Nueve grupos del Congreso han realizado este martes una declaración conjunta para pedir al PSOE que acepte la creación de una comisión de investigación del caso Pegasus, el espionaje a más de 65 personas vinculadas al independentismo
catalán y vasco mediante el programa creado por la empresa israelí NSO, según una investigación llevada a cabo por Citizen Lab publicada el pasado lunes en The New Yorker.

Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, PdeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG, que representan a 65 diputados de la Cámara Baja, han resaltado que el programa solo puede ser adquirido por estados y sus estamentos gubernamentales, por lo que "la sospecha de la implicación del Estado
español es más que verosímil".

En concreto, "los indicios apuntan a la implicación del Centro Nacional de Inteligencia bajo el control, desde que Margarita Robles asumiera el
cargo, del Ministerio de Defensa, sin descartar la autoría o participación de otros organismos públicos", han sostenido en relación al espionaje llevado a cabo entre el 2017 y el 2020.

En esta línea, denuncian que el uso antidemocrático y sistemático del espionaje como arma política "contra el adversario político es un método que no debe tener cabida en un estado que se dice democrático", una situación que no solo afecta a las personas espiadas, sino "al conjunto de las fuerzas democráticas y por extensión a toda la ciudadanía, en cuanto supone una flagrante vulneración de derechos".

Por tanto, además de expresar su rechazo absoluto a la práctica de espionaje, estos grupos, la mayoría socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, exigen al Ejecutivo que "actúe de manera inmediata para investigar y aclarar este caso, tanto política como judicialmente, asumiendo y depurando para ello todas las responsabilidades políticas que se deriven de tal investigación".

También, instan a los socialistas a permitir la creación de una comisión de investigación solicitada hace una semana por once fuerzas políticas de manera que avance en el esclarecimiento sobre este escándalo, "que rinda cuentas con la
ciudadanía y las Cortes de forma transparente y con responsabilidad frente a la
gravedad de lo conocido hasta ahora".

Asimismo, exigen a la Mesa del Congreso y a su presidenta, Meritxell
Batet, que tome todas las medidas oportunas para garantizar los derechos de los
cuatro diputados afectados por Pegasus, así como que inicie una investigación
interna para poder conocer el alcance real de los posibles casos de espionaje a
diputados y diputadas de esta Cámara.

Por último, llaman a todas las fuerzas políticas democráticas, a los agentes sociales y sindicales, y a la ciudadanía en su conjunto a "denunciar enérgicamente" este caso de espionaje, y avisan de que  tomarán "todas cuantas acciones necesarias para llegar hasta el final y sus consecuencias".