El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha rechazado investigar la desaparición en 1936 de un matrimonio de Illes Balears que, acorde a los testimonios orales de la época, fue detenido y hecho desaparecer por partidarios de Francisco Franco durante el transcurso de la Guerra Civil. La votación del Comité ha estado dividida, con seis de catorce votos en contra de la resolución, y la sentencia reconoce una "actitud de indiferencia" de España ante el caso. 

Las dos personas desaparecidas en 1936 son Margalida Jaume y Antonio Alomar. Su hija Francisca Alomar, de 92 años, y su nieta Bartolomea María Riera, han sido las promotoras de la denuncia contra el Estado español. Las mujeres han sido representadas en la causa por las ONG Women's Link Worldwide y Trial International. Este viernes, el Gobierno de Illes Balears hizo público que los restos de Antonio han sido identificados en una fosa del cementerio de Son Coletes, en Manacor. 

El dictamen del Comité, al que ha tenido acceso Público, rechaza investigar la desaparición y entre sus argumentos esgrime el del paso de los años como elemento que dificulta su implicación en el asunto. "En vista del importante paso del tiempo desde los principales hechos de la comunicación (que ocurrieron hace casi 85 años) y la ausencia de un claro reconocimiento por parte de autoridades judiciales de la violación de los derechos de los familiares de las autoras desde 1985, el Comité no puede concluir que tiene jurisdicción sobre unas violaciones, incluso con ciertos efectos continuos, derivados de hechos que ocurrieron en 1936", reza el documento. 

Además, se considera que no se han exprimido todas las vías nacionales para recurrir ya a un organismo internacional y que "los recursos internos no se han agotado". Según apuntan las dos ONG implicadas, se trata de la primera ocasión en la que una desaparición forzada durante la Guerra Civil y la dictadura se eleva ante esta entidad de la ONU.

En la votación final ha habido seis miembros del tribunal que se manifestaron en contra de la inadmisión del caso. Ese voto disidente hace especial hincapié en mostrar su descontento cuando el dictamen asegura que las víctimas no han agotado todos los resquicios legales en España, algo que tildan de "superficial" y "desconcertante". "Los autores [de la denuncia] intentaron una variedad de acciones legales en su tenaz búsqueda de justicia", alegan los seis miembros en desacuerdo con la decisión del Comité, que consideran que ha quedado probado que la Justicia española ha obstaculizado los intentos de reparación y memoria de las víctimas.

Responsabilidad de la búsqueda de desaparecidos

La denuncia se apoyaba en la interpretación de que, a raíz del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es miembro, el Estado debería hacerse cargo de buscar a los desaparecidos. 

Aintzane Márquez, abogada de Women's Link en este caso, se muestra crítica con el dictamen: "Sienta un precedente negativo para las víctimas de desapariciones forzadas. Alegar la cuestión temporal y decir que fue antes de la consolidación del Derecho moderno es un argumento peligroso, porque no genera seguridad jurídica", asegura a Público. 

Que el Comité de la ONU cierre temporalmente la puerta a las víctimas del franquismo es un varapalo contra las aspiraciones de las víctimas de la dictadura, que siempre han mirado hacia los organismos supranacionales con la esperanza de que presione a España en su ejercicio de memoria histórica: "El resultado de inadmisión es triste cuando desde ONU han sido los impulsores de esta responsabilidad de Estado de investigar los crímenes. Este caso hubiese sido una oportunidad para profundizar en el análisis de género y saber como afecto a familiares mujeres en España", asegura la abogada. 

Reprimenda a España

Sin embargo, también hay espacio para el optimismo y reprimendas a España. En el texto se recuerda que los artículos invocados en la denuncia pueden dar lugar "en circunstancias excepcionales", a una "obligación permanente de investigar violaciones continúas ocurridas antes de la entrada en vigor para el Estado parte [España] del Pacto y del Protocolo Facultativo (27 de julio de 1977 y 25 de abril de 1985, respectivamente), y que los casos de desapariciones forzadas pueden implicar tales efectos continuos". 

Además, el Comité toma nota "de que las autoras [las denunciantes] alegan violaciones de naturaleza procedimental padecidas en la actualidad debido a la obstrucción por el Estado parte de recursos iniciados posteriormente a la ratificación del Pacto". A su vez, "reconoce el profundo sufrimiento, angustia y estrés causados por la desaparición forzada de sus familiares y por la actitud de indiferencia mostrada por el Estado".

En enero de 2019, Women's Link Worldwide y Trial International denunciaron a España ante la ONU con este matrimonio desaparecido como argumento. De este modo, se esperaba así presionar e incidir en que las autoridades nacionales se volcaran en la resolución de los crímenes durante la Guerra Civil y la dictadura.