La emergencia del coronavirusEl Gobierno amplía hasta un máximo de ocho años el plazo para que las empresas devuelvan los créditos ICO

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que contiene medidas para que aquellas empresas estables que están teniendo problemas de solvencia coyunturales, a causa de la pandemia del coronavirus, no se vean abocadas al cierre. Estas reformas afectan a las líneas de crédito ICO establecidas por el Ejecutivo durante la primera ola de la pandemia para las empresas y a la normativa concursal vigente.

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado una ampliación de varios de los plazos establecidos para los avales del Instituto de Crédito Oficial. En primer lugar, se amplía el plazo para la concesión de los avales de las dos líneas que hay en funcionamiento hasta el 30 junio de 2021 (se podrán solicitar estos créditos hasta esa fecha).

También se extiende el denominado periodo de carencia de estos préstamos durante 24 meses (la ampliación total será de tres años) y se amplía tres años más el plazo de vencimiento, por lo que, según ha avanzado la vicepresidenta tercera, los clientes que los soliciten pueden ver su crédito alargado hasta un máximo de ocho años.

Para acceder a los créditos, los solicitantes no podrán estar en concurso de acreedores o tener su préstamo en mora. En cuanto a las obligaciones de las entidades financieras, deberán responder a las solicitudes de ampliación en un plazo máximo de 30 días; deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021; y no podrán incrementar de forma injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes.

El Gobierno ha anunciado en este sentido la rebaja en un 50% de los aranceles notariales y registrales a la hora de formalizar estas operaciones de ampliación de los créditos. Calviño ha anunciado que, hasta el momento, se han llevado a cabo más de 881.000 operaciones de crédito, el 98% con pequeñas y medianas empresas, y se han concedido avales por más de 82.000 millones de euros y operaciones con un valor de más de 108.000 millones.

"Estas medidas están siendo eficaces, pero hay que adaptarlas a los posibles problemas de solvencia que vayan apareciendo, para que aquellas empresas estables que pueden tener que cerrar por problemas temporales de solvencia", no lo hagan, ha insistido la vicepresidenta tercera, que ha añadido que "con estas medidas, los autónomos y empresas notarán un alivio de su carga financiera y dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras".

Moratoria concursal hasta marzo de 2021

La segunda pata de esta reforma es la que afecta a la normativa concursal. En concreto, el Gobierno ha aprobado la ampliación hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (el denominado concurso voluntario) y la obligación de los jueces de admitir a trámite el concurso antes de esa fecha si lo solicitan los acreedores (el denominado concurso necesario). 

La ampliación de la moratoria concursal no impedirá que las empresas que crean necesario presentar concurso pueda hacerlo. El objetivo, ha explicado Calviño, es el de evitar la liquidación de empresas estables y patrimonialmente sostenibles a causa de un contexto negativo temporal, en la misma línea que la ampliación de los plazos de devolución de los créditos ICO.

La ministra de Economía ha respondido a las dudas del Banco de España sobre la ampliación de la moratoria concursal, que expresó sus temores a que esta medida provoque una mayor supervivencia de empresas inviables o zombi, aquellas empresas que están abocadas a desaparecer cuando venzan las medidas de sostenimiento financiero impulsadas por el Ejecutivo.

"Comparto al 100% las recomendaciones del Banco de España y que revisemos las condiciones de la ley concursal; ya estamos trabajando en esa reforma, pero hay que extender estos plazos para que no haya efectos negativos en empresas con buena situación patrimonial pero afectadas con carácter transitorio. No impedimos que las empresas puedan entrar en concurso, sino que determinadas situaciones coyunturales desencadenen de forma automática el concurso, cuando, en circunstancias normales, no se producirían desequilibrios patrimoniales", ha asegurado Calviño.