La Fiscalía General del Estado no recurrirá ante el Tribunal Supremo la revocación de la condena a Ana Botella por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre: no considera "acreditado" que esta operación, por la que el Tribunal de Cuentas condenó a la exalcaldesa de Madrid y a parte de su equipo en primera instancia, y los exoneró meses después -con el voto de dos consejeros afines al PP-, causase un "perjuicio" a las arcas públicas. 

Público ha accedido a la misiva remitida por el Ministerio Público al grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid Podemos-IU-Madrid en Pie, en el que la Fiscalía rechaza su petición de plantear recurso de casación ante el Alto Tribunal. 

Además de no considerar acreditado este "perjuicio real, efectivo y cuantificado", razona que no sería "coherente" plantear recurso contra una decisión que "básicamente, coincide con nuestro planteamiento de fondo".

Sin embargo, el propio Tribunal de Cuentas cuantificó el agujero causado por esta venta de vivienda social en 25.7 millones. A su vez, la concejal del Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, aseguró que el importe total asciende a 127 millones de euros.

Pese a todo, el Ministerio Público dice ser "consciente de la situación generada por estas operaciones". "Y que somos sensibles ante los innumerables trastornos que se han provocado a los afectados por las mismas", apunta la misiva. Lleva la firma del fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica, Fernando Rodríguez Rey, y está fechada el 20 de septiembre.

Por su parte, Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid y diputada en la cámara autonómica, tilda de "inauditos" los dos motivos de la Fiscalía para rechazar su petición. El primero es "ser coherente" con sus posiciones anteriores, y el segundo, "quizás más peregrino", es que "no se ha probado el dolo para lo público. Si no se ha cuantificado es que algún papel se les ha traspapelado", ironizaba.

Las diputadas de Podemos-IU-Madrid en Pie Sánchez y Vanessa Lillo, así como la presidenta de la asociación de afectados por la venta de vivienda pública a fondos de inversión, Arancha Mejías, registraron su petición de actuación a la Fiscalía el pasado 30 de julio. 

El escrito defendía que hay "elementos de juicio más que suficientes para considerar imprescindible que sean los tribunales de la jurisdicción ordinaria, y más concretamente el Tribunal Supremo, quien pueda conocer y resolver definitivamente el asunto planteado, sin que cercene ninguna oportunidad procesal para la defensa del interés social".

Sólo un par de días antes, el pleno del Ayuntamiento de Madrid se posicionó a favor de recurrir esta venta, si bien el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se ha negado a obedecer esta moción, que no es vinculante, aunque exprese la voluntad política de la mayoría del pleno. 

De hecho, la decisión de Almeida de boicotear este recurso contra la sentencia de apelación del Tribunal de Cuentas puede salirle cara: Más Madrid y PSOE le han amenazado con emprender acciones legales. Se han valido de los plenos de martes y miércoles para abordar esta cuestión, como previsiblemente también se servirán de la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) previsto para este miércoles. 

"El precio de venta de esas promociones se encontraba dentro de los márgenes ofrecidos por las tasaciones obrantes en la causa y, en definitiva, de los precios de mercado", sostiene la Fiscalía. Tampoco habría "prejuicio" por las cantidades "abonadas en concepto de intermediación" para esta venta, ya que "quedó acreditada la prestación de estos servicios", zanja el escrito.