La Fiscalía retira los cargos contra cuatro procesados por 'Rodea el Congreso' y rebaja la petición de cárcel para el resto

La Fiscalía ha rebajado la petición de pena de cárcel para todos los jóvenes juzgados por agredir a policías en la convocatoria de Rodea el Congreso del 14 de diciembre de 2013, para los que solicitaba hasta seis años de cárcel: exonera a cuatro y disminuye a la mitad la pena que solicitaba para otros ocho.

Así lo ha pedido la fiscal este lunes al elevar a definitivas sus conclusiones en el juicio, que ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal 11 de la capital, contra doce jóvenes para los que pedía inicialmente hasta seis años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones, daños y resistencia.

Para Daniel M.B., Álvaro J.G., Roberto G.I., Raúl R.M. y ManuelV.G. la fiscal ha rebajado las solicitudes de penas de seis años de prisión a tres años y un mes: cinco meses por el delito de desórdenes más otros 32 por el atentado con lesiones.

Respecto a Carlos P.N., Alejandro M.P. y Bárbara L.D., para los que también pedía seis años de cárcel, el Ministerio Público reclama finalmente para cada uno, por el mismo tipo de delitos, 30 meses de prisión (dos años y medio).

La Fiscalía absuelve de los delitos de desórdenes y atentado en concurso con lesiones a Jaime M.S., para quien también pedía una condena de seis años de privación de libertad y que rechazó en su intervención ante el tribunal haber participado en la protesta, una versión que ha valorado el Ministerio Público.

El Ministerio Público ha retirado la acusación contra GuillermoU.G., Rocío R.P. y Javier O.S. por delitos de desórdenes y resistencia, por lo que la sentencia para ellos será absolutoria. Mantiene, por contra, la petición de multa de 12 euros al díadurante doce meses (4.320 euros) para los acusados Raúl y Daniel.

Carlos fue el único de los imputados que admitió haber lanzado, por rabia, algún envase de tipo tetrabrik de unos contenedores volcados en mitad de la calle contra efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) al recibir el impacto de una pelota de goma. A excepción de Carlos y de Jaime -que negó haber estado en la convocatoria- el resto de los acusados declararon haber participado en la manifestación, si bien alegaron que nunca golpearon ni arrojaron objetos a los policías.

La fiscal ha remarcado que las declaraciones de los policías nacionales presentes aquella tarde, ya fuera de paisano o de uniforme, son los "instrumentos utilizados para poner nombre y apellidos" a los acusados, y ha restado importancia a las identificaciones hechas en los vídeos colgados en las redes sociales. "Lo que empezó siendo una manifestación ilegal pero pacífica" se convirtió, ha señalado, en "una auténtica batalla campal" por la actitud de un grupo de violentos que se dedicaron a agredir con el lanzamiento de botellas y adoquines a los agentes, que tuvieron que refugiarse bajo sus escudos.

La fiscal ha hecho hincapié en el anonimato utilizado por los violentos para buscar "la impunidad que genera la masa" en perjuicio de la convivencia pública, puesta en peligro, a sus ojos, con las lesiones a 14 de los agentes que intervinieron, además de los daños causados a un coche de la Policía Municipal, cuya reparación costó 4.000 euros.

Las defensas, personadas en la causa por hasta nueve abogados, han coincidido en reclamar una sentencia absolutoria para los doce acusados al no dar credibilidad a las declaraciones de los agentes como testigos. 

Desde la bancada de las defensas, los letrados han considerado que resulta insuficiente para mantener la acusación pública que la Fiscalía se limite a las testificales de los agentes. Ninguno de los doce procesados ha querido emplear el turno de última palabra.