Unas mil personas llenaron este domingo las calles de Ripoll para protestar contra la extrema derecha y las políticas del gobierno municipal de Sílvia Orriols, que calificaron de "persecutorias hacia la disidencia". La manifestación, convocada por el casal popular La Metxa, se produjo después de que el Ayuntamiento emitiera una notificación de cierre temporal del espacio, considerado un "riesgo para la seguridad y la convivencia" en la ciudad.

Esta orden no ha sido la única controversia que impulsó la protesta. Los manifestantes también denunciaron otras prácticas que consideran abusivas y que se han desplegado a lo largo del mandato, como las "multas arbitrarias" dirigidas a personas críticas con Aliança Catalana (AC) que gobierna en solitario en Ripoll, la islamofobia en los discursos de Orriols, y las dificultades administrativas que, según dicen, obstaculizan el empadronamiento.

Omar Elabdali, miembro de la Associació Marroquina Juvenil del Ripollès, considera que la alcaldesa ha ejercido una gestión "polémica y restrictiva" al frente del consistorio desde que asumió el cargo en junio de 2023. Según él, las medidas que ha implementado "no son ni inclusivas ni justas", sino que parecen orientadas a "limitar derechos, imponer una agenda personal y restringir la libertad de quienes no comparten su visión".

Desde su punto de vista, las políticas municipales no reflejan una imagen de lugar acogedor para las personas migrantes. Solo las acciones antifascistas organizadas por los vecinos, como la de este fin de semana, contribuyen a revertir esta situación.

"El discurso excluyente, basado en una visión estereotipada de la comunidad musulmana, no solo es injusto, sino que es peligroso. Ripoll, con su portalada románica, aspira a ser reconocido como patrimonio universal de la UNESCO. Pero ¿cómo puede aspirar a la universalidad una ciudad que no reconoce el valor de su propia diversidad?", se pregunta Elabdali.

Con el pretexto de que "normalizaba la misoginia islámica", el Ayuntamiento censuró el cartel de la fiesta mayor porque aparecía una chica con velo y denunció al menos a tres vecinos por colgarlo, entre ellos una miembro de Unitat contra el Feixisme i Racisme Osona-Ripollès y exconcejala de ICV Carme Brugarola. La tramitación de los expedientes ha seguido su curso y se ha enviado una notificación a los afectados, quienes han podido presentar una alegación. La denuncia aún está por resolverse, pero las sanciones pueden oscilar entre 750 y 3.000 euros, según la gravedad de los hechos.

El Ayuntamiento como una herramienta de promoción al Parlament

En cuanto a la oposición, el concejal de Alternativa per Ripoll-CUP Daniel Vilaseca argumenta que la gestión de Orriols es de "muy bajo perfil político" en el sentido del día a día. "No tiene un interés especial en las cuestiones diarias, pero, en cambio, utiliza el Ayuntamiento como una plataforma de propaganda política para sus intereses en el ámbito nacional", añade.

El anticapitalista cree que Orriols "ya ha conseguido su objetivo" —ser diputada en el Parlament— y que, por lo tanto, "no tiene ningún escrúpulo a la hora de cerrar el casal, poner multas o perseguir la disidencia", ya que todo ello forma parte de su estrategia para avanzar políticamente. Según Vilaseca, la alcaldesa podría haber "rebajado posturas para llegar a consensos", pero se ha centrado en aquello que le da "más rédito". Recordemos que Aliança Catalana gobierna en minoría con 6 concejales —de un total de 17— y que no logró aprobar los presupuestos de este año.

Coincide con Vilaseca la concejala de ERC Chantal Pérez, quien asegura que la alcaldesa "busca polémica para gobernar a golpe de tuit". "Sílvia Orriols solo buscaba promocionarse para llegar al Parlament. No ha hecho nada por Ripoll. Ni ha cerrado nada de lo que prometía, ni ha mejorado la seguridad. Solo ha recortado derechos", lamenta.

Uno de los asuntos que más revuelo ha generado es la gestión del padrón municipal. La ley establece que cualquier ciudadano que presente documentos que acrediten su residencia puede ser empadronado inmediatamente, con las comprobaciones pertinentes a posteriori. No obstante, Elabdali denuncia que ahora el Ayuntamiento "aplica un procedimiento de verificación previo" —que antes solo se utilizaba en casos excepcionales— y que está generando una lista de espera que llega a los tres meses, "obstaculizando el acceso de los solicitantes a servicios básicos" como la salud.

Las ambivalencias de Orriols

El concejal de la CUP asevera que "ha ido tanteando temas" como la seguridad, la inmigración y las cuestiones LGTBI para ver cómo se posiciona su entorno. De hecho, dice que su retroceso respecto a la independencia es "brutal": "en el Parlament habla de recuperar el espíritu del 1 de octubre, pero luego no es capaz de mantener la estelada en el Ayuntamiento", añade.

En este sentido, considera que Orriols ha logrado captar votantes de todo el arco ideológico, ya que se posiciona en contra del sistema establecido y, a la vez, tiene un carácter marcadamente tradicionalista: "Personas que habrían votado a Vox, la votaron a ella, pero también ha recibido el apoyo de exvotantes de la CUP".

Pérez, por su parte, apunta que AC ha puesto el acento en la inmigración, vista como un problema, y en que no hay dinero. "Con la boca pequeña dicen que quizá es culpa del anterior Gobierno y de no haber aprobado los presupuestos, pero no quieren llegar a consensos. No hacen nada porque no se espabilan, no tienen proyecto más allá del victimismo por no asumir que tienen que gobernar", dice. Asimismo, reitera que Orriols busca "culpables", pero que ha recortado "lo que le ha convenido siempre con ideas políticas".

En cuanto a otras cuestiones como el independentismo o el colectivo LGBTI, la concejala republicana dice que sabe "jugar" para no perder votos. "Es contradictoria consigo misma. Es independentista, pero como hay votantes que no quieren oír hablar de eso y no quiere ser inhabilitada, quitó la estelada a escondidas y de noche del Ayuntamiento", concluye. En materia de igualdad, dice que "pasa de perfil" para evitar problemas.