Las direcciones del PSOE y del PP no se hacen responsables ahora de los casos de corrupción de los ERE y Gürtel, que surgieron hace una década y se dilucidan en los tribunales. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado estaban en la cúpula de sus respectivos partidos cuando saltaron ambos escándalos y ambos intentan en todo momento mantenerlos alejados como si se tratara de casos antiguos.

Los populares piden ahora dimisiones y coherencia, tras la demoledora sentencia de la pieza política del caso ERE con 680 millones de euros malversados. Lo dijo en mayo de 2018 el propio Mariano Rajoy durante la moción de censura que lo tumbó de la presidencia del Gobierno tras la famosa sentencia de la primera época del caso Gürtel: "¿Pueden ustedes presumir de incorruptos? Cuándo llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner ustedes una moción de censura a si mismos?", preguntó a los socialistas.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, intentó zanjar este martes el debate: "No es un caso del PSOE sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía".

Ábalos construyó una muralla argumental para acotar la responsabilidad en el PSOE andaluz y proteger a Sánchez, quien en 2016 tuiteaba: "Chaves y Griñán son personas honestas. Yo confío en su inocencia". Así, sostiene que los cargos públicos implicados ya asumieron su responsabilidad y que el PSOE "nunca ha tratado de ocultar este caso, no arremetió contra los jueces y no trató de destruir pruebas como sí hizo el PP".

De 'cuatro o cinco golfos' a la corrupción institucional

En el año 2009, dos meses después de saltar el escándalo Gürtel que arrastra el PP, se descubrió que un militante del PSOE fue agraciado con una indemnización laboral de Mercasevilla, a pesar de no haber trabajado allí nunca. Surgió así el caso de los ERES de Andalucía, que han llevado a la condena de dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como de la exministra socialista Magdalena Álvarez.

El PP y el PSOE llevan más de una década arrojándose ambos casos de corrupción, mientras utilizan asociaciones, personas afines o el propio partido para ejercer las acusaciones populares e intentan ‘mecer’ los sumarios a conveniencia del momento político.

Cuando surgieron ambos casos, los respectivos partidos implicados negaron la existencia de trama corrupta alguna; a lo sumo, asumieron que sólo afectaban a “cuatro o cinco golfos”(Chaves dixit).

Pero las investigaciones han demostrado que no se trataban de unos golfos contados con los dedos de una mano, sino de pillaje y corrupción institucional.

Existen algunas diferencias: en Gürtel hay enriquecimiento personal y presunta financiación ilegal del PP, mientras que los ERE es un sistema de ayudas públicas, con riego millonario de dinero a base de subvenciones a empresas para financiar la paz social, y de los que Chaves y Griñán eran “conscientes” de su “palmaria ilegalidad", según la sentencia dada a conocer este martes.

Del Jaguar al 'dinero p'a asar una vaca'

Supuestos golfos tienen ambos. Francisco Correa, el líder de Gürtel, se repartía comisiones por adjudicaciones públicas de hasta el 3% con el extesorero popular Luis Bárcenas y el propio PP, además de repartir dádivas a políticos, como un Jaguar a Jesús Sepúlveda, el marido de Ana Mato.

Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, creó el “fondo de reptiles” para ayudar a “respirar” a empresas en crisis mientras gastaba 20.000 ó 25.000 euros mensuales en la compra de cocaína, según confesó su chófer que en un día recibió una subvención de un millón de euros. Y Javier Lanzas, el sindicalista mediador de ERES, ganó tanto dinero que su madre decía: “Mi hijo tiene dinero suficiente p’a asar una vaca".

La cuantía final de ambos saqueos está por determinar. Sólo en los primeros negocios de la trama Gürtel la red consiguió al menos 120 millones de euros de dinero público, aunque aún falta por aclarar la caja B del PP que manejaba Bárcenas y quien repartió sobres con dinero entre la cúpula del partido -otro enriquecimiento personal-. Sólo el ex tesorero llegó a acumular 43 millones en Suiza.

En el caso de los ERE las subvenciones ilegales abarcaron 680 millones de euros. El daño económico aún falta por cifrar, a la espera de que la sentencia sea firme: cada expediente fraudulento de ERE es investigado en juzgados de Andalucía; la Junta de Susana Díaz retiró la acusación, lo que dificultará la recuperación del dinero; falta por saber qué dirá la Comisión Europea -se concedieron ayudas sin su autorización- y si el Tribunal de Cuentas fijará al final las responsabilidades contables.

Los jueces han pagado un alto precio

Tanto en los ERE como en Gürtel se ha intentado destruir a los jueces en los que ha recaído la investigación. Y todos los magistrados han pagado un alto precio personal por seguir investigando estas tramas por encima de las presiones ambientales.

La magistrada Mercedes Alaya fue la primera instructora del caso ERE y foco de los ataques del entorno del PSOE. Su sucesora, María Ángeles Núñez Bolaños, ha acabado de baja médica después de un duro pulso con la Fiscalía y el PP, al tiempo de que se ha tejido la falsa versión de que ella sería amiga de los socialistas y que había llegado al juzgado para salvarlos.

El juez Baltasar Garzón fue el primer instructor del caso Gürtel y acabó condenado por prevaricación al autorizar las grabaciones en los locutorios de los principales acusados mientras despachaban con sus abogados. Su sucesor Pablo Ruz fue apartado de la Audiencia Nacional, donde ejercía en comisión de servicio -cargo renovable cada seis meses- después de que exigiera que trajeran ante su presencia los famosos ordenadores de Bárcenas … y comprobar que sus discos duros habían sido destruidos.

Nuevos pulsos

Quedan más de 160 piezas de la trama del caso de los ERE, que se irán conociendo a medida que avancen los juicios en cada una de ellas.

Ahora toca juzgar la pieza de Gürtel de la caja B del PP. El tribunal también ha sido desmantelado: la Audiencia Nacional ha apartado al juez José Ricardo de Prada al aceptar la recusación planteada por el PP y Bárcenas.

De Prada fue el impulsor del famoso párrafo de la sentencia del caso Gürtel que consideraba acreditada la existencia de una caja B en el PP y que tumbó a Rajoy. Su sucesor es Fernando Andreu. Y, aunque hay motivos para recusarlo, el PP ha optado por callar.

Mientras, la presidenta del tribunal juzgador de la caja B, María José Rodríguez Duplá, ha conseguido el traslado y a esta plaza se ha presentado Juan Carlos Campo, exportavoz del PSOE en el Congreso y ex alto cargo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Si Juan Carlos Campo gana el concurso -lo que es muy previsible debido a su posición en el escalafón-, este juez que regresa de la política será recusado en el caso Gürtel. Este movimiento provocará que se nombre un juez en comisión de servicio a propuesta de Concepción Espejel, la presidenta de la Sala de lo Penal recusada a su vez en el caso Gürtel.

El pulso entre PSOE y PP continúa, una década después, aunque sus actuales dirigentes insistan que ERE y Gürtel son casos antiguos y miren para otro lado.