Celaá critica al PP por pedir suelo público para construir colegios concertados

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha criticado al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ángel Garrido, del Partido Popular, por solicitar al Ayuntamiento de la capital la cesión de suelo público para construir colegios concertados en nuevos desarrollos urbanísticos con escasez de oferta de plazas escolares públicas. "Eso no puede ser", ha afirmado en una entrevista a Europa Press

En ese sentido, la ministra ha aplaudido la decisión del Consistorio de Manuela Carmena de negarse a la cesión de suelo, y ha criticado al PP por haber promovido en diversas comunidades autónomas la "educación negocio" de la "nueva concertada" que, según Celaá, impulsan empresas de otros sectores con el afán de recibir fondos públicos.

"La nueva concertada es aquella que está ejerciendo una competencia desleal con la escuela concertada que cumple su función social y con la escuela privada. Puede ser una empresa constructora, de limpieza o de seguridad que diversifica su negocio, lo cual es legítimo. Lo que ya no es tan legítimo, tan honorable, es que siendo un negocio se pretenda recabar fondos públicos", ha explicado.

Para Celaá, el origen de la "nueva concertada" se sitúa en 2013 tras la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como 'Ley Wert', aprobada por el Partido Popular y que introdujo el criterio de "demanda social" para la planificación escolar, algo que el Gobierno ha eliminado en su proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación.

"La demanda social es un criterio que, desde mi punto de vista, es absolutamente mercantilista y no ha hecho más que enmascarar a esa nueva concertada que ha surgido a su amparo", expone Celaá, afirmando que "hasta el año 2013, la escuela pública, la concertada y la privada habían ido cumpliendo su función social sin que hubiera surgido educación negocio".

"No puede ser que la obligación que tienen los poderes públicos a servir el derecho de cada persona a ser educada, sea sustituido por una demanda social", defiende la ministra. "Imagínese usted que desaparece esa obligación y la concertada o privada empezase a surgir en los sitios que le interesara hacer negocio, con lo cual no tendríamos educación en los ámbitos rurales o insulares, porque no sería rentable. Y el niño de un pueblo tiene el mismo derecho a ser educado que uno del centro de Madrid", apostilla.