El fraude de los becariosEl incierto futuro de los becarios: de los abusos laborales a cobrar el salario mínimo

El futuro laboral de los estudiantes en prácticas sigue siendo una incógnita. El decreto que el Gobierno presentó el pasado diciembre para incluir la obligatoriedad de dar de alta a todos los becarios en la Seguridad Social ha rescatado del olvido la proposición de ley presentada por Unidos Podemos en el Congreso para regular las prácticas académicas universitarias externas.

A pesar de que existen dos iniciativas en esta materia, parece que ninguna puede resolver, al menos a corto plazo, la situación de los becarios. En el caso de la proposición de ley esto es debido, directamente, al bloqueo que sufre en la Cámara Baja. El del decreto del Ejecutivo es otro asunto.

El Gobierno ha incluido la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a todos los estudiantes en prácticas en el decreto de actualización de las pensiones, que también regulaba otras materias. Antes de la iniciativa del Ejecutivo, cotizaban a la Seguridad Social aquellos becarios que hacían prácticas curriculares –las que computan como una asignatura y llevan asociada la consecución de créditos- y aquellos que hacían prácticas extracurriculares remuneradas. En ambos casos era la empresa la que se encargaba de abonar las cotizaciones de los becarios, aunque en el caso de las prácticas que entraban dentro de los planes de estudios el Estado otorga, desde 2014, una bonificación del 100%.

Con el decreto, los becarios que estén haciendo prácticas extracurriculares –sean remuneradas o no- deben ser dados de alta en la Seguridad Social; sin embargo, la iniciativa llegó a inquietar a la comunidad universitaria, ya que no especifica quién debe hacerse cargo de las cotizaciones, la empresa o la universidad. Literalmente el texto recoge que “en el caso de prácticas y programas formativos remunerados” el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad Social se efectuará a cargo de “quien corresponda de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso”.

En el caso de programas y prácticas formativas no remuneradas, se establece que el coste de las cotizaciones correrá a cuenta de la empresa, institución o entidad en el que se desarrollen las prácticas, excepto que el convenio o acuerdo de colaboración especifique que debe ser la universidad la que corra con los gastos.

El Gobierno mantuvo este miércoles una reunión con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) para “abrir un diálogo” sobre el futuro de los estudiantes en prácticas. En el seno de este encuentro, ambas partes acordaron que la obligatoriedad de incluir a todos los becarios en el sistema de Seguridad Social no entrase en vigor hasta el curso que viene, por lo que las posibles reformas que se puedan plantear en esta materia ganan tiempo.

Además, desde la CRUE han asegurado en la reunión el Ejecutivo había manifestado su “predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos” derivados de la aplicación de la medida.

El decreto rescata del olvido la ley de Podemos

El decreto del Gobierno ha rescatado del olvido la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas externas presentada por Unidos Podemos. Desde el partido destacan que en su iniciativa se establece que “todas las prácticas” deben ser remuneradas y que es la empresa la que debe hacerse cargo de las cotizaciones de los becarios a la Seguridad Social.

En el artículo 11 de la proposición se formula un “Estatuto de los estudiantes en prácticas” en el que se recoge cómo debe quedar la situación laboral y retributiva de los becarios. De esta manera, se establece que, durante la realización de las prácticas, las personas beneficiarias tendrán derecho a una retribución económica mensual, abonada por la entidad colaboradora, “cuya cuantía mínima no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional vigente, calculado en proporción a la duración horaria de las prácticas”.

Además, la institución o empresa deberá hacerse cargo, “según lo dispuesto en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación al departamento o área en el que se desarrollen las prácticas, de todos los costes necesarios para la actividad de la persona en prácticas que incluirá, entre otros, transporte y manutención”. La iniciativa también limita el número de becarios que puede tener cada empresa en función de los trabajadores contratados.

La tramitación de la proposición de Unidos Podemos es toda una carrera de obstáculos en el Congreso. La Cámara la admitió a trámite en noviembre de 2017, pero no fue hasta un año después, en noviembre de 2018, cuando pasó su segunda prueba de fuego superando el debate de totalidad. Tras más de un año en trámite, la iniciativa se encuentra bloqueada por las sucesivas peticiones de PP y Ciudadanos para prorrogar el plazo de enmiendas al articulado.

Sin embargo, la incertidumbre que generó la norma en la comunidad educativa parece haber abierto una grieta en el bloqueo. Fuentes de Unidos Podemos aseguran que están negociando con Ciudadanos para que desbloqueen la iniciativa y se pueda continuar con el trámite, algo que los de Albert Rivera admiten.

Podemos y Cs negocian para desbloquear la ley que establece que los becarios cobren en función del SMI

A Cs no le convence “para nada” la propuesta de Podemos, pero manifiestan su preocupación por la polémica que a su juicio ha generado el recurso del Gobierno. En este sentido, reconocen su preferencia porque la materia se regule a través de un decreto, pero admiten que, en estas circunstancias, podrían replantearse levantar el bloqueo a la proposición de ley y tratar de “mejorar el texto” con sus enmiendas.

Ambos partidos mantienen contactos con diferentes organismos y representantes de la comunidad universitaria para tratar de desencallar la situación. La diputada de Cs Marta Martín registró hace unas semanas una batería de preguntas escritas al Ejecutivo para aclarar algunas cuestiones del decreto.

La parlamentaria ha preguntado si los ministerios de Trabajo, Universidades y Educación han realizado “estimaciones del efecto que sobre las prácticas universitarias y de formación profesional” tendrá la medida y a cuánto asciende la cuantía de esas estimaciones. Desde Ciudadanos también quieren saber cómo piensa garantizar el Gobierno la solvencia económica de los centros educativos para poder cubrir los gastos que les generarán las prácticas de sus alumnos.