Las siempre complejas relaciones bilaterales entre los Estados español y marroquí pasan por uno de los peores momentos que se recuerdan. Una crisis poliédrica, de causas diversas, se materializaba en la madrugada de este martes con la llegada de unos 8.000 inmigrantes (unos 1.500 menores, según el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas) a Ceuta ante la pasividad y con la colaboración de las fuerzas policiales marroquíes del otro lado de la frontera. Una operación orquestada desde el régimen alauí, tal y como desvelaba la propia embajadora marroquí en unas declaraciones a Europa Press. Para Karima Benyaich, las relaciones entre Estados están basadas en una serie de actos que tienen consecuencias, y estas consecuencias "se tienen que asumir".

Benyaich se refería así, veladamente, a que el secretario general del Frente Polisario y presidente de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), Brahim Ghali, permanezca ingresado recuperándose de la covid-19 en el Hospital San Pedro de Logroño desde el pasado 18 de abril. Ghali entraba el mes pasado en España por razones sanitarias usando su pasaporte argelino, según explica el propio Frente Polisario, e ingresaba en el complejo hospitalario con otra identidad por motivos de seguridad. Desde que el Gobierno marroquí conoció el paradero del líder saharaui, juró venganza al Gobierno español por acogerlo. Pedro Sánchez afronta una de las mayores crisis desde que llegó a La Moncloa, con permiso de la pandemia. Una venganza, la marroquí, que, sin embargo, viene de causas anteriores. 

El pasado 10 de diciembre del 2020, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, aseguraba: "La posición de España es clara y es de respeto a las resoluciones de Naciones Unidas". Así respondía el Gobierno de España al enésimo exabrupto de Donald Trump. El expresidente estadounidense anunciaba a través de Twitter el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la marroquinidad del Sáhara, algo contrario a las resoluciones de Naciones Unidas: el Sáhara Occidental no es Marruecos, sino un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, ocupado militarmente por Marruecos y del que España es la potencia administradora responsable de velar por su descolonización.

La dirigencia marroquí ansiaba que el pronunciamiento trumpista llevara a otros países a seguir su ejemplo y fijaron sus ojos en la Unión Europea, más concretamente en España. La ministra de Exteriores española no lo hizo. Las instituciones europeas tampoco. El Gobierno alemán fue muy claro en el asunto: no modificaba ni un ápice su posición con respecto al contencioso saharaui, es decir, aboga por una solución "justa, duradera y mutuamente aceptable bajo la mediación de Naciones Unidas". El pasado 6 de mayo, Marruecos llamaba a consultas a su embajadora en Berlín; este martes hacía lo propio con la de Madrid. Tocadas, casi hundidas (oficialmente), las relaciones diplomáticas con dos de los países principales de la Unión Europea.

Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior, garantizaba este martes el apoyo al Gobierno de España en la crisis de Ceuta. El problema de Marruecos se eleva a nivel europeo. Un grave error diplomático de Rabat. En pocas semanas, se conocerá la decisión del Tribunal General Europeo sobre el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el cual incluye las aguas de la costa saharaui. En definitiva, la Justicia se volverá a pronunciar sobre si los recursos del Sáhara Occidental pueden ser explotados por Marruecos, sobre si Marruecos tiene potestad legal sobre el Sáhara. Y en el vecino del sur están los nervios a flor de piel.

Hoy, la Administración Biden se debate en cómo asimilar el movimiento de su antecesor en la Casa Blanca y en devolver la pelota al terreno de la negociación multilateral. Lo de Trump fue una jugada a tres bandas por la que Marruecos, además, establecía relaciones diplomáticas con Israel, algo impensable en el mundo musulmán por el genocidio que este Estado perpetúa hacia la población palestina desde hace décadas. Hoy, en Gaza se intensifica la masacre contra la población civil. Hoy, Marruecos (alentado por lo de Trump) vuelve a usar las vidas de sus civiles como arma arrojadiza en el contencioso del Sáhara.

Ya lo hizo en 1975, enviando la Marcha Verde a lo que entonces era la provincia 53 española, el Sáhara Occidental. Tras una marea humana de civiles, llegaban el Ejército marroquí, el napalm y el fósforo blanco, una guerra que perduraría hasta 1991 dejando a su paso muerte y desapariciones. Todavía hoy siguen enterrados bajo la arena del desierto cuerpos desaparecidos de saharauis con DNI español. Todavía hoy permanecen decenas de miles de personas refugiadas en el desierto argelino y viven otras tantas en los Territorios Ocupados por Marruecos, donde las fuerzas de ocupación violan sistemáticamente sus derechos más elementales, tal y como denuncian organizaciones internacionales.

En las últimas semanas, las denuncias de violaciones a mujeres activistas saharauis han llegado a nuestros oídos, en especial a familiares de Sultana Khaya. El pasado 13 de noviembre de 2020, el Frente Polisario anunciaba el fin del alto el fuego tras 30 años de fracaso de la vía diplomática para encontrar una solución al derecho de autodeterminación saharaui. Desde entonces, las escaramuzas militares se han sucedido y la represión a saharauis en las zonas ocupadas se ha incrementado, según denuncian periodistas sobre el terreno.

El Ejército, desplegado en la frontera ceutí

La madrugada del 18 de mayo será recordada en Ceuta como el día en el que miles de civiles marroquíes llegaban a nado a la ciudad. El régimen marroquí vuelve a utilizar las vidas de sus civiles con fines estratégicos, en muchas ocasiones de menores de edad. Ecos de 1975. La respuesta del Gobierno español fue la devolución en caliente (según datos oficiales) de unas 4.000 personas; el Ministerio del Interior asegura que entre ellas no hay menores de edad. Este Ministerio ha reforzado en 250 agentes la presencia de la Guardia Civil en la frontera, además de otros 150 agentes de la UIP de la Policía Nacional. También ha desplegado al Ejército en la frontera para colaborar con la Guardia Civil en el control de la misma, en especial, en la playa del Tarajal.

Es la mayor crisis migratoria de los últimos años. Con la llegada de más de 8.000 personas en un día, las imágenes de personas llegando a nado han marcado la jornada. En todo el año pasado, llegaron por vía marítima a Ceuta tan solo 340 migrantes, mientras que en 2019, un año no afectado por la pandemia, lo hicieron 655, y 570 en 2018. Por vía terrestre, llegaron en 2020 a Ceuta 340 personas, frente a las 1.362 de 2019 y las 1.979 en 2018.

La respuesta del Gobierno español la pronunciaba Pedro Sánchez en una declaración institucional desde La Moncloa, tras la celebración del Consejo de Ministros. "Seremos firmes ante cualquier desafío o eventualidad, y bajo cualquier circunstancia", aseguraba el presidente. "La integridad de Ceuta como parte de nuestra nación, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas están garantizadas por el Gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con los recursos necesarios", anunciaba, y reclamaba a Marruecos "el respeto de las fronteras mutuas". Posteriormente, y tras establecer conversaciones telefónicas con el jefe del Estado, Felipe VI, el líder de la oposición, Pablo Casado y las principales autoridades europeas, Sánchez viajaba a Ceuta, donde ya se encontraba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las reacciones políticas se han sucedido durante toda la jornada. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo por Unidas Podemos, Yolanda Díaz, recordaba que "los derechos humanos no se cuestionan ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en ninguna parte del mundo", haciendo especial hincapié en la necesidad del respeto de los derechos de los menores. El líder del PP, Pablo Casado, criticaba al Gobierno y aseguraba que la crisis con Marruecos "es una crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada y ocultada por el Gobierno de España". El dirigente popular achaca el deterioro de las relaciones a la presencia de Ghali en el hospital riojano.

Por su parte, el ultraderechista Santiago Abascal aprovechaba para viajar a la ciudad autónoma y agitar las aguas. En una entrevista radiofónica calificaba la situación de "invasión" y exigía el uso de la fuerza al Gobierno como forma de solucionar la situación. Un grupo de ultras y neonazis se manifestaba por la tarde en Madrid, en la embajada marroquí, siguiendo la línea argumental de Vox. Otros grupos parlamentarios también se han pronunciado sobre el asunto. Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, reclamaba a Sánchez que estuviera a la altura ante lo que considera "un desafío a la integridad de España y a las fronteras europeas". "El Gobierno marroquí usa a miles de civiles marroquíes para chantajear a España", valoraba Íñigo Errejón, de Más País, quien reclama al Gobierno español el respeto de las resoluciones internacionales sobre el Sáhara Occidental. Joan Baldoví, de Compromís, ante el oportunismo de Abascal, recordaba que en momentos de crisis "siempre aparecen los salvapatrias repugnantes que hablan de invasión".

Las relaciones bilaterales entre Marruecos y España están en fase crítica. Ahora mismo, la embajadora marroquí en Madrid se encuentra en consultas con su Gobierno de Rabat. El Ejército español, desplegado en la frontera de Ceuta. El Gobierno ha de afrontar una de las mayores crisis diplomáticas que se recuerdan con el vecino magrebí. El contencioso del Sáhara regresa con fuerza a la actualidad política española cíclicamente. España sigue siendo la potencia administradora, reconocida por los informes jurídicos de Naciones Unidas (y por el propio Grande-Marlaska siendo juez de la Audiencia Nacional), que ha de velar por el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Una descolonización inconclusa, por ello se conoce al Sáhara como "la última colonia de África".