CórdobaRetiran la 'Cruz de los Caídos' de Aguilar de la Frontera por vinculación al franquismo

La localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera ha procedido a retirar la Cruz del Llanito de las Descalzas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, ya que dicha cruz, en su origen, se erigió en la Guerra Civil como cruz de los caídos y mantenía una vinculación franquista. 

La cruz ha sido retirada entorno a las 10:30 h por operarios municipales han cortado el símbolo cristiano  de su base" en presencia de numerosos vecinos y lo han cargado en un camión, usando para ello una grúa. Ante el derribo de la cruz se han acercado distintos vecinos que se oponían a la sustracción de la luz por suponer un símbolo cristiano. 

Por su parte, la alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores (IU), ha anunciado este lunes que se retirará de modo "inminente" y apuntó que desde que se constituyó el Consejo Sectorial de Memoria Histórica "se han puesto sobre la mesa diferentes asuntos" y "este equipo de gobierno intenta ser consecuente, responsable y actuar".

Al hilo, ha recordado la retirada del yugo y las flechas de la barriada del Carmen, a la vez que está pendiente la retirada de honores y distinciones a Franco y otra actuación es la retirada de la Cruz de los Caídos, por las connotaciones que tiene.

Entretanto, desde Cultura han detallado que la cruz no está vinculada directamente con la Ley de Memoria Histórica, porque ya se quitó la placa en su momento, pero sí han apuntado a la retirada de la cruz por "estar entorpeciendo la visibilidad de un monumento histórico catalogado" y que "no se sustituya por ninguna otra cosa", todo ello según la versión de la regidora.

Abogados Cristianos se querella contra la alcaldesa

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba en funciones de guardia contra la alcaldesa Carmen Flores.

La organización de juristas acusa a la primera edil de la supuesta comisión de delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio y pedirá también su inhabilitación para ejercer cargo público, según informa la entidad en una nota, en la que detalla que ya ha iniciado además acciones por la vía contenciosa por las numerosas irregularidades cometidas.

Al respecto, denuncia que la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en Pleno, ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal.