La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde hoy ejerce la magistrada Mercedes Alaya, avala en todos sus términos la instrucción que impulsó la jueza cuando dirigía el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Las condenas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán,seis. exconsejeros y otros altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía se puede interpretar, por tanto, y mucha gente lo ha hecho, como una victoria de Alaya, cuyos escritos tantos ríos de tinta han hecho correr y tantas críticas del PSOE y de abogados defensores y de algunos expertos jurídicos, han recibido.

Alaya viene argumentando en sus autos judiciales desde el año 2011 lo que hoy ha comprado la Audiencia. Que el sistema de reparto habilitado por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010 para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis era en sí mismo ilegal, fraudulento y abrió la puerta, por su opacidad, a todo tipo de desmanes, que, efectivamente, se cometieron, tal como recoge la sentencia.

La jueza ya argumenta en un auto de diciembre del año 2011 que, “pese al informe de la Intervención” de 2005, el que ha servido para exculpar al exinterventor general Manuel Gómez, la Junta “siguió utilizando para la materialización de sus ayudas a terceros, la figura de la transferencia de financiación [...], específicamente destinada a financiar gastos corrientes de las empresas públicas”.

“Mediante esta figura –prosigue Alaya– se realizaron verdaderas subvenciones excepcionales sin la intensidad del control previo al gasto y pago propio de la subvención, ni [tampoco] la verificación de las condiciones y fines para los que se habían concedido estas ayudas”.

Estos de Alaya parecen párrafos sacados de la sentencia que ha elaborado el magistrado Juan Antonio Calle y que han firmado también sus colegas Pilar Llorente y Encarnación Gómez.

Fue la perseverancia, la tenacidad y el trabajo de hormiguita de Alaya –y el de un grupo de policías nacionales y de guardias civiles– el que, desde que le llegó, por una querella del PP de Juan Ignacio Zoido, una grabación en la que el exdirector general de Mercasevilla, Fernando Mellet –hoy condenado por aquello–, les pedía un soborno a dos empresarios, lo que convirtió el caso de los ERE en lo que es hoy.

A partir de aquella grabación, Alaya se puso a trabajar y a tirar del hilo. En sus pesquisas, acabó por descubrir que en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del mercado público había intrusos, personas que nunca habían trabajado allí. Empezó a hacer preguntas hasta que dio con Javier Guerrero, el exdirector general de Empleo, responsable autonómico de los ERE, como autoridad laboral.

La Policía lo llamó a declarar. Y Guerrero lo hizo. Dijo que durante años había manejado un “fondo de reptiles” para crisis empresariales. Saltaron entonces todas las alarmas. Y de una investigación circunscrita a los ERE de Mercasevilla, se pasó a indagar la concesión de expedientes en toda la Comunidad.

Los intrusos

Empezaron a aparecer centenares de intrusos por toda Andalucía, incluida la propia suegra del exdirector general. El caso comenzaba a tomar cuerpo y un cariz de escándalo de grandes dimensiones. El descontrol en la Consejería de Empleo aparecía ya como manifiesto. Pero Alaya no se detuvo ahí. Empezó a pensar que todo el fondo que la Junta había habilitado para pagar ayudas sociolaborales olía mal. Las ayudas no aparecían en el BOJA, y cuando leyó el informe de la intervención del año 2005, en el que se decía que venían concediéndose subvenciones prescindiendo del procedimiento establecido, ya no tuvo más dudas.

En marzo de 2011 tomó la decisión más sonada de toda su instrucción: le pidió al Gobierno andaluz las actas de todos sus consejos de Gobierno desde el año 2001, fecha en que en Empleo, el consejero de entonces José Antonio Viera, firmaba con su viceconsejero, Antonio Fernández, un convenio que tanto Alaya como la Audiencia –en la sentencia notificada hoy– sitúan como uno de los momentos clave del fraude: fue el que permitió a Guerrero disponer a su antojo –y el de sus superiores– de 679,2 millones de euros durante diez años.

Aquella petición cambió de plano el tono de la investigación. Puso el foco definitivamente en el Gobierno de Andalucía, provocó un terremoto político del que sus réplicas llegan hasta hoy, y llevó, ocho años después, a las condenas de este martes.

Alaya entró en 1988 en la carrera judicial. Lo logró muy joven, con 25 años. Fue destinada al juzgado de instrucción número dos de Carmona, cerca de su casa, Sevilla, donde vivió y estudió Derecho. En 1990, pasó al juzgado 4 de Fuengirola (Málaga) y, rápidamente, dos años después, regresó a Sevilla, al juzgado 20. Y en 1998, accedió al instrucción 6, que dejó para ocupar una plaza en la Audiencia de Sevilla, en la sección séptima, donde hoy resuelve recursos y pone sentencias.