que los Presupuestos encallen, sino que seguirán adelante con la senda anterior (la pactada con Bruselas el pasado año en la actualización del plan de estabilidad 2023-2026).

El portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, advirtió desde la tribuna del Congreso que "acudir a la senda anterior significa para algunos que votarán en contra pegarse un tiro en el pie: es mucho más holgada para la administración central pero mucho menos holgada para las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social".

Montero añadió posteriormente que estos objetivos y el techo de gasto ofrecía "10.000 millones de euros más" para los territorios y los ayuntamientos gobernados por el PP, motivo por el que, explicó, "ningún gobierno autonómico del Partido Popular votó en contra en el Consejo de Política Fiscal".

En cualquier caso, en el Gobierno destacan que los Presupuestos siguen adelante "según lo previsto", aunque con una senda más ajustada que la planteada en un inicio. Voces del Ejecutivo han insistido en que la negativa de Junts a la senda de déficit se corresponde más con "un aldabonazo efectista" por la previsible investidura de Salvador Illa que con un desencuentro real con Sánchez.

Estas mismas voces recuerdan, además, que con la aprobación de la ley de paridad, el Congreso ha aprobado también la enmienda que suspende la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit, en un momento en el que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Pese a decaer estos dos puntos, el Ejecutivo logró aprobar en la Cámara la ley de paridad, el estatuto de los bomberos forestales y el de agentes forestales, la reforma de la ley del Poder Judicial y el nombramiento de vocales del CGPJ, además del decreto anticrisis: "Son medidas fundamentales para la ciudadanía y seguimos trabajando", trasladaron desde el Gobierno.