Pucherazo CsLa Comisión que estudia el pucherazo de Cs contradice a la dirección nacional y continúa investigando las irregularidades

Ciudadanos no logra zanjar el fraude electoral en su proceso de primarias en Castilla y León, que arrastró las sospechas en otros territorios -como Madrid, Murcia o Cantabria- cuyos candidatos, tras pedir la revisión de sus procesos, se unieron para crear una Plataforma de Afiliados Afectados por las Primarias del partido, junto a un centenar de personas dispuestas a llevar a la Audiencia Nacional las presuntas irregularidades cometidas por la formación, amaparándose en un informe jurídico enviado al partido 'naranja' en el que explican sus sospechas.

La Comisión de Valores y Garantías, el órgano interno de la formación que actúa como "garante de los derechos de los afiliados", remitió un escrito al militante Juan Carlos Bermejo -el interlocutor con la dirección del partido-, al que ha tenido acceso Público, en el que le aseguran que "se siguen realizando las gestiones y averiguaciones necesarias para esclarecer, en la mejor y mayor medida, los hechos denunciados". 

Esta información contradice la postura de la dirección nacional y del propio órgano, que ya daba por "cerrado" este capítulo. El líder del partido, Albert Rivera, daba por "solventado" el escándalo del pucherazo sin depurar responsabilidades. Sin querer entrar en la "parte técnica" del Comité de Garantías, el presidente de los 'naranjas' afirmaba: "La realidad está solventada".

En los mismos términos se expresaba, recientemente, la portavoz nacional y candidata al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, que aseguraba en TVE que el caso estaba cerrado y defendía la "transparencia" y la "regeneración" de Cs, negando que el partido se viese afectado si no se depuraban responsabilidades.

Juan Carlos Girauta, portavoz de los liberales en la Cámara Baja, defendió que la Comisión de Garantías y Valores había revisado otras quejas "sin encontrar ningún problema" y para este órgano "el asunto está todo zanjado". Aun así, a su juicio, "cualquiera puede volver a ese comité de garantías a pedir explicaciones o recurrir y, por supuesto, cualquiera puede ir a la Fiscalía o al juez".

Según el acta sobre las primarias que dicha Comisión elaboró hace dos semanas, no se había apreciado "ningún tipo de incidencia valorable" en las primarias, pero ahora la misma Comisión afirma que el proceso todavía no se ha zanjado 

Según el acta sobre las primarias que dicha Comisión elaboró hace dos semanas, no se había apreciado "ningún tipo de incidencia valorable" en las primarias. Sin embargo, de acuerdo con el escrito remitido a Bermejo, la investigación sigue en marcha y el resultado "será conocido por toda la militancia en el momento que finalice toda la investigación", por lo que el proceso todavía no está zanjado.

El acta, fechada a 19 de marzo de 2019, firmada por el presidente de este órgano, Jesús Galiano, y la secretaria Marta Segura, precisa que todas las solicitudes llegaron fuera del plazo de los cinco días establecidos -un argumento esgrimido también por Rivera este mismo lunes-, pero no explica cómo pudieron introducirse 82 votos falsos en un sistema telemático que el partido avala como absolutamente "garantista y robusto", sin señalar ningún presunto culpable.

La Plataforma de Afiliados acusa al partido de "falsedad documental, corrupción, daños y manipulación"

La crisis entre la militancia y la cúpula de Ciudadanos se agravó cuando la Comisión advirtió a los denunciantes de que se abrirían expedientes disciplinarios que podrían derivar en su expulsión, por haber contribuido a crear "una situación perjudicial para el partido". 

Tras esta respuesta, varios militantes encargaron un informe al despacho madrileño Legal Orbis Abogados- al que este diario ha tenido acceso- que podría, en última instancia, provocar la disolución de la formación presidida por Albert Rivera, en el que acusan al partido 'naranja' de haber "vulnerado todos los trámites legales establecidos para el voto telemático, simulando y manipulando con engaño y temeridad el recuento y votación de los afiliados del partido". 

La abogada Mónica Balibrea, que también milita en Ciudadanos, se ha erigido en portavoz de este grupo de afectados y pone de manifiesto en el informe jurídico firmado a su nombre que en las primarias pudieron cometerse los presuntos delitos de "falsedad documental, corrupción entre particulares, daños y manipulación informática", además de "revelación de secretos". 

Según el informe, se habría incurrido en una "responsabilidad penal” tipificada por el artículo 31 bis del Código Penal, al haberse actuado "en nombre o por cuenta del partido político para intereses ajenos y de terceros". Y se habría "omitido la adopción de medidas de precaución y control exigibles para garantizar el desarrollo legal de la actividad", en referencia a "las medidas técnicas, organizativas y personales fundamentalmente vinculadas a los protocolos de minimización de riesgos delictivos y a los códigos de ética y conducta recogidos en los propios estatutos del partido, sobre todo en lo concerniente a su artículo 12".

La plataforma amenazó al partido con ir a los tribunales si no esclarecía en el plazo de una semana los detalles que quedan por resolver: dónde se produjeron las anomalías, qué dirección IP y quién estaba tras ella. Ahora, tras la respuesta de la Comisión, fuentes que integran la plataforma confirman a Público que esperarán una semana más para ver si estas investigaciones se traducen en algo concreto.

La Fiscalía de Valladolid abre diligencias por las primarias

La Fiscalía de Valladolid ya ha iniciado las primeras diligencias de investigación penal para esclarecer el pucherazo detectado en el proceso de primarias de Ciudadanos la pasada semana, tras una denuncia anónima. La fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, encargada de conducir esas investigaciones judiciales, inició una ronda de citaciones entre las que se incluye al proclamado ganador de las primarias y candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos, Francisco Igea, que acudió a la cita el pasado jueves.

La Justicia tiene un plazo de seis meses para investigar lo ocurrido antes de trasladarlo al juez si considerase que hay indicios de delito penal. Tras conocerse la noticia, el propio Igea explicó en declaraciones a los medios de comunicación, que tenía "plena confianza" en la investigación que lleva a cabo el Comité de Garantías de su partido.

Fuentes de la plataforma de militantes consultados por Público, creen que esta denuncia fue presentada por "alguien de Ciudadanos" con el fin de que la fiscalía desestime el caso y el partido pueda, al fin, pasar página. Sin embargo, si las investigaciones de la Comisión interna no prosperan, el caso puede llegar a la Audencia Nacional.