La Fiscalía se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Podemos, su responsable de finanzas, Daniel de Frutos; y su director de comunicación, Juan Manuel del Olmo, contra el auto del juez Juan José Escalonilla que ordena la práctica de una pericial sobre el coste de los servicios prestados por los trabajadores de Neurona Consulting para la campaña electoral de abril de 2019. La fiscal indica que la diligencia es "conforme a derecho" pero augura  resultados poco fiables.

En su recurso, el partido considera que la pericial ordenada por el juez para conocer si el precio que pagó a la consultora fue excesivo se aleja del objeto de la investigación, una vez acreditados los trabajos que realizó 'Neurona' para la campaña electoral de abril de 2019. 

La Fiscalía cree que los trabajos se realizaron y descarta la simulación de contrato con la consultora Neurona, como asegura el abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que dio origen a esta investigación del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid. "Si bien es cierto que de las diligencias practicadas no resulta indiciariamente acreditado la existencia de un contrato simulado, no es menos cierto que con el objeto de agotar la investigación la diligencia acordada sea pertinente", consta en el escrito de la fiscal Lorena Álvarez, al que ha tenido acceso Público. 

En un extenso escrito de 27 páginas, la fiscal, que da la razón a Podemos en cuanto a su libertad para contratar a los proveedores que considere oportuno, repasa pormenorizadamente todas las diligencias practicadas hasta el momento, desde que se inició la investigación, a finales de 2020, a raíz de la denuncia de Calvente por presuntos delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, financiación ilegal de partido y administración desleal. 

Todas las líneas de investigación derivadas de esa denuncia se han archivado salvo la concerniente al contrato con la consultora mexicana Neurona y la que versa sobre el presunto papel como 'niñera' de una asesora de la ministra Irene Montero, que aunque derivada a otro juzgado, es posible que regrese al 42. Esta última línea de investigación fue fruto de adhesión a la denuncia de Calvente de otra abogada de Podemos, Mónica Carmona.  

El juez, pese a haber quedado acreditados, como él mismo indica, los trabajos efectuados por personal de Neurona trasladado a España, ha ordenado un peritaje que poco o nada va a aportar a la causa, como se desprende del escrito de la Fiscalía de Madrid. "Es posible que no pueda determinarse con facilidad el coste", dice la fiscal, refiriéndose a una pericial que deberán realizar un diseñador gráfico y un técnico de realización y edición de vídeos, "o una mercantil cuya actividad social comprenda la edición de vídeos, y que haya participado en campañas electorales, teniendo que valorar igualmente el trabajo estratégico de segmentación llevado a efecto por los trabajadores de Neurona Consulting", consta en el auto del juez. 

La fiscal resalta que los fondos con los que Podemos sufragó los trabajos de Neurona para la campaña electoral de las elecciones generales de 2019, por un valor de 363.000 euros, eran fondos propios, no subvenciones electorales. Pero el juez Escalonilla, que prorrogó la instrucción de la causa, indica que el delito electoral que se investiga en relación a Podemos y este contrato "se puede cometer igualmente cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente en las cuentas electorales a un fin distinto al servicio que se retribuye". 

Considera Podemos que la nueva diligencia solicitada por el juez "reorienta" el sentido de la investigación, que era inicialmente la constatación de que los trabajos realizados por la consultora para Podemos se realizaron ciertamente, según el contrato que ambas organizaciones suscribieron. Y se queja el partido de que la pericial no tiene en cuenta que el contrato de Neurona obedecía a "un servicio global de consultoría política, electoral y audiovisual, y no de forma troceada y parcial tal y como se pretende".

Además, para el partido, esa noción de "precio" o "coste" entendidos como términos fijos, tal y como que se desprende del auto, es absolutamente ajena a la realidad del mercado empresarial. "Los precios de mercado de los productos y/o servicios no son tasas o aranceles fijados reglamentariamente", consta en el recurso de Podemos. 

La Fiscalía pese a la poca fe que se desprende de su escrito en el resultado final de la pericial no se opone a ella. Dice que es una diligencia "lógica" a la vista de las diligencias ya practicadas por lo que la resolución del juez Escalonilla es "conforme a derecho". De su escrito se puede deducir que la Fiscalía da por agotada la investigación.

El juez Escalonilla ya adelantó que no tiene intención de que se estudien los precios pactados con el resto de consultoras de otros partidos políticos, pero Podemos considera "esencial" para que el perito pueda valorar si el
precio pactado con Neurona se ajusta a términos razonables de mercado, que pueda acceder a la información sobre lo que pagaron el resto de partidos a otras consultoras para aquella campaña electoral. Por eso pide que se requiera al Tribunal de Cuentas para que aporte la información que disponga, como contratos y facturas, de determinados servicios prestados por determinadas consultoras durante la campaña del 28 de abril de 2019 para el resto de partidos, con análogas funciones a las de Neurona.

Una veintena de querellas e investigaciones, archivadas

En estos momentos, cuando precisamente este miércoles ha quedado archivada definitivamente por la Audiencia Provincial de Madrid la investigación sobre la caja de solidaridad de Podemos, como ha informado Público, el contrato de 363.000 euros con la consultora Neurona para las elecciones generales de 2019 y el presunto papel de cuidadora de una asesora de la ministra Irene Montero son las dos únicas investigaciones que siguen vivas de una veintena de querellas y líneas de investigación abiertas contra Podemos desde su fundación, en 2014. La guerra judicial contra Podemos por parte de la ultraderecha ha provocado  causas abiertas en los tribunales que se han ido desinflando hasta quedar archivadas.