Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha solicitado en la tarde de este lunes la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados del ministro de esa cartera, Fernando Grande-Marlaska, para "dar cuenta del acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policías (SUP) y la organización ultra Desokupa para la formación en defensa personal de 30.000 agentes de policía", tal y como se puede leer en el escrito, al que ha tenido acceso Público.

El firmante del registro de solicitud de comparecencia con la que ERC quiere que el ministro explique a viva voz la postura del ministerio sobre el caso es el portavoz republicano, Gabriel Rufián.

Fue este domingo cuando el propietario de la empresa de desalojos extrajudiciales anunció a través de la red social X, antes Twitter, que su empresa iba a hacerse cargo de un curso de formación en defensa personal "muy real". En concreto, en cada curso se va a formar, siempre según Esteve, hasta a 500 policías a la vez con 18 formadores.

Además de este movimiento de ERC, Sumar o el diputado otrora del Grupo Parlamentario Socialista José Luis Ábalos han registrado preguntas por escrito al Ministerio del Interior con las que también esperan que se tomen cartas en el asunto.

Ya en el mes de junio, Podemos introdujo una ley en la Cámara Baja para ilegalizar este tipo de empresas, algo que ya había hecho en otras ocasiones. "Desokupa es una organización paramilitar que debería estar ilegalizada en España, tal y como hemos propuesto en reiteradas ocasiones en el Congreso", ha publicado en X la líder de la formación morada, Ione Belarra.

En cualquier caso, Interior se apresuró en aclarar este domingo que los cursos de los que habla Esteve no son homologables y "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía". Además, estudia impugnar el acuerdo entre el SUP y Desokupa.

Tal y como informó la Agencia EFE, el Ministerio del Interior se compromete a garantizar, dentro de los cauces habilitados por el ordenamiento jurídico, que cualquier formación externa, incluso si no está reglada y carece de valor académico, respete plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales.