Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea debaten este martes en Bruselas la propuesta española para convertir en lenguas oficiales de la UE el galego, el català y el euskera. Una posibilidad más que remota teniendo en cuenta los antecedentes de casos similares y las reticencias de muchos de los socios.

El pasado 17 de agosto, el Gobierno español remitió a Bruselas la solicitud oficial para que el Consejo de Asuntos Generales, que conforman los cancilleres de los Veintisiete, debata y en su caso apruebe la modificación del reglamento de 1958 que establece el régimen lingüístico de la Unión, para que los tres idiomas cooficiales de España lo sean también en las instituciones comunitarias.

La proposición es fruto del acuerdo del Gobierno en funciones y Junts per Catalunya para facilitar el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso, que incluía también habilitar el empleo de esos idiomas en la Cámara Baja. Parece improbable que pueda salir adelante.

"Las posibilidades son más que remotas, por no decir nulas", aseguran fuentes españolas conocedoras del funcionamiento de la UE y de la posición de sobre el tema del resto de gobiernos.

La mayoría de países "no están dispuestos a aceptarlo"

"Muchos países creen que abrir la puerta a la oficialidad al galego, el català y el euskera legitimaría peticiones similares respecto a otros idiomas minorizados en sus propios territorios, y no están dispuestos a aceptarlo", señalan.

En la UE hay hoy 23 lenguas oficiales -la última en adquirir ese rango fue el croata, en 2003-. Pero dentro de la Unión hay más de 40 millones de personas que tienen como lengua materna otros idiomas minorizados y no oficiales en la Unión, que forman en torno a medio centenar de comunidades lingüísticas y con diversos rangos de reconocimiento en los Estados en los que se usan: bretón, corso, frisón friulano, occitano, ladino, lombardo, romaní, sami, sardo, sorabo...

No es la primera vez que España intenta que las lenguas oficiales de sus tres nacionalidades históricas lo sean también en la UE. Fue en 2004, cuando la coalición CiU, de la que Junts es heredera, presionó al Gobierno que acababa de formar el socialista José Luis Rodríguez Zapatero para que llevara ese debate a Bruselas.

Entonces, varios socios respondieron que era una incongruencia que si el galego, el català y el euskera no eran oficiales en todo el territorio español se pretendiera que sí lo fueran en la Unión.

El 13 de junio de 2005, el Consejo de Asuntos Generales de los Veintisiete debatió y rechazó aquella propuesta, similar a la que se planteará este martes. "La posición de los socios no va a variar ahora", asegura otra veterana fuente diplomática con experiencia en las negociaciones comunitarias. Recuerda, además, que el reglamento sobre el régimen lingüístico de 1958 sólo puede ser modificado por unanimidad, de forma que un sólo país puede vetar la propuesta.

Suecia y Eslovaquia adelantan su rechazo

Eslovaquia ha sido la primera en adelantar su rechazo recurriendo al argumento de que España debería de resolver antes los problemas de oficialidad de sus lenguas dentro de su propio territorio antes de planteárselo a la UE.

Y Suecia acaba de insinuar que tampoco la apoyará: su ministra de Asuntos Europeos, Jessika Roswall, recordó el pasado miércoles "las consecuencias legales y financieras" que tendría abrir esa puerta y añadió que éstas deben ser analizadas "minuciosamente".

Lo que sí logró Zapatero en 2005 fue que la UE admitiera el uso de las lenguas cooficiales de España en circunstancias limitadas: en las reuniones de los consejos de ministros donde la representación española fuera asumida por presidentes o consejeros de las tres comunidades autónomas afectadas, y para las comunicaciones ciudadanas con el Parlamento Europeo. Y siempre y cuando la logística y los costes de traducción e interpretación fueran asumidos por el Estado español.

Para que las lenguas oficiales de Galicia, Catalunya y Euskadi logren el estatus de oficialidad en la UE debería abrirse un largo procedimiento que podría demorarse años. Como sucedió en 2005, el debate podría volver a apagarse y permanecer dormido hasta que la coyuntura política española vuelva a trasladarlo a Europa.