El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado en el mes de septiembre cuatro acuerdos con cuatro comunidades autónomas para prevenir que estas interpongan recursos de inconstitucionalidad contra algunos apartados de los Presupuestos Generales del Estado. Madrid, Euskadi, Balears y Extremadura han acordado con el Gobierno los preceptos reflejados en los Presupuestos en los que existían conflictos competenciales.

Estos pactos con las comunidades autónomas se han logrado en el seno de las comisiones bilaterales de cooperación, a través del artículo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional, que es el instrumento jurídico habilitado para la colaboración con los Ejecutivos autonómicos.

Madrid y Euskadi reclaman la urgencia

La controversia por la que se han llevado a cabo estas negociaciones se encontraba en el artículo 61 de los Presupuestos de Madrid. En este apartado sobre las especialidades de tramitación de los procedimientos, ambas partes han acordado que el Ejecutivo madrileño asuma el compromiso de interpretar y aplicar el citado precepto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 -tramitación de urgencia- del decreto de medidas urgentes para la modernización de la administración y la ejecución del Plan de Recuperación.

Euskadi se ha sumado al mismo acuerdo, aunque con una pequeña diferencia: las especialidades en la tramitación de los procedimientos se encuentra en el artículo 32. No obstante, el Ejecutivo Vasco asume el mismo compromiso que en el caso de Madrid.

Balears discrepa con la Ley de residuos y suelos

En cuanto a la ley de presupuestos de Balears, se han mostrado discrepancias en la Ley de residuos y suelos contaminados sobre la ejecución de una prueba piloto del Sistema de depósito, devolución y retorno en Formentera. De esta manera, ambas partes han acordado que Balears asumirá el compromiso de llevar a cabo una prueba piloto acorde a los términos establecidos por esta ley que será aprobada en breve por el Consejo de Ministros.

Asimismo, ambas partes han pactado que el Ejecutivo de Francina Armengol asuma el compromiso de iniciar la ejecución de la prueba piloto antes de que se apruebe este decreto, que el Gobierno central espera dar luz verde antes del 31 de diciembre de este año.

Extremadura y otras comunidades

Extremadura chocó con el gobierno ante las medidas aplicables a los casos de alteración extraordinaria imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública. Ambas partes han solventado la controversia para que el Gobierno extremeño se comprometa a promover la correspondiente modificación legislativa.

Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial también ha logrado otros cinco pactos en otras materias para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional. Entre ellos, en la ley cántabra de medidas fiscales y administrativas, ambas partes han acordado que la aplicación se debe hacer en base a la normativa básica estatal.

Con Catalunya se ha alcanzado un acuerdo sobre su ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, que tienen que ver con la interpretación del precepto que habla de depósitos de garantía de operaciones credicticias.

Por último, el Gobierno central y el País Valencià han llegado a un acuerdo sobre varios preceptos de la Ley de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera y de organización.

Además, Euskadi en su ley de administración ambiental, al igual que ocurre con el decreto de Andalucía, se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica.