Era diciembre del año 2019. La localidad de Tifariti, en los denominados territorios liberados del Sáhara Occidental, acogía el XV Congreso del Frente Polisario. En la parte orgánica, seguía al frente Brahim Gali, secretario general desde 2016, tras la muerte de Mohamed Abdelazziz. En lo político, más allá de la apuesta incansable por la autodeterminación, se ponía el foco también en la lucha judicial a nivel europeo por el asunto de la explotación de los recursos naturales de su territorio por parte de Marruecos. Tres años después, el campamento de Dajla acoge la XVI edición del Congreso. Entre medias, una sucesión de acontecimientos en torno al conflicto sin precedentes en las últimas décadas.

Ya desde hace unos cuantos años atrás el Frente Polisario dejaba caer la posibilidad de la vuelta a la lucha armada ante el enquistamiento de un conflicto que se alarga cada vez más en el tiempo. Pero ese paso todavía no se había dado. Se quedaba únicamente en la dialéctica, también durante el último Congreso. Todo iba a cambiar menos de un año después del XV Congreso. El foco se situaba en Guerguerat, una zona situada en el límite sur del territorio ocupado del Sáhara Occidental, entre el muro marroquí y la frontera con Mauritania.

Esta zona está considerada como "tapón", ya que, según los acuerdos de paz de 1991 ninguna de las partes del conflicto puede usarla. Sin embargo, desde el año 2017 Marruecos había comenzado una obra de asfaltado en la carretera del lugar para conectarse con el norte de Mauritania. Ocurrió entonces que varios activistas saharauis, en octubre de 2020, organizaron una protesta para bloquear la carretera y las obras.

El 13 de noviembre el Polisario denunciaba públicamente que Marruecos había roto el alto el fuego, vigente desde 1991, al intervenir militarmente para sofocar la protesta de los saharauis. Dos días después, Gali oficializó la ruptura del alto el fuego y declaró en nombre del Frente Polisario el estado de guerra. El Ejército saharaui comenzaba entonces a movilizarse, a desplazar tropas y a localizar objetivos militares de Marruecos.

En paralelo, la situación de los campamentos saharauis, al otro lado del muro y en el territorio argelino de Tinduf, vivían una situación complicada. La pandemia de coronavirus había paralizado el mundo a principios del año 2020, poco después del XV Congreso. La ayuda humanitaria se resintió sobremanera al estar cerradas las fronteras. Miles de personas refugiadas notaron cada vez más la falta de suministros. Además, durante ese año (también en 2021) se interrumpió el programa Vacaciones en Paz, mediante el cual miles de niños y niñas viajan en verano a España para hacerse reconocimientos sanitarios y escapar del infierno climático del verano en el desierto. El coronavirus iba a tener también un protagonismo especial más adelante para el Polisario.

Pero no solo la guerra iba a remover los cimientos del conflicto. En diciembre de 2020 irrumpía por sorpresa en escena el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya había perdido las elecciones de su país y saldría del Gobierno poco después. Pero mediante un tuit anunciaba que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo incluía que los marroquíes, con el rey Mohamed VI a la cabeza, establecieran de nuevo relaciones diplomáticas con Israel.

La jugada a nivel geopolítico fue sorprendente. Y un regalo envenenado para el presidente electo, Joe Biden. Ningún país reconocía de forma explícita la soberanía marroquí sobre el Sáhara. De hecho, según diferentes expertos jurídicos, es algo que va contra el Derecho Internacional, ya que la ONU considera el territorio saharaui como pendiente de descolonización. La decisión de Trump, sumada a la declaración de guerra, volvió a poner el foco en un conflicto largo que en muchas ocasiones ha pasado de puntillas a nivel mediático y político. El Factor EEUU en el conflicto iba a ser usado más adelante para justificar decisiones del Gobierno español. 

El 'caso Gali', Ceuta y el aval a la autonomía

El coronavirus, como se mencionaba anteriormente, seguía campando a sus anchas a lo largo del mundo. También llegó a los propios dirigentes saharauis. En concreto, al propio Gali. Mediante una filtración en los medios de comunicación se conoció que en abril, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), viajó a España con nombre falso e ingresó en un hospital de Logroño para ser tratado de la covid.

Aquello fue una bomba política. Marruecos pidió explicaciones y advirtió que la acogida tendría consecuencias. El PP de Pablo Casado quiso desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez con este asunto. Una serie de personas con vínculos claros con Marruecos, como fue informando Público de forma puntual, judicializó el asunto y llevó también a los tribunales a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.

Marruecos retiró incluso a su embajadora de España. La crisis diplomática creció y en mayo se produjo un acontecimiento especialmente llamativo. El país vecino permitió y alentó la entrada en Ceuta de miles de personas, muchas de ellas menores de edad. Fue quedando claro, por diferentes declaraciones de cargos políticos marroquíes, que esa acción estaba relacionada con Gali. En realidad, no solo con la acogida del líder del Polisario, sino con la posición histórica del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental. La llamada "neutralidad activa" en la que no se apostaba de manera clara por ninguno de los actores en contienda y se mantenían buenas relaciones con ambos y también con otro actor clave como Argelia.

Aquella situación enfadó mucho a Sánchez. En unas declaraciones que han quedado para la historia de la hemeroteca por todo lo que iba a suceder el año siguiente, el presidente afirmó: "Me parece absolutamente inaceptable, porque no es aceptable decir que se atacan las fronteras por desavenencias en política exterior", afirmó entonces.

Pero en julio llegó la reestructuración del Gobierno de España, en el que cambiaron a siete ministros. Entre ellos, González Laya, cuyo cese se achaca a la gestión de la crisis con Marruecos. Entró en su lugar una persona muy cercana a Sánchez y con perfil diplomático: José Manuel Albares. Su misión principal iba a ser reconducir las relaciones con Marruecos. En paralelo, durante el mes de octubre, el secretario general de la ONU, António Guterres, designó al diplomático italosueco, Staffan de Mistura, como nuevo enviado especial para el Sáhara. El puesto estaba vacante desde la renuncia del alemán Horst Köhler en 2019.

Albares ya se había puesto en marcha de manera discreta. El Gobierno saludó con entusiasmo la llegada del enviado especial de la ONU. Mientras, tejía una nueva estrategia con Marruecos de la que poco o nada se sabía públicamente. La crisis era profunda, no había embajadores y las fronteras de Ceuta y Melilla no se habían reabierto desde el comienzo de la pandemia. Todo saltó por los aires en la tarde del viernes 18 de marzo. La Casa Real de Marruecos desveló una carta de Sánchez a Mohamed VI en la que destacaba el plan de autonomía que propone Marruecos para el Sáhara Occidental como la opción "más seria, realista y creíble" en la solución del conflicto.

Aquello cayó como una bomba política y desató diferentes críticas. También el desconcierto en el propio PSOE, un partido con muchos integrantes vinculados a la causa saharaui. Las críticas llegaron de todos los grupos parlamentarios, de izquierda a derecha, incluidos los socios de Unidas Podemos. También de Argelia, que poco después anunció la ruptura de relaciones. El Frente Polisario hizo lo propio más adelante alejándose del PSOE pese a que sus contactos habían sido bastante estrechos durante décadas.

El foco sobre el Sáhara Occidental se fue perdiendo poco a pocos tras meses en el candelero. La guerra, por su propia naturaleza, no se encuentra en primer plano. Y en Marruecos además es ignorada de forma deliberada. En este principio de año, con la celebración del XVI Congreso del Polisario y poco después la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre Marruecos y España, el asunto vuelve a estar sobre la mesa. Ambas citas serán clave en el futuro inmediato de un conflicto cuya solución no parece estar cerca tras más de 45 años.