El alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, al que Ciudadanos había abierto un expediente de expulsión por estar investigado y haber sido detenido en la operación anticorrupción Enredadera, ha comunicado al partido su decisión de renunciar a este cargo y al acta de concejal.

Según han informado a Europa Press fuentes de la formación naranja, Ruipérez se ha puesto en contacto con Ciudadanos este viernes para trasladar esta decisión, que, según han explicado, se ha demorado a causa de su estado de salud. El alcalde sufrió la semana pasada un problema cardiaco por el que fue intervenido en el Hospital Clínico San Carlos, y fue dado de alta el pasado fin de semana.

Las fuentes han precisado que Ruipérez pone "su cargo y su acta a disposición del partido" en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos de Ciudadanos y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que deben firmar todos los cargos públicos de la formación naranja.

Dicho artículo de los Estatutos establece que los representantes institucionales y los cargos orgánicos de Ciudadanos deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo en el caso de ser investigados judicialmente por un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal, entre otros supuestos.

Ruipérez, que no había presentado alegaciones al expediente de expulsión abierto contra él y al que Cs había exigido su dimisión, llegó al poder tras un pacto de investidura con PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr).

A raíz de la operación Enredadera y tras conocerse que estaba investigado en este caso, el PSOE dijo esta semana que iba a formalizar su salida del Gobierno municipal y el PP amenazó con presentar una moción de censura contra el regidor.

Ruipérez fue detenido el pasado 3 de julio en una macrooperación en decenas de ayuntamientos por posibles amaños en la contratación de servicios de tráfico y gestión de multas. En la ioperación se investigaban posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.