El último Pleno del año del Congreso viene cargado. El parón navideño traerá consigo un calendario apretado en el que los parlamentarios y el Gobierno tratarán de cerrar algunos de los asuntos más importantes que se vienen gestando en los últimos meses. Los Presupuestos Generales del Estado, las proposiciones de ley redactadas en comisiones y los proyectos del Ejecutivo coparán un orden del día que se presenta intenso.

Aunque muchas de las iniciativas, así como la sesión de control al Gobierno y el orden de las preguntas, todavía están pendientes de ser calificadas por la Mesa de la Cámara Baja y debatidas en la Junta de Portavoces, algunas sí que lograrán entrar en el Pleno.

Este es el caso del debate relativo al objetivo de estabilidad presupuestaria, el paso previo, y necesario, para que el Gobierno pueda llevar el proyecto presupuestario consignado con Unidos Podemos al Congreso. Aunque en un primer momento, Sánchez descartó presentar las cuentas –en principio no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante–, tras el resultado de las elecciones andaluzas el Ejecutivo cambió su criterio.

La pasada semana, la Mesa calificó la iniciativa y la Junta de Portavoces acordó incluirla en el último Pleno del año, aunque el órgano ha pedido un informe jurídico a los letrados de la Cámara para conocer si el techo de gasto planteado por Sánchez no supone una vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La norma recoge que, si la Cámara no aprueba los objetivos de déficit, el Ejecutivo tiene un mes de plazo para volver a llevar una nueva propuesta al Congreso. El Pleno rechazó el techo de gasto propuesto por Sánchez a finales de julio –sus socios de investidura le reprocharon entonces que no hubiera negociado la propuesta–, pero el Ejecutivo no ha vuelto a insistir con el asunto hasta la pasada semana, es decir, más de cuatro meses después.

Además, el Gobierno presentará el mismo objetivo, es decir, el 1,8 por ciento del déficit, motivos por los que la Mesa ha decidido llevar esta consulta legal a los letrados. Si Sánchez tampoco obtiene los apoyos en esta ocasión –algo que, en principio, parece que va a ocurrir– La Moncloa ha deslizado que no tendrá más remedio que ajustar las cuentas a la senda de estabilidad ya aprobada, del 1,3 por ciento, la última del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las comisiones remiten sus leyes

Pero más allá del debate sobre los objetivos de déficit del Ejecutivo, el Congreso quiere resolver algunas de las proposiciones de ley que las distintas comisiones han cerrado y aprobado en los últimos meses. Este es el caso de la nueva ley hipotecaria, que los grupos aprobaron la pasada semana en la Comisión de Economía con el voto en contra de Unidos Podemos y la abstención de ERC.

La ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario procede de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo de Rajoy con el objetivo de trasponer una directiva europea en materia de hipotecas. España está pendiente de una multa importante por parte de la Justicia europea por no adaptar su legislación al marco jurídico de la Unión, por lo que los grupos, y el Gobierno, decidieron acelerar la tramitación de la norma.

Entre las medidas que contempla la ley está la de un reparto del gasto más igualitario entre la banca y el cliente (las entidades asumirán todos los gastos en la formulación de hipotecas, a excepción de los de tasación), o la prohibición de las cláusulas suelo. Sin embargo, la norma no prohíbe los desalojos sin alternativa habitacional ni incluye la dación en pago y el alquiler social como herramientas obligatorias para acabar con las “deudas perpetuas”.

También se pedirá la inclusión en el Pleno del debate sobre la denominada ley de muerte digna. La propuesta, presentada por Ciudadanos, fue aprobada la pasada semana en la Comisión de Sanidad, y contempla, entre otras cuestiones, la regulación de los cuidados paliativos para aquellas personas que se encuentren ante el proceso final de su vida.

Uno de los puntos más importantes de la ley es el reconocimiento de estas personas a “rechazar el tratamiento, intervención, o procedimiento propuestos por los profesionales sanitarios, incluyendo las medidas de soporte vital, tras un proceso de información libre, voluntaria y consciente”. Además, podrán revocar “el consentimiento informado emitido respecto de una intervención concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida”.

La aprobación de la norma puede abrir la puerta a la despenalización de la eutanasia, que ya tiene su materialización en el Congreso a través de una propuesta del PSOE que se encuentra bloqueada. Se esperaba que el apoyo de los socialistas a la propuesta de Cs forzara a los de Rivera a desbloquear la iniciativa, pero el dictamen de la norma no incluyó un régimen sancionador a nivel estatal, algo que solicitaba la formación proponente, por lo que podrían cambiar de parecer.

Requerimiento a Torra del artículo 155

Catalunya, como viene siendo habitual, también tendrá su espacio en el último Pleno del año. Se debatirá una proposición no de ley de Ciudadanos para instar al Gobierno a que envíe el requerimiento previo que contempla el artículo 155 de la Constitución al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La PNL, registrada en octubre, también incluye una condena a las “actuaciones violentas de los comandos separatistas” durante el 1 de octubre de 2018, en el aniversario del 1-O, así como otra condena a las declaraciones de Torra, ‘apretad, hacéis bien en apretar’, en las cuales, según Cs, “alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas”.