El cronista fallero y los dos líderes de Yomus suman peticiones de prisión de 26 años por las agresiones del 9-O de 2017

El ataque protagonizado por grupos fascistas en 2017 contra la tradicional manifestación del 9 d'Octubre, con motivo de la Diada del País Valencià, fue planeada una semana antes por conocidos elementos de la ultraderecha blavera y nazis de Yomus, aprovechando el "contexto político determinado" de la celebración del referéndum en Catalunya y sus derivadas.

Ahora, cuatro años después de aquellos sucesos, la instrucción judicial ha quedado concluida, determinándose la acusación contra 28 individuos. En todo caso, tanto para la Fiscalía, como para la Acusación Popular ejercida por la Comissió 9 d'Octubre, "son todos los que están, pero no están todos los que son", ya que se solicitaron al juzgado nuevas investigaciones que no se aceptaron ni tampoco, finalmente, fue buscado el individuo que inició las agresiones y que la policía dejó marchar.

Asimismo, un conocido abogado de políticos del PP acusados de corrupción e investigado inicialmente en esta causa (y en otras por amenazas a jueces, fiscales y abogados), ha sido considerado provisionalmente inimputable por padecer, según fuentes consultadas, una presunta enfermedad mental inhabilitante.

El número de personas concentradas aquel día para atacar la manifestación autorizada de la izquierda superaba el medio millar. Los ultras persistieron en sus agresiones, insultos y amenazas durante todo el recorrido de la marcha cuando esta pudo reanudarse, gracias a la pasividad de la Policía Nacional, que no identificó a ningún agresor, según consta en la causa judicial.

La identificación de los ultras

Esa fue la clave de aquella complicada jornada: nuevamente, la inacción policial (en contraste con su actuación en otros actos de signo ideológico contrario) obligó a los colectivos sociales, partidos políticos, asociaciones, organizaciones antifascistas y periodistas (varios de ellos también víctimas de las agresiones de la ultraderecha) a poner en marcha una red de identificación. Un proceso que buscaba no solo poner nombre y apellidos a los agresores, sino también a identificar a aquellos que planificaron, organizaron o difundieron la convocatoria para impedir por la fuerza la manifestación de València.

La recopilación de material gráfico y documental de aquella jornada se centralizó en la Unió de Periodistes Valencians (UPV), que lo entregaría inicialmente a la Delegación del Gobierno y, posteriormente, al juzgado de instrucción que se hizo cargo de las diligencias.

De aquella investigación social y periodística se detectó lo que la propia causa reconoce, que no hubo espontaneidad en los sucesos de hace cuatro años, sino que existió una planificación ad hoc con el fin de impedir un derecho fundamental. En ese relato se dividen los investigados entre quienes convocaron a esa acción ilegal y aquellos que ejecutaron las agresiones.

Así, entre los organizadores y convocantes, tanto la Fiscalía de València como la Acusación de la Comissió 9 d'Octubre señalan a José Antonio García Herrero, conocido coloquialmente como Pepe Herrero o cronista fallero. Junto a él se apunta a Javier Cervera Sales, presidente de Curva Nord Mario Kempes (grada de animación del Valencia CF) y destacado miembro de Ultras Yomus. Otro personaje que una semana antes también convocó a impedir la manifestación fue, precisamente, el líder de los Ultras Yomus, Javier Estruch Cortés, conocido nazi con el alias de El Alfarrasí, con un amplio historial delictivo violento a sus espaldas.

A los primeros se les señala como convocantes de la contramanifestación de 2017, tras ser identificados una serie de llamamientos publicados los días 3 y 4 de octubre, cada uno desde sus respectivas y amplias redes sociales.

Pepe Herrero lo hizo a través de su cuenta de Facebook de Onda Fallera, donde publicó: "Quiero vivir un momento histórico, el primer año sin estelada por Valencia el 9 O. ¿Cuento con vosotros?. Pza San Agustín 9-X-17". "Los independentistas han despertado al gigante. ¡VALENCIA DESPIERTA!. El lunes a las 18 en la Pza de San Agustín".

Y Javier Cervera, presidente de Curva Nord, a través de su cuenta de usuario de Ultras Yomus VCF lanzó el siguiente mensaje: "Este 9 de Octubre ¡¡¡Defengam la nostra terra!!! Tots a les 10h en la Plaça de la Afició (Mestalla) Per Valencia". El texto estaba acompañado de una fotografía frente a las Torres de Serranos de un grupo de personas sosteniendo una pancarta donde se leía: "No mos fareu catalans" ("No nos haréis catalanes"), uno de los lemas de este grupo ultra.

Entre 19 y 26 años de prisión para los tres cabecillas

Tras la imputación de Pepe Herrero por parte del juzgado de instrucción 15 de Valencia en 2018, el cronista fallero inició una cruzada para hermanar a todas las organizaciones de la ultraderecha valenciana, así como a los grupos y pequeñas asociaciones y partidos del blaverismo local, con el fin de llevar acciones conjuntas.

La primera reunión se hizo en un restaurante de Mislata y las siguientes dos en un restaurante del barrio de Campanar y la otra en La Masía del Vino, a escasos cien metros de la sede de Compromís, junto a la Biblioteca de la valenciana calle Hospital.

Ahora Jose Antonio García Herrero, Pepe Herrero, se enfrenta a penas de entre 8 años de prisión, que es la petición de la acusación particular, y los 3 años que reclama la Fiscalía. Además de penas accesorias, como inhabilitación durante 7 años, y multas.

Para Javier Cervera Sales, ex líder de Curva Nord del Valencia CF y miembro de Yomus, la acusación popular solicita una condena total de 10 años de prisión, mientras la Fiscalía pide 7 años y 6 meses de prisión, más penas accesorias.

Casualmente, en esta víspera del 9 de octubre, la junta directiva de la asociación Curva Nord Mario Kempes ha comunicado la disolución de la sociedad y su desaparición como peña valencianista.

En cuanto a Vicente Estruch Cortes, líder de Yomus, la acusación ejercida por la Comissió 9 d'Octubre pide la pena global de 11 años de cárcel. Por su parte, la Fiscalía en sus conclusiones reclama para El Alfarrasí una pena total de 4 años y 6 meses de prisión, además de multas e inhabilitaciones.