El abaratamiento de los costes en el servicio de acogida a menores extranjeros no acompañados (MENA) y, en general, de niños y niñas tutelados por la Comunidad de Madrid prima sobre aspectos como la seguridad y los recursos para su integración, según critican los sindicatos UGT y CCOO.

Precisamente la denuncia de este último sindicato sobre la saturación  en la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza, con 35 plazas pero que estos momentos está ocupada por más de 100 menores, ha provocado la inédita apertura de un expediente por parte de la Fiscalía de Madrid para analizar la situación del centro. 

La intervención de la Fiscalía en uno de los centros de menores más señalados de Madrid se ha producido a escasas horas de que tuviera lugar, la tarde de este miércoles, la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar la distribución entre todas las comunidades autónomas de 400 menores extranjeros llegados a Canarias. 

Es la primera vez que el Ministerio Público toma cartas en el asunto en relación con la residencia de Hortaleza, en el barrio madrileño de Canillas, según informan fuentes de CCOO. Este lugar es, en realidad, un centro de emergencia donde son destinados los chicos de entre 14 y 18 años con graves situaciones familiares y personales; y también jóvenes que han llegado a España huyendo de la guerra y del hambre y han cruzado mares y desiertos sin más compañía que la de otros chicos como ellos. 

Desmantelamiento de la red pública

"En Hortaleza se sobrevive, no es el lugar idóneo para estos jóvenes que llegan con estrés postraumático", exponen las mismas fuentes sindicales, que describen un panorama desolador en la residencia, donde un centenar de jóvenes comparten cama y colchones en los pasillos, baños y recursos destinados para 35 personas. En cuanto al personal, en estos momentos las bajas laborales rondan el 60% debido a las pésimas condiciones de trabajo que soportan educadores y técnicos. 

El desmantelamiento del sistema público de acogimiento a menores que desde 2022 viene realizando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ante las exigencias de Vox, ha provocado que en estos momentos la inmensa mayoría de las 1.800 plazas que existen en la región para estos menores procedan de centros privados con concierto público; es decir, de la externalización del servicio. En lo últimos meses ha cerrado uno de los 23 centros de la red pública de residencias para menores. 

Abaratamiento del servicio

En otra residencia para adolescentes migrantes no acompañados, el centro Vista Alegre en la capital, las cosas han empeorado desde que el pasado mes de abril el Gobierno de Ayuso adjudicara la seguridad del centro a la empresa Alcor Seguridad, condenada por la Audiencia Provincial de Lugo por vulnerar los derechos de los trabajadores, tal y como adelantó Público.

La situación creada a raíz de que esta empresa gallega se hiciera con la licitación para la seguridad de Vista Alegre y de la residencia infantil Vallehermoso es lamentable, describe una educadora del centro de adolescentes que recuerda que esta empresa se hizo con el concurso "ofreciendo precios bajos". Así se expresa en una comunicación enviada a la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Lorena Morales, a la que ha podido acceder este diario.

La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) indicó en la licitación que "la tipología de los menores residentes hace necesaria la implantación de un servicio de seguridad y vigilancia privada como el descrito en los pliegos que rigen este contrato, durante todos los días del año". La residencia Vista Alegre ofrece doce plazas. 

Vigilantes sin cualificación

Pero la realidad es que tres meses después de que Alcor ganara el concurso público, el personal que envía al centro a menudo "no está cualificado para trabajar con menores, mucho menos con niños y adolescentes migrantes no acompañados", cuya situación de vulnerabilidad es todavía mayor. "Muchos de ellos trabajan en seguridad de obras, organismos, etc. y no están preparados para el trabajo con menores vulnerables", insiste la educadora. 

En este sentido, el escrito señala que incluso algunos vigilantes, asustados, se han recluido en salas y garitas durante sus turnos, evitando intervenir en situaciones conflictivas y dejando a las educadoras expuestas a peligros sin el apoyo necesario. "Hay turnos en los que hemos estado sin vigilantes, cuando somos educadores que tenemos riesgo para nuestra integridad física". 

La educadora relata que uno de los vigilantes de Alcor sufría algún tipo de discapacidad en una mano y "apenas podía abrir una puerta, mucho menos contener a un joven". Y añade que otro vigilante mostraba evidentes signos de trastorno mental. 

Sin figuras de referencia para los chavales

Además, tal y como advierte la trabajadora en la misiva, la rotación del personal es constante, con turnos fragmentados entre varios vigilantes que trabajan solo unas pocas horas cada uno. Esto no solo afecta la continuidad y la estabilidad en el trato con los menores, sino que también repercute negativamente en la capacidad del equipo educativo para llevar a cabo su labor de manera efectiva.

Para más inri, la educadora también señala que los cuadrantes de trabajo se cambian con frecuencia, hasta dos veces por semana, lo que impide a los vigilantes cualquier forma de conciliación laboral y personal. Una inestabilidad que ha llevado a que muchos de los más experimentados soliciten excedencias, dejando a los menores sin figuras de referencia y aumentando la presencia de personal nuevo no cualificado. 

Según esta profesional, de la situación creada por los vigilantes de Alcor se ha informado a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Por su parte, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid acaba de registrar dos preguntas sobre este asunto: ¿Qué valoración hacen del servicio que está prestando la empresa Alcor Seguridad S.L. en los centros de menores de Vallehermoso y Vistalegre? y ¿Van a iniciar alguna acción en respuesta al servicio que está prestando la empresa Alcor Seguridad S.L. en los centros de menores de Vallehermoso y Vistalegre?

"Ayuso y su consejera están poniendo en riesgo a profesionales y adolescentes. Para el gobierno regional todo se puede poner en el mercado y han entregado al peor postor la seguridad de los centros de menores. Esos chicos deberían ser su prioridad, pero les da igual que pueda ocurrir una desgracia. Basta ya. Los niños y las niñas sin familia importan. Deben ser los hijos/as de Madrid", indica la diputada socialista Lorena Morales. 

Para los sindicatos, lo que está ocurriendo en estos dos centros de menores de la Comunidad de Madrid obedece al abaratamiento de los costes. "El personal de seguridad debe tener un mínimo de preparación para saber tratar con adolescentes y siempre plegarse al equipo educativo −apuntan fuentes del sindicato UGT−. A veces ocurre que o se esconden por miedo o emplean la fuerza de forma desproporcionada".