El 23J dejó muchas lecturas para el escenario político que salió de las urnas. Una de ellas fue un refuerzo claro del Gobierno de coalición; no sólo porque el PSOE y Sumar lograron un resultado que les abrió la posibilidad de volver a conformar un Ejecutivo, sino porque era la primera vez en una campaña electoral que tanto los socialistas como el espacio a su izquierda defendían abiertamente ante sus electorados la coalición con el otro.

Los votantes del PSOE sabían que, si daban los números, Yolanda Díaz sería vicepresidenta; y los de Sumar eran conscientes de que sus votos servirían para investir a Pedro Sánchez como presidente. Ambos electorados lo validaron y las dos organizaciones inauguraron una hoja de ruta para reforzarse como coalición, más allá de sus aspiraciones como partidos políticos distintos.

Esa hoja de ruta parece a día de hoy superada por el escenario político actual. Tras la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas, el rechazo de Sánchez a aprobar los Presupuestos de 2024 y la incertidumbre institucional que atenaza la legislatura, el refuerzo de la coalición parece haber quedado sepultado entre los objetivos de dos formaciones que compiten en un mismo espacio.

En este nuevo contexto se han abierto dos frentes que distancian a PSOE y Sumar en el mayor momento de tensión en la coalición: el gasto militar y la vivienda. La pasada semana, Pedro Sánchez compareció en el Congreso de los Diputados y defendió abiertamente la necesidad de seguir reforzando la inversión en Defensa en un contexto de tensión geopolítica marcada por los conflictos en Ucrania y en Oriente Medio.

El portavoz de Sumar en la Cámara, Íñigo Errejón, criticó esta posición, le pidió al presidente frenar el gasto militar y avanzó que su formación se situaba en contra de lo defendido por Sánchez. Apenas unos días después, el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó una compra "urgente" de armamento por un valor de más de 1.100 millones de euros.

La disputa por el gasto militar llega al Consejo de Ministros

Según avanzó Público, los cinco ministerios de Sumar presentaron, a través de la Vicepresidencia Segunda de Yolanda Díaz, una serie de objeciones y preguntas sobre esta compra en el Consejo, en las que, entre otros elementos, criticaban que el Ejecutivo sufragara estas compras a través de los fondos reservados y de contingencia, y denunciaban la falta de justificación para considerar ese gasto "urgente" y necesario.

En las objeciones, Sumar destaca que, aunque el compromiso con la OTAN es el de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, la propia organización recomienda que sólo un 20% de la inversión vaya directamente a la compra de armas, y que el grueso de este gasto debería ir a partidas relacionadas con la contratación de personal o la adquisición de equipos tecnológicos.

"Invertir en Defensa es invertir en paz, en paz con mayúscula", aseguró la ministra del ramo, Margarita Robles, a la hora de defender esta última compra de armamento; una declaración que, junto al discurso de Sánchez en el Congreso, dejan clara la posición de los socialistas en esta cuestión y anticipan que la batalla con Sumar se extenderá en el tiempo.

Pero el gasto militar no es el único frente abierto en el Gobierno de coalición. Hace meses que los de Díaz y los de Sánchez pugnan por la vivienda, una bandera que ambos se disputan en la batalla general que mantienen por liderar la agenda social. En Sumar negociaban medidas relacionadas con la regulación de los alquileres y el límite a los alquileres turísticos y de temporada en el marco de los Presupuestos Generales del Estado. Pero tras asumir que este año no habrá cuentas, el asunto se estancó.

También hubo una batalla hace unos meses a raíz de la publicación por parte del Ministerio de Vivienda del índice de referencia de los precios del alquiler. Los de Díaz alertaron de que el índice no sólo estaba lejos de ser efectivo para bajar los precios en las denominadas zonas de mercado tensionado, sino que podría incluso provocar una espiral de alza de precios en las zonas no tensionadas.

El "hay negocio" de la ministra de Vivienda

También hubo negociaciones para modificar el índice, pero finalmente Vivienda optó por mantener su diseño original, sin atender a las peticiones que se realizaron desde Sumar. El enfrentamiento llegó a su punto álgido cuando la pasada semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, invitó a los promotores privados a participar en la oferta en alquiler y vivienda asequible porque "hay negocio".

Dirigentes de Sumar mostraron su rechazo de manera pública a estas declaraciones: "Esperamos más de una ministra de Vivienda que debería defender a los vecinos sobre los especuladores", aseguró Aina Vidal, una de las portavoces del grupo en el Congreso y diputada de los comunes; "o hay negocio o hay derecho", dijo Errejón.

En Sumar han situado estas dos cuestiones, su rechazo al gasto militar y su apuesta por la vivienda asequible, como dos elementos estructurales de su acción política para la legislatura. En un contexto de competencia con el PSOE, la tensión en el Gobierno de coalición está en máximos.