El Gobierno ha pactado con EH-Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social. A cambio de este acuerdo, la formación vasca se abstendrá en la votación de la ley de los planes de pensiones, cuyo dictamen se aprueba este jueves por la Comisión de Trabajo del Congreso

Así lo ha anunciado esta formación a través de un comunicado, instantes antes de la votación de este proyecto de ley en la comisión, que sale adelante con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Grupo Mixto, mientras que en contra están PP y ERC.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, independientemente de si han cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de invalidez y jubilación.

Cifran la subida entre 60 y 100 euros

El acuerdo contempla que la subida del 15% se incluya en el próximo decreto anticrisis que el Gobierno aprobará próximamente, y como mínimo se prorrogará hasta el 31 de diciembre de 2022, cuando sean los Presupuestos Generales del Estado de 2023 los que deban determinar la revalorización de las mismas.

"Gracias a este acuerdo, los pensionistas verán incrementadas entre 60 y 100 euros", ha señalado el diputado de Iñaki Ruiz de Pinedo, de Bildu, que también ha apuntado a que esta medida protegerá a "los sectores más vulnerables".

"Ni un solo euro de la Seguridad Social irá al fondo"

Asimismo, Bildu asegura que "ni un solo euro de la Seguridad Social sea destinado al fondo de pensiones, evitando así la descapitalización de la Seguridad Social y blindando las pensiones públicas y su sostenibilidad".

De esta forma, celebra haber "conseguido desbaratar la intención de las derechas de utilizar esta ley para introducir y extender los fondos de pensiones privados mediante beneficios para quien pueda pagárselos", algo que entienden como un "sálvese quien pueda que venía a debilitar el sistema público de pensiones".

"Sabemos que no es suficiente, pero estamos seguros de que esta medida supondrá un alivio para miles y miles de pensionistas y un paso más en el camino hacia la dignidad que merecen", ha dicho su portavoz en el Pacto de Toledo, Iñaki Ruiz de Pinedo, asumiendo que "este logro no hubiese sido posible sin el empuje del movimiento de pensionistas".

Las empresas podrán desgravarse el 10% de aportaciones

A propuesta de PP, Cs y el PDeCAT, el proyecto incluirá una desgravación para las empresas en el Impuesto sobre Sociedades, que podrán deducirse de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan a favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de ese límite.

Los planes de pensiones no pagarán tasa Tobin

Por otro lado, el proyecto incluirá una disposición para eximir del Impuesto sobre transacciones financieras, la conocida como tasa Tobin, las compras de acciones por parte de planes de pensiones de empleo y mutualidades de previsión social o entidades de previsión social voluntaria (EPSV) sin ánimo de lucro, tal y como planteaba el PNV.

A propuesta de Cs, se amplía a cinco años la exigencia de modificar la estrategia de inversión de los planes, y se modifica la regulación de la Comisión de control especial de los planes de pensiones para exigir a sus integrantes al menos 10 años de experiencia en la gestión de fondos o planes de pensiones, y se evita que los miembros designados por el Gobierno tengan derecho a veto para cualquier cambio en la política de inversiones.