Este artículo se publicó hace 5 años.
EUSKADIEl debate sobre el derecho a decidir supera las fronteras del nacionalismo vasco y choca con el muro de PSE y PP
PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos comparten, con matices en su aplicación, la defensa de ese ejercicio por parte de la ciudadanía. Socialistas y populares consideran que ese derecho “no existe”.
Bilbao-
Hay un término del ámbito político vasco que trasciende épocas, ideologías y familias (políticas y carnales). Ya sea en 1979, 2019 o –previsiblemente– 2059, en Euskadi se habló, se habla y se hablará del derecho a decidir. Hay quienes lo defienden a capa y espada. Otros lo rechazan tajantemente. La cuestión aparece en las distintas campañas electorales y ahora está en la mesa de la comisión de expertos que busca, ya casi sin tiempo, cerrar un texto articulado en torno a un nuevo Estatuto.
Ya sea para defenderlo o criticarlo, el derecho de la ciudadanía a expresarse en las urnas sobre el encaje territorial de Euskadi –más allá de las fórmulas que se elijan– está habitualmente presente en el escenario político vasco, ahora marcado por la ausencia de violencia tras la desaparición de ETA.
El propio Parlamento Vasco es un buen reflejo de esa situación. A día de hoy, el 75% de la Cámara comparte unos mínimos en torno al derecho a decidir. No en vano, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos –que suman en total 57 de 75 escaños– se han posicionado a favor del mismo. Sin embargo, esa base común no ha sido suficiente para que los tres partidos lograsen consensuar un texto articulado conjunto de cara al nuevo Estatuto.
“En un plano teórico o conceptual, abogamos por el derecho a decidir y su ejercicio pactado con el Estado”, señalan a Público fuentes de Sabin Etxea, el cuartel general del PNV, donde –no obstante– evitan realizar cualquier comentario sobre el trabajo que realiza la comisión de expertos sobre autogobierno, a efectos de respetar su “confidencialidad”.
Mario Zubiaga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco (UPV), recuerda que el acuerdo de bases suscrito por PNV y EH Bildu en julio de 2018 “recogía el derecho a decidir de la ciudadanía vasca”. De hecho, el grupo de expertos designado por el Parlamento tiene como encomienda “salvaguardar esas bases, por lo que tiene que estar presente el derecho a decidir”, apunta Zubiaga.
Ahí radica, precisamente, una de las mayores incertidumbres del panorama político actual: “hay que ver cómo conecta ese respeto a las bases firmadas con el otro mandato del Parlamento, dirigido a ampliar consensos”, destaca el profesor de la UPV. A su juicio, el PNV se mueve entre “ser fiel a lo que firmó con EH Bildu” y los intentos para “acercar a EH Bildu y Elkarrekin Podemos”. “Ese juego táctico del PNV le lleva muchas veces a perder la visión estratégica”, remarcó.
El profesor de sociología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Ricardo Feliú señala que en torno a este debate hubo un hito: el nacimiento de la plataforma Gure Esku Dago (Está en nuestra mano), que inició su andadura en 2013 para reivindicar, precisamente el derecho a decidir. “No hace falta ser un experto analista para ver cierta influencia de la onda expansiva que tuvo tanto el 15M como la desafección política que se registraba”, subraya Feliú.
A su juicio, entonces se produjo “un cambio muy importante, porque se deja de usar el término ‘derecho de autodeterminación’. Hubo una transformación del lenguaje y de ciertos discursos buscando aproximarse a actores sociales que estaban lejanos”, remarca.
En el ámbito partidista, Feliú señala que las estrategias de PNV y EH Bildu tienen sus diferencias. Por un lado, sostiene que la coalición abertzale “tiene como uno de sus grandes ejes el derecho a decidir en una clave social y económica, aunque también se mueve en una clave nacionalista clásica”. “A medio plazo se plantea una ruptura del marco constitucional vigente para constituir un estado nuevo, con Euskal Herria como término de referencia”, apunta.
En cuanto al PNV, Feliú cree que “utiliza el derecho a decidir, no tanto en el ámbito social y económico, sino en torno al reconocimiento de Eusakdi como nación y con una profundización desde un punto de vista autonomista, sin plantear una ruptura con el marco constitucional vigente”.” Es más ambiguo que Bildu”, considera.
La vía canadiense
Mientras tanto, desde Podemos remarcan que desde sus filas “siempre se ha defendido el derecho a decidir”. Lo hacen mediante una apuesta por la vía canadiense, en referencia al recorrido efectuado a nivel legal en Canadá para permitir la consulta en Québec. De hecho, la formación morada defiende una “Ley de Claridad” en el Estado español que regule este asunto y abra la puerta a su ejercicio.
Zubiaga sostiene que la vía canadiense “es un principio general que lo asumen tanto Podemos como el PNV y la izquierda abertzale”. “Luego hay que ver cómo hacer operativo ese principio”, apunta. En tal sentido, cree que “el salto a un reconocimiento expreso al derecho a decidir produce problemas” en filas de Podemos, “sobre todo en Madrid”.
Por su parte, Feliú cree que la postura de Podemos “se ha ido definiendo en la ponencia sobre autogobierno”. “Coincide con Bildu en el tema de derechos sociales, pero en lo relacionado con romper el marco constitucional para crear otra entidad diferente, Podemos pone encima de la mesa que no es lo prioritario dentro de la sociedad vasca”, subraya.
“No existe”
En el PSE y el PP, los otros dos grandes partidos estatales con representación en el Parlamento Vasco, no quieren ni oír hablar sobre ese derecho. Ambas formaciones sitúan ese asunto en el campo de las reivindicaciones del nacionalismo vasco, por lo que se mantienen totalmente alejadas de cualquier tipo de acuerdo que busque facilitar su realización.
“No aceptamos el derecho a decidir porque no existe”, afirmó Idoia Mendia, secretaria general del PSE, en una entrevista publicada el pasado 17 de noviembre en el diario El Mundo. “No creemos en el derecho a decidir, es una falacia. Es una creación de tiempos de Ibarretxe”, abundó. En el PP de Alfonso Alonso tampoco quieren ni oír hablar de este tema. Allí lo tachan, directamente, de un intento de desbordar la Constitución.
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