Grandes titulares sobre las finanzas de Podemos, sobre una caja 'b' parecida a la del PP; desvío de fondos, comisiones, financiación ilegal. Las informaciones sobre las cuentas del partido morado han sido una constante desde diciembre de 2019, cuando el abogado José Manuel Calvente fue despedido de Podemos y comenzó a lanzar en medios de comunicación sospechas sobre la financiación de la formación. 

Calvente presentó un denuncia ante la Guardia Civil en Barcelona señalando a varios dirigentes del partido como responsables de financiación ilegal. La denuncia fue derivada a Madrid, por estar allí la sede de Podemos. Por turno de reparto recayó en el Juzgado de Instrucción 42, donde en julio de 2020 el titular, el juez Juan José Escalonilla, abrió diligencias previas. Los presuntos delitos iniciales investigados por el juez no eran leves: financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida.

Calvente declaró ante el juez que su conocimiento de parte de los hechos que denunciaba procedía de "rumores a nivel de militancia". Pese a esto, el magistrado desplegó una nutrida batería de diligencias de investigación. 

Sin embargo, de las siete líneas de investigación en las que se desgajó la causa sólo pervive dos. La principal es la relativa al contrato con la consultora mexicana Neurona para la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019. En esta investigación están imputados por presunto delito electoral Podemos; su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; su director de comunicación, Juan Manuel del Olmo, y el cofundador del partido Juan Carlos Monedero.

La Fiscalía cree que la investigación ya está agotada. De hecho, en un reciente escrito sostiene que personal de Neurona se desplazó a España y efectuó los trabajos para los que fue contratada la empresa; descarta, pues, el Ministerio Fiscal la simulación de contrato con la consultora Neurona, que es lo que se venía investigando. Pero ahora el juez quiere saber si los 363.000 euros que supuso el contrato, procedentes de fondos del partido, no de subvenciones electorales, fueron bien empleados, es decir, si los trabajos de Neurona costaron realmente esa cantidad de dinero. 

Para ello, ha ordenado una pericial, aunque la propia Fiscalía pone en duda su eficacia para conocer si el coste se adecúa al precio de mercado. Esta semana el juez debe decidir si prórroga la instrucción de la investigación, pues el plazo acaba el próximo 28 de enero. Ya decretó una prórroga en julio pasado. Podemos se opone, argumentando que tanto el peritaje pendiente como el interrogatorio de dos trabajadores de la consultora Neurona mediante una comisión rogatoria a México son diligencias aprobadas en plazo legal y según indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es necesario la prórroga de la instrucción para poder acometerlas. 

La otra línea de investigación que se mantiene viva y que es colateral de la macrocausa 'Neurona' versa sobre el presunto papel como 'niñera' de una asesora de la ministra Irene Montero. Esta pieza fue derivada a otro juzgado, pero es posible que regrese al de Juan José Escalonilla, según ha podido saber Público. La investigación se abrió tras la adhesión a la denuncia de Calvente de otra abogada de Podemos, Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos 

Investigaciones cerradas

Seis meses después de abrirse la macrocausa contra Podemos se archivaron cuatro de las líneas de investigación derivadas de la querella de Calvente. Una de las primeras en recibir el carpetazo fue la relativa al contrato con la consultora portuguesa ABD Europa LDA. Calvente había señalado que los contratos con esta empresa para la campaña electoral para las elecciones generales de abril de 2019 fueron simulados y que hubo desvío de fondos hacia una especie de red política de corrupción internacional. Pero el juez no percibió ninguna irregularidad en los contratos con la portuguesa ABD, que habían estado fiscalizados además por el Tribunal de Cuentas.

Recursos de Vox y Prolege

Algunas de las piezas archivadas sufrieron el letargo de los recursos de las acusaciones populares, Vox y la asociación de abogados Prolege. Así ocurrió con la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos, un fondo destinado a causas sociales, que fue archivada hasta dos veces por el juez Escalonilla. La Audiencia Provincial de Madrid ha decretado recientemente el archivo definitivo, por constatarse que no existió desvío de fondos. 

Lo mismo sucedió con la investigación sobre los presuntos sobresueldos en Podemos. El juez archivó dos veces esta línea de investigación, al entender que la gerente del partido estaba facultada para aplicar complementos salariales y que estos estaban autorizados por el Consejo de Coordinación de Podemos. 

Además de estas cuestiones, José Manuel Calvente había denunciado que las obras de la nueva sede de Podemos habían sufrido sobrecostes injustificados. Pero el juez no encontró irregularidades y archivó la investigación por presunta apropiación indebida. En la misma fecha, enero de 2021, el juez también sobreseyó la investigación relativa al presunto clonado del ordenador de una de las abogadas del partido, porque ni la presunta perjudicada ni los responsables del partido habían denunciado tal delito. 

El laberinto judicial alcanza a otros juzgados

También se archivó la investigación sobre las donaciones de Podemos al denominado 'Proyecto Impulsa', a raíz de la personación como acusación particular en la causa de la exsenadora de En Comú Podem por Tarragona Celia Cánovas. Denunció que la formación morada habría malversado fondos y usado las donaciones de los cargos públicos para encubrir "una operación de blanqueo". La Fiscalía se opuso a la personación de Cánovas y a la apertura de esta investigación. El juez acabó dando la razón al Ministerio Fiscal y en su auto de archivo indicó que queda "suficientemente acreditado el destino dado a través del 'Proyecto Impulsa', en su segunda edición, gestionado por la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, a las donaciones efectuadas por los cargos públicos [de Podemos] a dicho proyecto durante el año 2016". 

De la macrocausa 'Neurona' se deslindaron tres líneas de investigación que acabaron en otros juzgados por no versar sobre el contrato con la consultora mexicana. La relativa al papel de cuidadora de los hijos de Iglesias y Montero supuestamente ejercido por una asesora del Ministerio de Asuntos Sociales sigue abierta. Las otras dos ya han sido archivadas. El Juzgado de Instrucción 1 de Madrid sobreseyó en junio de 2021 la investigación por las donaciones realizadas a través de la Fundación 25-M que fueron denunciadas por Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. 

Carmona había denunciado que su cese se debió a represalias por haber investigado internamente presuntas irregularidades en Podemos. Pero una jueza descartó esa hipótesis. 

También se archivó el asunto sobre las costas procesales que presuntamente se habría quedado Pablo Iglesias derivadas de un procedimiento en Pamplona. El Juzgado de Instrucción 45 de Madrid lo tumbó por falta de indicios delictivos.