La Mesa del Congreso aprobó en su primera reunión del año tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, como actualmente se encuentra desde hace dos años ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el PP. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara Baja decidió el pasado miércoles fijar un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.

Ese plazo concluye el próximo lunes 25 de enero, por lo que los grupos contrarios a esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, PP, Vox y Cs, podrán retrasar su tramitación pidiendo prórrogas o registrando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno la última semana de enero, como muy pronto, según confirman fuentes parlamentarias a Público. A su vez, los trabajos en la Comisión de Justicia no podrán arrancar hasta que la Cámara Baja rechace las propuestas de veto de los grupos.

"La única urgencia son las prisas de los partidos que gobiernan por controlar el poder judicial. Las reformas del Poder Judicial deben abordarse con garantías de no intromisión de otros poderes y con participación de los sectores implicados", apuntó la portavoz del grupo popular en el Congreso, Cuca Gamarra, en un mensaje de Twitter. En este sentido, su partido presentará una enmienda a la totalidad. "Queremos que siga un trámite normal y con informes", explican fuentes populares a este medio.

La Mesa del Congreso también rechazó con los votos en contra del PSOE y Unidas Podemos pedir informes consultivos del propio órgano de los jueces y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Y es que, este trámite no es legalmente necesario porque la reforma se lleva a cabo mediante una proposición de ley de los grupos parlamentarios y no vía proyecto de ley impulsado por el Gobierno. En este segundo caso sí que hubiera sido necesario recabar la opinión del Consejo de Estado y del CGPJ.

Si bien, el PP insiste y ha solicitado a la Mesa del Congreso que reconsidere las decisiones adoptadas el pasado miércoles. De lo contrario, acudirán al Tribunal Constitucional, como apostilló Gamarra. Cabe recordar que el órgano de gobierno de la Cámara Baja tomó la decisión de tramitar la modificación por procedimiento de urgencia en base a la petición de los partidos que sostienen al Gobierno, que reunió la mayoría necesaria gracias a los votos de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para que el Congreso celebrara sesiones extraordinarias en enero, un mes que está fuera del calendario de sesiones, para avanzar en la reforma legislativa.

Cs también vetará la reforma

Ciudadanos, por su parte, también vetará la proposición que recibió el visto bueno del Pleno el pasado 15 de diciembre durante el debate de toma en consideración. "Vamos a presentar una enmienda a la totalidad de una contrarreforma que pretende redoblar la politización de la Justicia por parte de los partidos políticos, tras 40 años de PP y PSOE repartiéndose el CGPJ", argumentan fuentes del grupo naranja.

"Nos alegramos mucho de que, en esta ocasión, parece que no vamos a ser los únicos que presentemos una enmienda a la totalidad, pese a que, lamentablemente, seguimos solos defendiendo la independencia judicial total, la que dicta el espíritu constitucional para que sean los jueces quienes eligen a los jueces", defienden desde el partido que lidera Inés Arrimadas.

Desde el PSOE insisten en que su intención pasa por tramitar la modificación "lo más rápido posible", aunque eso sí, son "conscientes" del proceso parlamentario que implica una proposición de ley orgánica pese a que los tiempos se vean reducidos por su tramitación por la vía urgente. Asimismo, planean que la reforma quede aprobada en el Congreso para el mes de febrero. 

La cúpula judicial trabaja en nuevos nombramientos

En concreto, esta modificación legislativa propone introducir dos nuevos artículos en la Ley del Poder Judicial para que el gobierno de los jueves no pueda realizar nombramientos clave ni designar a una cúpula una vez expirado su mandato. Este aspecto ya estaba incluido en la propuesta que presentaron estos dos grupos en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del Poder Judicial y que ahora está paralizada.

Mientras el Gobierno y el PP siguen sin ponerse de acuerdo para renovar órgano de gobierno de los jueces, y con la tramitación de la reforma de fondo, la cúpula judicial ha reanudado su actividad tras el parón navideño en busca de nuevos nombramientos. En esta semana se han llevado a cabo las sesiones de la Comisión Permanente para escuchar a los aspirantes a presidir las audiencias provinciales de Almería, Baleares, Ciudad Real, Cantabria, Granada, León, Navarra y Salamanca. Y todo ello a pesar de la interinidad de su mandato.