El de la inmigración es uno de los conflictos latentes en el seno del Gobierno de coalición, al igual que el de la monarquía o el de ciertas posiciones respecto a la política exterior. Este tipo de conflictos son habituales y no suelen enturbiar la convivencia entre el PSOE y Unidas Podemos en el Ejecutivo, a menos que se produzca una situación excepcional o fuera de lo ordinario, y la crisis migratoria y humanitaria que estos días se vive en Ceuta y Melilla lo es.

Dos días después de que empezaran a llegar personas procedentes de Marruecos de manera masiva a la costa ceutí, las reacciones de los dos socios del Gobierno han sido distintas. En las primeras horas, tanto el ministro del Interior como el presidente del Gobierno se afanaron por mostrar contundencia y mandar mensajes que garantizaban el control temprano de los flujos migratorios en las ciudades autónomas.

En esta línea, tanto Pedro Sánchez como Fernando Grande-Marlaska (que se desplazaron el martes a Ceuta y Melilla para coordinar la situación) se comprometieron a ser "firmes" y a devolver con la máxima celeridad a las personas que han llegado de manera irregular en los últimos días a España después de que Marruecos relajara su control fronterizo.

"El Gobierno va a ser contundente en la defensa de nuestras fronteras" aseguró el titular de Interior el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Mi prioridad es garantizar el control del tránsito de la frontera con Marruecos, dotar a Ceuta de todos los recursos necesarios y proceder a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado ilegalmente en Ceuta y Melilla", añadió el presidente en una declaración institucional que pronunció tan solo unos minutos después de la intervención de Marlaska.

En cambio, las dirigentes de Unidas Podemos en el Ejecutivo han centrado el foco en destacar el drama humanitario de una crisis que consideran diplomática y en pedir "respeto para los derechos humanos" en la gestión que Interior y otros ministerios están desarrollando.

"Tenemos que ceñirnos al estricto cumplimiento de la legalidad internacional cuando hablamos de menores. Recordemos que hablamos de personas, de derechos humanos", defendió el martes la vicepresidenta tercera de Trabajo, Yolanda Díaz. Una posición compartida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que además pidió una "reflexión para pensar la política migratoria de España y de Europa y articular vías seguras y legales para migrar, porque lo contrario son estas crisis humanitarias".

Tensión por la construcción de un CIE en Algeciras

Desde Unidas Podemos se ha evitado hacer cualquier crítica pública a la gestión de Interior o del Ministerio de Exteriores, y Belarra aseguró este mismo miércoles que había una buena coordinación en el seno del Gobierno para atajar una crisis que definió como "muy complicada". Sin embargo, las tensiones existen y en el espacio confederal no ha gustado que se haya recurrido a las devoluciones en caliente, sobre todo en el caso de los menores no acompañados.

A última hora de este miércoles eran casi 6.000 los inmigrantes retornados a Marruecos, según el Ministerio del Interior (se calcula que han llegado unas 8.000 personas desde Marruecos a Ceuta en esta crisis migratoria). "Lo que estamos viendo son devoluciones y lo que dice la legislación de nuestro país es que se tienen que hacer con vigilancia judicial", advirtió este miércoles Belarra en una entrevista en televisión.

Las ministra de Derechos Sociales mantuvo este miércoles una reunión con las comunidades autónomas para realojar a los menores migrantes en los diferentes territorios con el objetivo de aliviar la presión que en estos días se vive en Ceuta (su ministerio propuso a las autonomías acoger ya a 200 migrantes que están en la ciudad autónoma). Preguntada por su posición acerca de estas devoluciones, no quiso ir más allá de la advertencia sobre la vigilancia judicial, pero sí que deslizó que su posición, y también la de Unidas Podemos, era conocida.

Los morados siempre se han mostrado en contra de esta práctica y han pedido su derogación a través de la reforma de la denominada Ley Mordaza. En noviembre del pasado año Unidas Podemos criticó que se diera luz verde a la construcción de un nuevo centro de internamiento de extranjeros (CIE) en Algeciras, un proyecto presupuestado en más de 21 millones de euros; este hecho se alió con la validación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al rechazo en frontera, anulando una condena que España había recibido por utilizar esta práctica en Ceuta y Melilla.

Los de Pablo Iglesias expresaron entonces su preocupación porque el aval del tribunal europeo sentara jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y, además, fomentara esta práctica en el Ministerio del Interior dirigido por Marlaska. En este sentido, Belarra (entonces secretaria de Estado de la Agenda 2030) pidió establecer en España "un proceso de devolución que cumpla con los derechos humanos y permita identificar a niños y niñas, a mujeres víctimas de trata y a solicitantes de asilo, y prohibir la práctica de abrir la puerta de la valla y expulsar". 

Aunque en público las dirigentes de Unidas Podemos en el Gobierno se han limitado a pedir "respeto para los derechos humanos" y a tratar de gestionar por su cuenta áreas competenciales determinadas de la crisis migratoria (como el realojo de menores), en privado el malestar por las devoluciones en caliente es evidente, aunque no está previsto que estalle y provoque un conflicto entre los socios, al menos de momento.

Escrupuloso cumplimiento de los Derechos Humanos

Desde la parte socialista del Gobierno se insiste en que se está siendo escrupuloso con el cumplimiento de los Derechos Humanos en esta crisis pero, a la vez, se recuerda que la normativa europea contempla las llamadas "devoluciones en caliente" y que también fueron avaladas por el Tribual Constitucional, excepto para los menores de edad.

Fuentes socialistas consultadas aseguran que es el propio Gobierno el máximo interesado en no vulnerar la legalidad ni en este aspecto, ni en ningún otro; a la vez que intentar que no se produzcan situaciones de violencia o enfrentamiento que puedan agravar el conflicto. Sin embargo, se considera que esta práctica de las "devoluciones en caliente" es la única solución para afrontar el problema en una situación tan extrema como la que se ha vivido en Ceuta los últimos días.

Dichas fuentes creen por ello que no debería ser este asunto objeto de un nuevo enfrentamiento en el seno del Ejecutivo, sobre todo, por la gravedad de la situación.