El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley de la reforma laboral capitaneada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y acordada con los agentes sociales, patronal y sindicatos. La aprobación de la norma salió por un solo voto debido al error del diputado del PP Alberto Casero que se equivocó en tres puntos al votar de manera telemática.  Este viernes, un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar la votación tras la denuncia de un particular. Las intenciones del Partido Popular de interponer un recurso en el Tribunal Constitucional para impugnar la votación revelan la estrategia de desgaste al Gobierno, pero también generan un clima de incertidumbre si la Justicia le da la razón. 

Sin este error, la reforma laboral hubiera sido derogada, ya que los representantes de UPN, Sergio Sayas y Carlos Adanero, incumplieron la afirmación que hicieron ese mismo día de votar a favor. Finalmente se posicionaron en el 'no', algo que ha provocado que la dirección de la agrupación navarra reclame que abandonen sus actas en el Congreso, cosa que ya han rechazado.

Tras el trámite, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, salió poco después a dar una rueda de prensa para defender que se había producido un "error técnico", ya que según el propio Casero, cuando efectuó su voto, "el certificado emitido por la Cámara no se correspondía" a lo que él había elegido. El PP puso en conocimiento lo ocurrido a la Mesa del Congreso para que permitiera al representante emitir su voto de forma presencial.

Este argumento, aun así, genera algunas dudas por la complejidad de averiguar si realmente hubo un error técnico, más allá de las declaraciones del diputado, y, por otra parte, cabe destacar que la formación celebró el resultado erróneo que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pronunció al equivocarse al contar los votos, a pesar de que los populares conocían que se podía haber producido un error en el sistema de votación telemática. Además, Casero, no solo votó mal en un punto, sino en tres.

Tanto el PP como Vox han anunciado que recurrirán la votación al Tribunal Constitucional. La portavoz de la agrupación de extrema derecha, Macarena Olona, aseguró que se trata de un "pucherazo". El presidente del PP, Pablo Casado, en la misma línea, señaló que es "un fraude democrático", una idea a la que se han sumado distintos sectores de la ultraderecha mediática. Esta estrategia plantea distintos escenarios.  

Recurrido jurídico "absurdo"

En declaraciones a Público, Enrique del Olmo, sociólogo y vocal de derechos sociales de la iniciativa Más Democracia, considera que esta estrategia "es el instrumento que están utilizando PP y Vox para bombardear las medidas del Gobierno". "Lo que no logran en el Parlamento lo intentan conseguir por lo tribunales", asevera.

Aunque estima que el recorrido jurídico de este caso es "absurdo", advierte de que "puede pasar cualquier cosa". Recuerda que no hay un precedente en el que se haya anulado y corregido un voto electrónico una vez emitido. Asimismo, del Olmo opina que no existe margen para que se pueda repetir la votación, ya que la reforma laboral ya está sancionada y sus efectos se están aplicando desde hace un mes.

Escenario de "inseguridad jurídica"

Por su parte, Carlos Fernández, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, cree que, si es cierto lo expresado por el PP, "hay viabilidad de que el recurso se admita a trámite por el Tribunal Constitucional". El profesor pone el ejemplo del que podría ser un precedente, cuando una diputada vasca socialista, Irene Novales, en un pleno en el Parlamento Regional, denunció que su voto negativo no se había producido por un fallo en el sistema. La Mesa del Parlamento desoyó entonces sus declaraciones, por lo que la formación acudió al Tribunal Constitucional, que en 2006 le dio la razón y sentenció que se había vulnerado la voluntad de un cargo electo al no repetir la votación.

No obstante, Fernández matiza que estos casos son distintos porque, en aquel momento, Novales estaba presencialmente en la Cámara y el motivo fue que no se registró su voto. Casares, sin embargo, sí que registró el voto, pero asegura que, por un fallo técnico, no se ha expresado su voluntad real.

Aun así, el docente añade que, si hubiera una hipotética situación en la que el TC de la razón a los populares, "lo lógico es que se repitiera la votación", pero esto provocaría un complicado contexto de "inseguridad jurídica". "Ahora se entiende que el Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley. La reforma laboral, por lo tanto, está en vigor. Si el Tribunal Constitucional dice que hay que repetir la votación, la norma sería anulada, generando inseguridad a los contratos que se firmen a día de hoy, pues no tendrían la cobertura jurídica que en estos momentos les proporciona el decreto ley", explica. Por lo tanto, entiende que, ante este escenario, el Tribunal Constitucional se debería pronunciar lo antes posible, ya que al ser un recurso de amparo parlamentario no hay plazos.