La Seguridad Social va a desplegar en el último trimestre del año un plan para reforzar el control médico de las situaciones de incapacidad temporal, que incluye 64.000 inspecciones adicionales hasta final de año y con el que el organismo prevé un ahorro de 33 millones de euros en prestaciones.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha explicado en un comunicado que el plan responde tanto al incremento de los procesos como a la duración de los mismos, lo que se ha reflejado en un gasto que ha crecido más de un 10 % desde 2013, que en 2017 llegó a 7.586 millones y que para 2018 tiene presupuestados 7.979,72 millones.

El coste previsto del plan es de 312.142,56 euros, que incluyen la ampliación de jornada laboral en cuatro horas para los 267 inspectores médicos que participan voluntariamente.

Las actuaciones se centrarán en las bajas de menos de 345 días de duración con el objetivo de verificar que las situaciones de incapacidad temporal y el correspondiente pago de prestaciones están médicamente justificadas teniendo en cuenta la concreta actividad laboral del trabajador.

La incapacidad temporal es un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas mientras el trabajador está imposibilitado temporalmente para trabajar por enfermedad común o accidente no laboral o por enfermedad profesional o accidente de trabajo, y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

En la actualidad, hay 18.145.243 trabajadores protegidos por contingencias comunes, de los cuales 13.957.927 están cubiertos por las mutuas, 4.151.090 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 36.226 por el Instituto Social de la Marina.