ERC endurece el tono con Díaz por la reducción de jornada y anticipa un 'via crucis' en el Congreso
Aunque la reducción de la jornada laboral está todavía en el tejado del Ejecutivo, ya se están produciendo movimientos y reacciones en el Congreso, el escenario donde se determinará el éxito de la iniciativa.
Madrid--Actualizado a
La reducción de la jornada laboral está todavía muy lejos de llegar al Congreso de los Diputados. Los avances en materia laboral suelen ser lentos ―muchas veces, también ásperos― y este caso no está siendo una excepción. El choque entre los dos socios del Gobierno de coalición es, hoy por hoy, una realidad que ambas partes ―aunque con mayor beligerancia Yolanda Díaz― han llevado a los medios de comunicación, algo que está empezando a levantar sarpullidos en un aliado hasta ahora fiable del Ejecutivo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Especialmente, con la líder de Sumar.
Y no es trivial, toda vez que el apoyo de todos los grupos parlamentarios socios del Gobierno será necesario para que, una vez el Consejo de Ministros termine dando luz verde al proyecto de ley no colapse en el Congreso. Hay que partir de la base de que el PSOE ha dicho por activa y por pasiva que también es una prioridad para ellos sacar adelante la reforma, aunque Sumar exige que se haga cuanto antes para que entre en vigor en 2025, como recoge el acuerdo de Gobierno.
Lo que afean desde ERC a Yolanda Díaz es su actitud negociadora. El portavoz del grupo en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, que mantiene una relación tensa con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, publicó un tuit en la red social X con un mensaje muy claro: "Yolanda Díaz aplica la misma fórmula con el PSOE con la reducción de la jornada laboral que aplicó con ERC y Bildu con la Reforma Laboral: Presión, intoxicación y unilateralidad".
Y completó: "Olvida que hay más actores", que "ya no tiene el apoyo mediático que tuvo" y "que el PSOE le ganará siempre en presión, intoxicación y unilateralidad". "Saldrá regular", abrochó.
Fuentes del grupo consultadas por Público insisten en la misma idea. "Juega a ser el PSOE sin ser el PSOE", deslizan. Los republicanos no quieren que la reducción de jornada se convierta en un "trágala". Al contrario, avisan de que cuando llegue al Congreso habrá que revisar los términos exactos.
Los de Rufián subrayan que la reducción de la jornada laboral es una de las banderas de la formación y del grupo parlamentario, pero que la experiencia con la reforma laboral ―"que terminó votando a favor incluso Inés Arrimadas" y que rechazó ERC― les lleva a pensar en el peligro de que las cesiones a los aliados de derechas del Gobierno la descafeíne. Temen un capítulo parecido al de las negociaciones del Ejecutivo con Junts y PNV en el marco del paquete fiscal y el impuesto a las energéticas.
La vía Puigdemont
El mensaje de Rufián llega en plena disputa entre Sumar y los socialistas a cuenta de la reducción de la jornada laboral en el seno del Gobierno. El área económica del Ejecutivo (Economía, Hacienda y Seguridad Social) rechaza tramitar la medida por la vía urgente para su aprobación en el Consejo de Ministros, lo que haría prácticamente inviable que entrara en vigor este año.
Además, desde estos departamentos se pide rebajar las horas de los trabajadores y las trabajadoras con contratos a tiempo parcial con el objetivo de evitar la subida salarial indirecta que supondría la reducción de la jornada total. Para Trabajo, esto supone un recorte salarial a un sector muy feminizado que, habitualmente, trabaja en estas condiciones por obligación y no por voluntad.
Por todos estos motivos, los de Díaz creen firmemente que hay un sector del PSOE que, directamente, no comparte la reducción de la jornada: "Están poniendo encima de la mesa propuestas que ha hecho la patronal", aseguran fuentes de este departamento.
Uno de los argumentos que precisamente esgrime el PSOE es que el Gobierno no tiene a día de hoy los apoyos parlamentarios necesarios. Para Sumar esto es una "excusa", ya que el Ejecutivo no paralizado la tramitación de ninguna de sus normas por no tener garantizados los votos de antemano (como sucedió con el propio paquete fiscal al que apunta ERC).
Díaz quiere mantener una negociación con todos los grupos del Congreso (salvo el PP y Vox), con el foco puesto especialmente en Junts. De hecho, con el partido nacionalista ya hay una vía abierta y la semana pasada la vicepresidenta segunda del Gobierno mantuvo una conversación directamente con Carles Puigdemont, con el que ya ha hablado en otras ocasiones.
En el Ministerio de Trabajo reiteran la necesidad de ser "discretos" para no poner en peligro esta vía, pero trasladan que "dar por imposibles los apoyos de Junts, como parece que está vendiendo el PSOE, es, a día de hoy, una falacia, porque hay carril y partido".
Todos en sus puestos hasta ver la letra pequeña
Otro elemento delicado de la ecuación es el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los jertzales deslizan que lo ideal habría sido "un acuerdo entre sindicatos y empresarios". Es cierto que no lo hay, pero también lo es que Andoni Ortuzar, presidente de la formación, deslizó en octubre que "no sería un drama" para ellos permitir que salga adelante la medida. Ello teniendo en cuenta, por otra parte, que es el PSOE la formación que sostiene el gobierno de Imanol Pradales en Euskadi, lo que les limita en cierta medida tirar demasiado de la cuerda en Madrid.
Con todo y con eso, Aitor Esteban, portavoz del partido en la Cámara Baja y voz autorizada en el espacio, se cubrió las espaldas en unas declaraciones que dio en diciembre. "Hay que ver la letra pequeña para ver cómo lo regulamos y cómo lo pueden hacer las empresas pequeñas. Cuando se vea qué es lo que se presenta tomaremos la decisión". Preocupa en Sabin Etxea que la nueva regulación pueda afectar a los pequeños empresarios.
Durante la negociación del diálogo social, Trabajo ya le ofreció a las patronales una serie de incentivos para intentar lograr su firma en el acuerdo. Entre estos incentivos estaban el de bonificar contrataciones indefinidas en los casos en los que reducir la jornada exigiera crear nuevos puestos o, incluso, ayudas directas a microempresas para adaptarse a la nueva ley (que exige la creación de un registro horario digital e interoperable para la Inspección de Trabajo).
Sin embargo, no está claro que el Gobierno pueda recuperar estas propuestas durante la negociación parlamentaria. En ese momento, cuando Trabajo ofreció estos incentivos, el área económica del Ejecutivo se opuso radicalmente a inyectar dinero público en las empresas, y la vicepresidenta segunda tuvo que desbloquear esta cuestión con el presidente antes de ofrecérsela a las patronales (como último recurso para lograr su firma).
Los sindicatos lideran en esta primera fase las negociaciones con los grupos del Congreso
El resto de aliados parlamentarios del Gobierno son favorables a la medida, pero, como Esquerra, estarán vigilantes para que el Congreso no termine aprobando una reducción de jornada con modificaciones que la terminen haciendo demasiado light.
Es, por ejemplo, el caso de Podemos. Los de Ione Belarra están totalmente de acuerdo con la medida en términos genéricos, pero se mantienen atentos a "las condiciones en las que llega" al Congreso. "Si es que llega", apuntillan. En cualquier caso, remarcan en que ellos se oponen "a recortes y no a avances".
En estos momentos, todas las fuentes parlamentarias de las distintas fuerzas consultadas confirman que se encuentran en contacto con los sindicatos para hablar de la cuestión. Tanto UGT, como Comisiones Obreras consideran que la reducción de la jornada laboral es la cuestión de más prioridad en 2025 y para ello están participando, en una estrategia no tan habitual, en el allanamiento del camino en el Congreso para evitar que la medida "se estrelle" ―en palabras de Pepe Álvarez― contra la ausencia de una mayoría de izquierdas.
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