La Junta de Andalucía ha aprobado el uso de fondos europeos contra la covid llamados REACT-UE (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa), creados con la idea de hacer frente al impacto social y económico de la pandemia, para financiar de un modo indirecto –a través de una "reorientación" de recursos propios destinados a sanidad y educación– la compra por 78 millones de euros de la sede de Abengoa, una de las empresas tecnológicas punteras del país, hoy en concurso de acreedores. El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, quiere ubicar allí la Ciudad de la Justicia, los juzgados y tribunales de Sevilla.

Abengoa, una empresa que emplea a unas 1.500 personas en la capital andaluza y 14.000 en todo el mundo, está ahora mismo fagocitada por la deuda e inmersa en un proceso concursal.

El gabinete de Juanma Moreno (PP) se negó a poner 20 millones de euros para el último plan de salvación en el que estaban de acuerdo el Gobierno de España, que iba a avalar la operación, y la banca, y con ello dificultó que este pudiera llegar a buen puerto. El Gobierno andaluz ha asegurado siempre que los letrados de la administración, vistos los antecedentes de Ejecutivos anteriores, del PSOE, que afrontan un rosario de juicios, no habían hallado formas jurídicas para ayudar a la compañía.

Ahora, cuando la gestión de la multinacional se lleva desde el juzgado 3 de lo mercantil de Sevilla, el Gobierno andaluz acomete esta operación.

Para hacer la oferta por Palmas Altas, la Junta destina 78 millones del presupuesto de sanidad y educación previsto para el pago de salarios de profesores y para la limpieza de los centros educativos y complementos salariales de los trabajadores sanitarios y cubre esa transferencia, esa merma en esas partidas, con parte del capital recibido de Europa, según consta en la documentación elevada por la Consejería de Hacienda al Consejo de Gobierno, y que fue aprobada el pasado 16 de marzo. La modificación presupuestaria cuenta con el visto bueno de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Así se recoge en la memoria que justifica la transferencia de créditos y que se puede consultar aquí: el expediente instado para la generación de crédito procedente de los recursos extraordinarios del instrumento REACT-UE ofrece "la oportunidad de reorientar parcialmente los recursos autofinanciados incluidos en el presupuesto de 2021 hacia atenciones prioritarias cuya cobertura presupuestaria no hubiera sido posible sin contar con dichos recursos adicionales". 

Y añade: "Así, conforme a las memorias aportadas por las consejerías competentes en materia de educación y salud respectivamente, resulta un volumen de crédito del que puede disponerse como consecuencia de la financiación con los fondos REACT-EU de parte del coste de las nóminas del personal sanitario y educativo, así como determinados costes indirectos asociados a este último".

Este periódico se puso en contacto con la Consejería andaluza de Hacienda para preguntar por las razones por las que se ha utilizado esta fórmula para la compra de la sede de Abengoa. Las fuentes consultadas se remitieron a la explicación que consta en la documentación: "El expediente instado para la generación de crédito procedente de los fondos REACT EU ofrece la oportunidad de reorientar parcialmente los recursos autofinanciados incluidos en el Presupuesto de 2021 hacia atenciones prioritarias cuya cobertura presupuestaria no hubiera sido posible sin contar con dichos recursos adicionales".

128 millones de euros

La transferencia de créditos asciende en total a 128 millones de euros y con ella no solo se financia la compra de Palmas Altas. Así, con esos fondos, en efecto "se atiende la propuesta de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de llevar a cabo el expediente patrimonial de compraventa del Campus de Palmas Altas y parcelas colindantes para la creación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla por un importe de 78.045.000 euros", y también otras necesidades.

El resto de ese dinero –unos 50 millones– extraído de la sanidad y la educación gracias a la inyección de los fondos europeos lo destina el Ejecutivo andaluz, por un lado, a empresas privadas: a financiar contratos de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros, donde invierte 19,9 millones de euros, para "compensar económicamente el déficit que se ha producido en estos contratos" por la covid.

Por otro lado, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia recibe 30 millones para mejorar el servicio de ayuda a domicilio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de atención residencial. "Con el refuerzo de los servicios se alcanzarían las 18.222 personas beneficiarias de incremento respecto al cierre de 2020, con un gasto total estimado de 1.341.652.784 euros", se lee en la memoria.

El resto, 638.000 euros, va a la Consejería de Hacienda para la contratación de asistencia técnica para tramitar autorizaciones administrativas de las instalaciones de energía eléctrica y para las solicitudes sobre proyectos de generación de energías renovables y sus infraestucturas de evacuación, sometidos a autorización ambiental.

Los fondos REACT-EU, de los que a la Junta de Andalucía le corresponden 1.880 millones de euros, "deben destinarse a financiar, fundamentalmente, operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia, así como para transformarlos estratégicamente de cara al futuro. Es decir, a reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis en el que se han demostrado como la red de seguridad para millones de ciudadanos", según recoge el Ministerio de Hacienda en un comunicado de prensa reciente. Agrega Hacienda: "En cualquier caso, el Gobierno deja abierta la posibilidad de que las CCAA puedan plantear otros ámbitos de actuación que consideren relevantes para la reactivación económica".

La Ciudad de la Justicia

El edificio Campus Palmas Altas está, según la Junta, "destinado a ser sede de órganos judiciales y demás servicios comunes y complementarios".

El proyecto es a medio plazo. En una primera fase, planeada para un escenario de cuatro años, "se culminaría la adaptación del Campus de Palmas Altas, lo que permitiría abandonar todas las sedes actualmente dispuestas en régimen de alquiler, como la parte arrendada del Edificio Viapol, el Edificio Noga, el Edificio Buhaira, el Edificio Menara y el local de la calle Almirante Valdés, con el consiguiente ahorro de 5.037.439,38 euros anuales". Permanecerían en uso los edificios en propiedad en el Prado de San Sebastián.

El actual Campus de Palmas Altas se levanta sobre un recinto cerrado de 42.189 metros cuadrados y se compone de un conjunto de siete edificios de entre tres y cinco plantas, agrupados en dos áreas y dispuestos alrededor de la plaza central con zonas ajardinadas. Tiene una superficie construida de 51.466 metros cuadrados para uso de oficinas y 983 plazas de aparcamiento subterráneo, según el Gobierno andaluz.

La Ciudad de la Justicia llegará a superar los 215.000 metros cuadrados entre el espacio destinado a oficinas y aparcamientos tanto subterráneos como sobre rasante, una vez que esté finalizada al completo, tras una inversión total en obras de 128 millones de euros entre la readaptación del actual Campus a sede judicial y de construcción de los nuevos edificios, asegura la Junta de Andalucía.