La resolución del Tribunal Supremo que resitúa la sentencia del Procés en el marco del nuevo Código Penal ha sido duramente criticada desde todos los sectores del independentismo por su extrema dureza a través de una interpretación del delito de malversación que se considera totalmente fuera de lugar. Pero más allá del debate jurídico, las consecuencias políticas de la decisión del alto tribunal tendrán su plasmación en la reconfiguración de los liderazgos que tanto en ERC como en Junts fuerza la nueva sentencia.

La inhabilitación de Oriol Junqueras elimina de raíz el debate interno en ERC sobre futuras elecciones al Parlament en que Pere Aragonès consolida su figura como president y presidenciable. Pero se abre la puerta al retorno de Marta Rovira, cosa que supondría un revulsivo para los republicanos. En el caso de Junts ven frenada la posibilidad que Jordi Turull vuelva a la arena electoral y queda la incógnita del futuro de Puigdemont, pero algunos dirigentes importantes como Quim Forn, Josep Rull o Jordi Sánchez tienen luz verde, después de la resolución del Supremo, para la pugna electoral y no es descartable que opten a ello.

Con la agitación que su irrupción puede suponer en la eterna pugna en Junts entre el sector radical de Laura Borràs, inmersa también en un procedimiento judicial que la puede dejar fuera de la política, y los dirigentes pragmáticos que han visto impulsado su sector con la vuelta a la arena electoral de uno de los máximos exponentes de la antigua Convergència como es Xavier Trias. En todo este escenario se plantean algunas incógnitas que conviene analizar.

¿Cómo afecta a los dirigentes independentistas la resolución del Tribunal Supremo sobre la adaptación de la sentencia del Procés al nuevo Código Penal?

La afectación a cada uno de los nuevo dirigentes independentistas que fueron condenados en su día a prisión y posteriormente indultados se divide en dos bloques: los castigados y los exonerados. En el primer grupo, la sentencia del Supremo se ha considerado extremadamente dura porque mantiene intacta la pena de inhabilitación a cuatro de ellos y son pesos pesados de la política catalana. Concretamente el presidente de Esquerra Republicana, Junqueras, y los también dirigentes republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa. En este grupo también está incluido el actual secretario general de Junts per Catalunya, Turull.

A Junqueras se le mantienen los 13 años de inhabilitación y a los otros tres los 12 años que ya tenían. A todos ellos se les aplica el delito de malversación en el supuesto más grave. En palabras del abogado de ERC, Andreu van den Eynde, "es esperpéntico, se elimina el delito de sedición por el que fueron condenados a unas penas, pero se mantienen las mismas penas". Van den Eynde dice no mostrarse sorprendido pero asegura que "siempre estamos expectantes para ver como conseguirán retorcer en la sentencia la interpretación de la ley para justificar las condenas que aplican".

Ahora bien, la reforma del Código Penal sí que ha tenido efectos positivos en algunos de los procesados. Un segundo grupo de los nueve dirigentes encarcelados en su día ha quedado totalmente exonerados por el Supremo en aplicación de la nueva legislación a pesar de que arrastraban una inhabilitación de entre nueve y 11 años y medio. Son la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los expresidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y los exconsellers Quim Forn y Josep Rull. Todos ellos recuperan sus derechos civiles y podrán rehacer sus vidas e incluso retornar a la vida política desde el punto de vista electoral e institucional. Cosa que como explicaremos también tendrá consecuencia en la política catalana.

¿Cuáles son las consecuencias para ERC y más concretamente para Oriol Junqueras?

Como es obvio, la principal consecuencia para Esquerra radica en el mantenimiento de la inhabilitación para su principal líder, Junqueras. Esto quiere decir que hasta mediados de 2031 Junqueras no podrá optar a un cargo público ni presentarse a las elecciones. A no ser que antes una instancia jurídica superior tumbe la resolución del Supremo. Bien sea el Tribunal Constitucional español o el Tribunal Europea de Derechos Humanos. Se ha especulado con la posibilidad de que Junqueras hubiera fijado rumbo para ser presidenciable de la Generalitat en 2025 si finalmente se agota la legislatura como se prevé. E incluso la concurrencia a las generales de este año.

Todo ello en caso de que se hubiera dado por extinguida la pena de inhabilitación con una interpretación benigna de la malversación siguiendo el espíritu del legislador en la reforma del Código Penal. Fuentes de la dirección de Esquerra niegan rotundamente la mayor y aseguran que "en ningún momento hemos hecho ninguna previsión porque eso es hacer castillos en el aire y sabemos muy bien cómo de antidemocráticamente actúa la justicia española". Y estas fuentes añaden que la voluntad del Govern es agotar la legislatura y que en las futuras elecciones "nuestro candidato, si así lo decide la militancia, es el president de la Generalitat", es decir Pere Aragonès.

En cualquier caso, la decisión del Supremo cierra las especulaciones de entrada. Y aunque Esquerra mantendrá a Oriol Junqueras al frente del partido –fue reelegido presidente en el reciente proceso congresual– obligará a los republicanos a reconfigurar sus liderazgos con Junqueras, Romeva y Bassa fuera del circuito electoral. Además, Forcadell, la única exonerada de Esquerra, no tiene previsto volver a primera línea de la política. En privado, los dirigentes de Esquerra reconocen que, no por esperada, la decisión del Supremo deja de ser un jarro de agua fría. Aunque la portavoz del partido, Marta Vilalta, recuerda que "tenemos un abanico de liderazgos muy grande para empujar hacia adelante nuestro proyecto para el país que pasa por la independencia y más justicia social".

Por otra parte, más allá de los sentenciados del Procés, la reforma del Código Penal y la interpretación hecha por el Supremo tiene una cara y una cruz en Esquerra. La cara es que con la desaparición de la sedición, la secretaria general, Marta Rovira, podría volver próximamente de su exilio en Ginebra. Al no poder ser acusada de malversación porque no formaba parte del Govern le quedaría enfrentarse a un juicio por desobediencia. Su retorno sería un impulso fundamental para llevar las riendas de Esquerra y mientras no haya una sentencia de inhabilitación podría presentarse a las elecciones. La cruz es que la dureza de la interpretación de la malversación por el Supremo hace prever que dirigentes importantes de Esquerra como Josep Maria Jové –actual portavoz parlamentario– o Josep Lluís Salvadó –actualmente presidente del Port de Barcelona– podrían ser condenados por el TSJC a duras penas de prisión en el juicio a celebrar en los próximos meses. Un hecho que generaría conmoción en las filas republicanas y que se observa con preocupación.

¿Cuáles son las consecuencias para Junts per Catalunya?

El principal afectado de Junts per Catalunya es su secretario general, Turull, al cual el Supremo le mantiene íntegramente los 12 años de inhabilitación a los que estaba condenado. Turull es contundente sobre la resolución: "Quien marca quien puede hacer política o no en Catalunya es el Tribunal Supremo, no las urnas". Turull queda de esta forma fuera de juego en el terreno electoral, en un momento en que la cúpula de Junts puede sufrir una debacle considerable si la presidenta del partido y última candidata a la presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, es condenada en su juicio –acaba de empezar– por presuntas irregularidades al frente de la Institució de les Llestres Catalanes. Estos dos escenarios judiciales combinados abrirán una nueva pugna entre sectores de Junts por la candidatura a la presidencia de la Generalitat en las futuras elecciones a celebrar el 2025 o con anterioridad.

La decisión del Supremo tiene una parte positiva para Junts nada menospreciable. La exoneración de Quim Forn permite al exconseller de Interior presentarse a las próximas elecciones municipales. No hay confirmación de ello pero Forn es un peso pesado de la política municipal de Barcelona y fue mano derecha de Xavier Trias. Con el exalcalde de nuevo al frente de la candidatura de Junts, Forn encaja perfectamente y en su condición de expreso del Procés sería un refuerzo considerable que permitiría a Trias disipar las críticas por su poco compromiso con el independentismo. Forn ya fue hace cuatro años el cabeza de lista de Junts a la alcaldía de Barcelona desde la cárcel.

Por su parte, el exconseller Josep Rull podría también presentarse a las elecciones, en este caso a las del Parlament. Fue un destacado dirigente en CDC y como expreso podría liderar en mejores condiciones al sector pragmático neoconvergente frente a los sectores más radicales del partido desde el punto de vista independentista. Podría disputar ese liderazgo a figuras como la del exconseller Jaume Giró. Y aún quedaría por ver el futuro de Jordi Sànchez, también exonerado. Sànchez es el carismático líder de la ANC durante el octubre del 2017 aunque su paso por la vida interna del partido ha sido convulsa y fue defenestrado como secretario general de Junts. Pero nadie duda de sus grandes capacidades políticas y según fuentes próximas al político, no descarta volver a la primera línea de la política activa. Todo ello reconfigurará evidentemente el esquema de liderazgos en Junts.

¿Cómo afecta la resolución a los dirigentes independentistas del extranjero?

La reforma del Código Penal ha suprimido el principal de los delitos por los que el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha emitido numerosas euroórdenes de detención y entrega de los dirigentes independentistas que en 2017 se pusieron a salvo en el extranjero. Hasta ahora con un éxito descriptible de cero entregas. A partir de ahora la situación divide los exiliados en dos bloques. Aquellas que como la exconsellera Clara Ponsatí –eurodiputada de Junts– o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, no tienen petición por malversación y que sin la sedición serían solo perseguidas judicialmente por desobediencia. Como ya han hecho la consellera de Esquerra, Meritxell Serret, o la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, podrían volver al Estado español sin peligro de entrar en prisión.

Por otra parte quedaría el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers, Toni Comín y Lluís Puig. A ellos sí que se les pide malversación y una vez fijada la posición del Supremo sobre este delito, la previsión de penas importantes de prisión está claramente sobre la mesa. De hecho, siguiendo la doctrina fijada con las inhabilitaciones de los procesados se podrían fijar penas de prisión equiparables a la sedición. Ello hace impensable el retorno voluntario y faltará ver como evoluciona en Bélgica el proceso sobre las euroórdenes después de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea. Y en el caso de Puigdemont y Comín –además de Ponsatí- queda también pendiente la resolución sobre la retirada de su inmunidad como europarlamentarios. Sin la retirada de la inmunidad, Llarena no podrá hacer efectivas las euroórdenes y quedarían en libertad, aunque con el riesgo de pisar el Estado español donde no queda claro si la justicia española acataría la decisión sobre la inmunidad europea.

¿Cómo afecta la resolución judicial a la unidad independentista y la pugna interna del movimiento?

El independentismo continúa igual de dividido, o más, en todos los frentes después de la decisión del Tribunal Supremo sobre la sentencia del Procés. Esquerra pone en valor los aspectos positivos para la desjudialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado conseguidos con la reforma del Código Penal pactada con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos en la mesa de diálogo. Mientras la CUP y Junts –a pesar de que algunos de sus dirigentes se han visto beneficiados– critican a Esquerra por sus acuerdos con Pedro Sánchez que consideran han sido "un fracaso" en el terreno antirepresivo y de resolución del conflicto.

Así las cosas, la unidad de acción del independentismo se mantiene totalmente rota y dificulta la gobernabilidad de Catalunya, que de momento el Govern de Esquerra ha conseguido estabilizar gracias a un acuerdo estratégico de presupuestos con grupos no independentistas como el PSC y En Comú Podem. "La represión es también un arma para dividirnos, además de un castigo", asegura en este punto un destacado dirigente independentista.

¿Cuáles son ahora los pasos judiciales sobre la resolución del Supremo?

La resolución del Supremo que adecua la sentencia del Procés al nuevo Código Penal reformado es firme pero admite diversos recursos. El primero será el que presentarán los dirigentes independentistas más damnificados frente al mismo Tribunal Supremo. Algunos como Jordi Sánchez podrían presentar también el recurso a pesar de haber visto extinguirse su pena por el desacuerdo en la aplicación de los desórdenes públicos a su caso, que juntamente a Jordi Cuixart niegan de lleno. Todos ellos pedirán la nulidad. Hay un plazo de 20 días para la redacción y presentación del recurso de nulidad y se prevé que la resolución sea rápida. Todos los pronósticos indican que serán rechazados.

En ese caso, el siguiente paso sería la presentación de un recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas de la defensa sitúan este escenario en alrededor de unos seis meses. Pero esas mismas fuentes prevén que el Constitucional pueda ralentizar posteriormente al máximo el estudio de los recursos. No hay una estimación concreta pero se habla de algunos años. Las mismas fuentes jurídicas también apuntan a un debate intenso en el Constitucional al respecto, recordando que la sentencia del Procés ya fue criticada en votos particulares de una minoría del TC y que ahora la composición ha variado con una mayoría progresista.

"No nos engañemos, es el tribunal Constitucional español y sea cual sea la composición no se puede dar por hecho que prevalezca la sensatez jurídica y situar el tema en parámetros democráticos, pero discusión la va a haber y mucha porque el Supremo ha retorcido al máximo la interpretación de la ley", asegura una fuente de las defensas de los inculpados. Si el TC acaba rechazando los recursos, el último estadio sería la apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según Andreu van den Eynde, abogado de la defensa de Oriol Junqueras, "la resolución del Supremo incrementa las posibilidades de que tengamos éxito en Europa porque acentúa la vulneración de derechos fundamentales".

Por último, fuentes jurídicas recuerdan y alertan que en paralelo queda por ver como acaba la revisión de los indultos por parte del Supremo que está pendiente. Aunque estas mismas fuentes apuntan a la lentitud de este proceso que estiman en meses o incluso años.