El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 27 personas y a cuatro sociedades, entre ellas la empresa semipública DEFEX S.A, por una operación de presunta venta irregular de armas a Angola por importe superior a los 152 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les atribuye delitos de corrupción en las transacciones internacionales, contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal.

En el auto en el que acuerda el pase de las diligencias al procedimiento abreviado y pone fin a la instrucción, el magistrado dirige el procedimiento contra exdirectivos de las empresas investigadas como Juan Carlos Cueto Martín y José Ignacio Encinas Charro, así como contra Beatriz García Paesa, entre otros.

De la Mata procede también contra la sociedad pública DEFEX y Comercial Cueto SL como responsables penales corporativos por su "absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos".

En esta pieza se han investigado los contratos firmados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6 por ciento) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3 por ciento).

El pasado mes de abril, la Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado que procesara a estas 27 personas por los hechos que comenzaron a investigarse en el año 2012 en la conocida como operación 'Angola'. Fue entonces cuando las autoridades luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por Defex-Cueto. Precisamente el juez imputó a las dos sociedades por concertarse para hacerse con la adjudicación del contrato.

Dos tercios de dinero desviado

Después de analizar toda la operativa relativa a este contrato, el magistrado apunta que la distribución que hizo la UTE fue la siguiente: un 33 por ciento para la adquisición y suministro del material; un 33 por ciento de beneficios para las dos empresas que formaban la UTE y un 33 por ciento transferido para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaron a cabo y cuyos fondos se desviaron.

De la Mata concluye que los investigados destinaron a la empresas sólo una parte del beneficio y el resto se dedicó a pagar comisiones a autoridades y funcionarios público angoleños y al beneficio propio de varios de ellos mediante una estructura compleja de empresas pantalla.

Visita del Papa a Angola

Los otros dos contratos investigados en este procedimiento son las operaciones comerciales de suministro de material policial a la Unidad de Seguridad Presidencial por la vista del Papa en 2009, por importe de casi dos millones de euros, y el suministro de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial en 2011 por importe de cerca de dos millones.

Según el juez, existen indicios en este caso de que la finalidad de la organización constituida era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios angoleños y, por otro, enriquecerse ilícitamente cargando "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".

Apunta el instructor que toda la operativa estaba organizada sobre "con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización", representadas en este caso por Cueto Martin, Encinas Charro, Ángel María Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria, "auténticos líderes de la organización".

La sobrina de Francisco Paesa

El juez señala como otra pieza fundamental de esta estructura criminal a Beatriz Garcia Paesa, sobrina del espía Fernando Paesa, que se ocupó, bajo la dirección de Cueto Martin y de Yraola Lachiondo, de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades y asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".

En el caso de los directivos de DEFEX, Encinas, Larumbe e Iglesias De la Mata relata que se aprovechaban aún más del absoluto descontrol administrativo de la empresa para apropiarse de cantidades multiumillonarias para su propio peculio, "con un incansable afán d enriquecimiento ilícito a costa de los caudales públicos". Con la operativa, Encinas Charro y Larumbe Burgui se apropiaron de 1.520.024 euros de la sociedad pública investigada.