Los sindicatos de funcionarios europeos U4U y Union Syndicale, así como la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), han denunciado que el Parlamento Europeo ha empezado a contratar ilegalmente a trabajadores externos para suplir a los intérpretes en huelga que protestan por los daños auditivos que les ocasionan las intervenciones telemáticas de los eurodiputados a través de teléfonos móviles, tablets y ordenadores.

Los funcionarios aseguran que la mala calidad del sonido dificulta su compresión por el uso de plataformas y equipos no adecuados, lo que está afectando gravemente a su salud. Los micrófonos multidireccionales captan también las  interferencias y el ruido de fondo de los lugares desde donde transmiten sus señorías, especialmente si se hallan en espacios públicos o abiertos o están en movimiento a bordo de trenes y vehículos.

Aseguran que más de cien de los 250 intérpretes funcionarios a la Eurocámara han tenido que acudir a los servicios médicos de la institución por ese motivo.

La emergencia sanitaria derivada del covid convirtió desde 2020 en habituales las intervenciones telemáticas a distancia de los eurodiputados, para garantizar la continuidad en el trabajo del Parlamento. Pero el pasado 13 de junio, según la AIIC, la Eurocámara eliminó "las principales medidas de atenuación de riesgos asociados a esta exposición".

Los intérpretes recuerdan que pueden pasarse varias horas seguidas haciendo traducción simultánea, en condiciones que requieren de una especial atención y concentración en las que cualquier ruido no deseado puede afectar a la comprensión del sonido. Además, reiterada en el tiempo, esa exposición supone un serio riesgo para su aparato auditivo.

Después de varios intentos de negociar con la Eurocámara, convocaron una huelga de dos semanas en la que siguen acudiendo a sus puestos, pero negándose a interpretar ninguna intervención remota, advirtiendo previa y cortésmente a su interlocutor de que no van a traducir su discurso. También han decidido que las intervenciones "de oradores conectados desde Ucrania, dada su naturaleza excepcional, seguirán interpretándose".

Con esas acciones, los intérpretes pretenden llamar la atención sobre los problemas de salud que enfrentan, sobre el incumplimiento de la normativa técnica sobre interpretación y sobre "la necesidad de diálogo y acuerdo sobre las condiciones de trabajo adaptadas a la forma en la que el Parlamento tendrá probablemente que desarrollar su trabajo en el futuro". Subrayan que su problema no es con la Presidencia de la institución, que ejerce la diputada maltesa Roberta Metsola, sino con las direcciones generales de Logística e Interpretación de Conferencias y de Recursos Humanos.

La primera jornada de huelga fue el pasado lunes, pero los intérpretes se encontraron con que la Eurocámara había contratado esquiroles para reventarla.

"No solo están saltándose las garantías del derecho de huelga, que está expresamente recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sino subcontratando mediante agencias externas a compañeros que ni siquiera están acreditados para trabajar en el Parlamento e incluso, en algunos casos, no han pasado los tests previos de acreditación", asegura un intérprete que pide guardar su anonimato.

La citada fuente añade que se trata además de contrataciones precarias, en algunos casos por horas o por medios días, lo que incumpliría los acuerdos que regulan la interpretación en la Eurocámara. A los intérpretes externos, además, se les ofrecen salarios que no llegan a la mitad de los oficiales, y que se reducen aún más si se detectan fallos técnicos que compliquen o impidan la interpretación, porque se responsabiliza de ellos a los trabajadores dado que se les obliga a trabajar en sus domicilios y a utilizar sus propias herramientas informáticas y de conexión a la red.

Público ha podido constatar documentalmente los contactos entre el Parlamento Europeo y varias agencias privadas de interpretación para ofrecer trabajo a intérpretes externos en eventos concretos, como la Comisión de Industria del pasado lunes y un encuentro sobre asuntos de la UE y relaciones internacionales que se celebrará este jueves, 30 de junio. También ha sabido del rechazo de algún profesional que ha considerado inaceptables las condiciones que le proponían.

Fuentes del servicio de prensa de la Eurocámara aseguran que la institución "trata con la máxima seriedad la salud de los intérpretes", que aplica "las recomendaciones y orientaciones recibidas por el servicio médico" y que el diálogo con los intérpretes se lleva a cabo "de forma regular". Añaden que cuando la calidad del sonido es insuficiente, éstos "tienen y han tenido siempre la posibilidad de tomar la decisión profesional de interrumpir la interpretación".

El Parlamento Europeo asegura además que desde el 13 de junio todas las reuniones, "incluidas las comisiones y el pleno, se organizan ahora igual que antes de la pandemia: los eurodiputados deben estar presentes en las salas si desean intervenir en los debates o votar". "Respecto a la contratación de prestadores de servicios externos para organización de conferencias", concluyen, "es una decisión operacional que se utiliza para garantizar la continuidad de las actividades del Parlamento".

La Eurocámara no ha contestado sin embargo a las preguntas expresas de Público sobre el número de intérpretes con problemas auditivos detectados por sus servicios médicos, ni sobre si la normalización de las intervenciones a distancia puede llegar a afectar a la calidad democrática de la institución.

Porque para algunos el debate de fondo es ese: si, al margen de cuestiones técnicas, una asamblea política puede y debe funcionar sin que sus 705 miembros, que provienen de veintisiete estados y están adscritos a siete grupos políticos diferentes y participan en veintiséis comisiones y 45 delegaciones, se reúnan e interactúen en persona.

"El nuestro es un problema jurídico, de salud y de diálogo social", asegura el intérprete citado en este texto, "pero es cierto que también está poniendo de manifiesto el problema político que puede suponer la normalización de las intervenciones a distancia y la no presencia de los eurodiputados en el Parlamento Europeo".